El pasado 3 de abril el Boletín de Las Cortes Generales publicó la entrada del Proyecto de Ley de acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. La Directiva de Servicios, conocida como directiva Bolkestein, parece que definitivamente comienza su andadura en España. La Directiva tiene como objeto favorecer la competencia, eliminar obstáculos para el establecimiento de profesionales, liberaliza el transporte, desregula la distribución comercial y aboga por la simplificación administrativa para las empresas, así como la obligatoriedad de cooperación de las burocracias en los países miembros.
Tras dejar pasar cinco años, los sastrecillos del reino toman esta nueva medida con la sana intención de crear doscientos mil empleos –ahí es nada-. Se pretende eliminar las autorizaciones administrativas que no estén justificadas, garantizar la libre prestación de servicios, simplificar los procedimientos administrativos, sustituir las autorizaciones previas por simples declaraciones, agilizar las normas concursales y liberalizar el funcionamiento de los colegios profesionales –esto en línea con el informe de competencia sobre colegios profesionales-. Si todo esto sirve para dinamizar el sector servicios, bienvenido sea. Siempre que no signifique la merma de estos. En el caso de los colegios profesionales, se eliminan determinadas restricciones a la publicidad de los servicios profesionales, permitiendo así que el consumidor esté mejor informado y mejorando su capacidad de elección. Desaparecen, por ejemplo, las restricciones impuestas por los colegios al ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones. Además, se pretende suprimir la función de los colegios de fijar baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios. Se prevé que la cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
Finalmente, la solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales será voluntaria, salvo que lo exijan las leyes, suponiendo un ahorro para los profesionales y el consumidor. Asimismo, se aclara el régimen de la responsabilidad que asumen los colegios cuando visan trabajos.
En definitiva, los doscientos mil puestos que según los sastrecillos están en juego bien merecen los cambios, ahora bien, la llamada ley paraguas que el Consejo de Ministros del 27 de marzo pasado aprobó implica la modificación de siete mil normas españolas -¡siete mil!- y ahora comienza su trámite parlamentario. Por otro lado la ley ómnibus, que aborda la transposición de la Directiva de Servicios e implica el cambio de 46 leyes, está en fase de anteproyecto, luego pasará un tiempo hasta su puesta en marcha y mucho más para que se noten sus efectos, entre ellos, el más beneficioso, la creación de doscientos mil empleos.
