El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado un informe titulado «Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España«, en el que se evalúa si la gestión pública es adecuada en términos de eficiencia y eficacia.
La economía española enfrenta una etapa de notable incertidumbre, influenciada por la recuperación post-pandemia y conflictos geopolíticos en Europa del Este. Estos factores han derivado en un escenario de bajo crecimiento y alta inflación, complicando la consolidación fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. A pesar de los esfuerzos, España aún no ha recuperado los niveles de actividad económica previos a la crisis sanitaria, y no se espera que lo haga antes de 2023.
Eficiencia del gasto público: una asignatura pendiente
El IEE ha elaborado el Índice de Eficiencia del Gasto Público, situando a España en la posición 29 de 37 países analizados, con una puntuación de 74,4, por debajo de la media de la UE (98,6) y de la OCDE (100). Este índice refleja una eficiencia inferior en un 25,6% respecto a la media de la OCDE y un 24,2% en comparación con la UE. Además, desde 2019, España ha experimentado un deterioro de unos diez puntos en este índice, evidenciando una pérdida relativa de eficiencia frente a otras economías avanzadas.
Potencial de ahorro y mejora de servicios
Según el IEE, España podría reducir su gasto público en un 14% —equivalente a unos 60.000 millones de euros— manteniendo el mismo nivel de servicios si mejorara su eficiencia hasta alcanzar la media de la OCDE. Este ahorro permitiría una consolidación fiscal sin necesidad de incrementar la carga impositiva, liberando recursos para usos más productivos en el sector privado y mejorando la productividad económica.
Decálogo para la mejora de la eficiencia del gasto público
Para abordar esta situación, el IEE propone una serie de medidas orientadas a optimizar la gestión de los recursos públicos:
- Transparencia y rendición de cuentas: Implementar mecanismos que permitan evaluar las intervenciones del sector público, fomentando la confianza ciudadana y reduciendo la corrupción.
- Gestión profesional e independiente: Evitar la politización de la administración pública, promoviendo una gestión basada en criterios profesionales y meritocráticos.
- Evaluación constante de políticas públicas: Establecer una cultura de evaluación sistemática, tanto ex ante como ex post, para medir la eficacia y eficiencia de las actuaciones gubernamentales.
- Colaboración público-privada: Fomentar la externalización de servicios donde el sector privado pueda aportar mayor eficiencia y especialización.
- Corresponsabilidad fiscal: Promover la descentralización fiscal equilibrada entre ingresos y gastos, evitando la ilusión fiscal y fomentando la responsabilidad en la gestión de recursos.
- Reducción de la burocracia: Simplificar trámites administrativos, eliminar duplicidades y mejorar la coordinación entre diferentes niveles de la administración.
- Flexibilidad y mérito en el empleo público: Incentivar el mérito y la formación continua, adaptando los perfiles profesionales a las necesidades de una administración moderna y digitalizada.
- Presupuestos basados en desempeño: Asignar recursos en función de resultados y objetivos alcanzados, incentivando la eficiencia y detectando áreas de mejora.
- Orientación al ciudadano: Tratar a los usuarios de servicios públicos como clientes, centrando la administración en la calidad y accesibilidad de los servicios prestados.
- Digitalización de las administraciones públicas: Apostar por la transformación digital para mejorar la transparencia, reducir costes y agilizar la interacción con ciudadanos y empresas.
Conclusión
La mejora de la eficiencia del gasto público en España no solo es una necesidad económica, sino también una cuestión de justicia social. Los ciudadanos merecen que sus contribuciones se gestionen de manera óptima, garantizando servicios de calidad sin incurrir en gastos superfluos. Implementar las medidas propuestas permitiría a España avanzar hacia una administración más eficiente, equitativa y adaptada a los desafíos del siglo XXI.
