El 7 de julio se aprobó la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual, que actualiza el marco normativo establecido en 2010, y que se encarga de regular la prestación de servicios, intercambio y comunicación a través de plataformas digitales.
Algunos de sus principales objetivos consisten en aumentar la protección de los menores de edad (verificando contenidos en función de la edad, prohibiendo publicidad sobre sustancias perjudiciales, o que denigren la imagen de la mujer), mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al contenido, apoyar la obra audiovisual europea (estableciendo cuotas para patrocinar contenidos europeos, del propio país, o de la comunidad autónoma correspondiente), promocionar obras de autores independientes y mujeres, o fomentar la diversidad lingüística.
La aprobación de esta ley ha generado gran revuelo entre youtubers, influencers y streamers, especialmente en lo relativo a lo que se considera contenido sensible o desinformación, las obligaciones de los creadores de contenido (especialmente aquellos considerados como usuarios de especial relevancia, cuyos requisitos se establecen en el artículo 94.2), y a las sanciones impuestas en caso de incumplimiento.
En el siguiente vídeo, se explica adecuadamente su impacto y posibles consecuencias; independientemente de que se esté de acuerdo o no con los objetivos y medidas de esta ley, lo que es evidente es que la polémica está servida.
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