La Ley de Servicios Digitales (DSA, en inglés) establece obligaciones claras para los proveedores de servicios digitales, como las redes sociales o los mercados electrónicos, para hacer frente a fenómenos que pueden suponer una amenaza para la sociedad, como la difusión de contenidos ilegales y la desinformación en línea. Los nuevos requisitos son proporcionales al tamaño de las plataformas digitales y a los riesgos que representan para la ciudadanía.

Las nuevas obligaciones incluyen:

  • nuevas medidas para neutralizar los contenidos ilegales en línea, así como requisitos que obligan a las plataformas a intervenir rápidamente, respetando en todo momento los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión y la protección de datos;
  • el endurecimiento de los requisitos de trazabilidad y de los controles a los comercios en línea para garantizar la seguridad de los productos y servicios, incluidos controles aleatorios para evitar que se vuelvan a publicar contenidos ilícitos;
  • el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas, por ejemplo, mediante la transmisión de información clara sobre la moderación de contenidos o el uso de algoritmos para recomendar contenidos (los denominados sistemas de recomendación); la posibilidad para los usuarios de recurrir las decisiones de los moderadores;
  • la prohibición de prácticas engañosas y de ciertos tipos de publicidad selectiva, como la dirigida a los niños y los anuncios basados en datos confidenciales, así como de las interfaces engañosas o los llamados «patrones oscuros» y de toda práctica diseñada para manipular las elecciones de los usuarios.

Durante demasiado tiempo los gigantes tecnológicos se han beneficiado de la ausencia de reglas

Christel Schaldemose (S&D, Dinamarca)
Eurodiputado encargado de la Ley de Servicios Digitales en el PE

Las plataformas y los motores de búsqueda en línea de mayor tamaño (a partir de 45 millones de usuarios mensuales) entrañan un mayor riesgo. Por este motivo tendrán que cumplir requisitos más estrictos, que la Comisión se encargará de aplicar. Entre ellos destacan la prevención de riesgos sistémicos (como la difusión de contenidos ilícitos, la erosión de los derechos fundamentales y los procesos electorales o el agravamiento de la violencia de género y los problemas de salud mental) y la imposición de auditorías independientes. Además, estas plataformas tendrán que ofrecer a los usuarios la posibilidad de negarse a recibir recomendaciones basadas en la elaboración de perfiles, así como facilitar el acceso a sus datos y algoritmos a las autoridades e investigadores habilitados.

Estas plataformas son un total de diecinueve en este momento: Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube y Zalando. Todas ellas estarán obligadas a facilitar a la Unión Europea sus datos de usuarios como mínimo cada seis meses, y solo abandonarán la lista si caen por debajo de esa magnitud durante más de un año.

Enfrentar la desinformación, abordar las restricciones en la publicidad, moderar contenidos ilegales y asegurar transparencia en los algoritmos. En situaciones donde no cumplan con estas responsabilidades, estas corporaciones de gran envergadura estarán sujetas a posibles multas que podrían alcanzar hasta el 6% de sus ingresos anuales a nivel mundial.

Si hay varios incumplimientos de la Ley, la sanción puede ir más allá de lo económico, llegando a aplicarse una suspensión temporal en la Unión Europea.

La DSA ha comenzado a ser efectiva para las principales plataformas, pero a partir del 17 de febrero de 2024, muchas de estas responsabilidades también se aplicarán a las plataformas con menos de 45 millones de usuarios activos en Europa. En esa fecha, también se requerirá que los países miembros designen a un coordinador de servicios digitales, encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa.

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Enrique Pampliega
Desde hace más de 30 años ha estado ligado y promoviendo actividades relacionando la geología y geociencias con los recursos electrónicos, internet y las redes sociales y científicas. Jefe de administración del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) desde el año 1990. En 1991-1996 Relaciones públicas y posteriormente responsable de marketing de la revista Tierra y Tecnología del ICOG. En 1993-1996 dirigió la publicación “El Geólogo” y en 1997 fundó “El Geólogo Electrónico”. Coordinador de las ediciones I a III del GEA-CD (recopilación y difusión de software para docentes y profesionales de las ciencias de la tierra y el medio ambiente en formato CD-ROM) entre los años 1996 a 1998. Colabora con la ONG Geólogos del Mundo creando su intranet y poniendo en marcha su página web institucional. Desde el año 2000 es responsable de calidad del ICOG (ISO 9001). Ha sido ponente en distintos eventos organizados por Unión Profesional y Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, sobre la calidad aplicada al sector colegial. Asimismo, ha impartido charlas sobre búsqueda de empleo y redes sociales en el ICOG, Unión Profesional y Universidad Complutense. En 2005 implanta el visado electrónico de proyectos en el ICOG. En el ámbito de las webs y redes científicas, es Community manager del ICOG. Webmaster de la revista Tierra y Tecnología, de la página institucional del ICOG, de la Escuela de Geología Profesional, de la Red Española de Planetología y Astrobiología y de la International Association for Geoethics. Delegado de protección de datos del ICOG desde el año 2018. Experto en digitalización del sector de colegios profesionales ha sido ponente en el taller virtual sobre la "Transformación Digital del Sistema Colegial", organizado por Unión Profesional y Wolters Kluwer en 2020. Ha sido distinguido como Geólogo de Honor por la Asamblea General del ICOG el 15 de abril de 2023.

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