Hubo un tiempo —no tan lejano— en que la propiedad privada era un derecho sagrado. Hoy, en la España del 2025, es casi una heroicidad que puede costarte un disgusto, un juicio o directamente la pérdida de tu casa. Porque aquí, en esta tierra donde los derechos fundamentales se subastan al mejor postor ideológico, ocupar una vivienda ajena no sólo sale gratis, sino que además tiene quien la aplauda, la legisle y la proteja. No es una exageración, es un diagnóstico documentado: el Instituto de Estudios Económicos (IEE) acaba de publicar un informe demoledor sobre la ocupación ilegal en España. Y, créanme, no deja títere con cabeza.
📉 La ocupación ilegal en cifras: una epidemia alentada desde el BOE
Hay que decirlo alto y claro: la ocupación ilegal no es un problema marginal ni un invento de tertulianos con camisa de cuadros. En 2024 se registraron más de 16.426 denuncias por ocupación. Cataluña, cómo no, lidera la clasificación con el 43% de los casos. Pero que nadie se lleve a engaño: los datos oficiales solo reflejan una parte del iceberg. La realidad es aún peor. Porque entre procesos judiciales que duran más de un año y propietarios que prefieren callar para no caer en la trampa legal, muchos optan por buscarse la vida. ¿Cómo? Con empresas que se encargan —digámoslo suave— de “negociar desahucios exprés” sin toga ni audiencia.
🧑⚖️ La ley al servicio del okupa
La gran trampa jurídica se llama allanamiento vs. usurpación. Si te pillan en casa, es allanamiento: delito grave. Pero si la vivienda está vacía (aunque sea tuya), hablamos de usurpación: proceso civil eterno, con garantías para el que entra por la ventana y trabas para el que paga el IBI. A esto se suma el cóctel explosivo de leyes como la Ley 12/2023, o la prórroga de la suspensión de desahucios, que han convertido a muchos pequeños propietarios en enemigos públicos del derecho a la vivienda. Porque aquí se ha decidido que el acceso a un techo debe garantizarlo el vecino, no el Estado.
🏚️ Propiedad privada: ese derecho que ya no importa
En la jerarquía constitucional española, la propiedad privada (artículo 33 CE) es un derecho fundamental. Mientras tanto, el derecho a una vivienda digna (artículo 47 CE) es un principio rector, orientador, deseable… pero sin garantías directas. Pues bien: en esta España al revés se han invertido los papeles. El informe del IEE lo deja claro: el sistema judicial ha sido desmantelado para proteger a quien ocupa sobre quien posee. Y la cosa no es solo teórica. Hoy, como propietario, puedes perder tu casa, tu paz y tu dinero, y encima llevarte la etiqueta de «especulador» si te atreves a exigir lo que es tuyo.
🔐 Un país donde tener vivienda vacía es casi un delito moral
España tiene un parque de vivienda social ridículo: 1,3 por cada 100 habitantes, frente al 3,2 de media europea. ¿Resultado? Los que no tienen dónde ir ocupan. Pero el problema no es solo que el Estado no garantice vivienda pública. El drama es que su solución sea meter a la gente en casas privadas mientras se lava las manos como Pilatos. Eso sí, con mucha retórica de inclusión, con pancartas, y con leyes que premian la ilegalidad. El propietario paga, calla y aguanta. El Estado se desentiende. Y los okupas montan fiestas con la luz pinchada.
⚠️ La seguridad jurídica, de baja médica
Que no te engañen los discursos edulcorados: no hay inversión sin propiedad protegida. Nadie pone su dinero en un país donde una casa puede ser tomada por la fuerza y el sistema legal te condena a la espera infinita. El resultado es lógico: viviendas vacías que no se alquilan, familias que viven con miedo, y un mercado inmobiliario cada vez más disfuncional. Cataluña y Baleares ya están en el podio del caos jurídico, pero Madrid les sigue de cerca. Y todo apunta a que, si no se actúa, esto irá a peor.
👩⚖️ ¿Y los jueces? Entre la espada de la ley y la pared del activismo
El informe incluye un análisis jurídico demoledor a cargo del catedrático Vicente Pérez Daudí. Lo resume con claridad: la ocupación está erosionando no solo la propiedad, sino también la tutela judicial efectiva. Es decir, el derecho a defenderte ante un atropello. Porque cuando los jueces no pueden ejecutar desalojos o se ven obligados a esperar meses por una orden, se rompe el principio más básico de justicia: el que ha sido robado debería poder recuperar lo suyo sin peregrinajes judiciales.
🧱 Propuestas con sentido común (y un poco de dignidad) del IEE
El IEE, lejos de limitarse a lamentarse entre gráficos, presenta una batería de propuestas de esas que harían estallar de indignación a cualquier asambleario con camiseta del Che. Porque son propuestas sensatas, realistas y centradas en proteger al que cumple con la ley, no al que la pisotea. Vamos a ellas:
- Desalojo judicial exprés: Se acabó eso de ver pasar las estaciones desde la acera. El informe exige que se habiliten medidas cautelares tanto en vía civil como penal para que el juez pueda desalojar sin necesidad de peregrinar por el BOE. Sea el dueño un jubilado, una familia o una empresa, la propiedad debe ser protegida con la misma contundencia con la que se protege cualquier otro derecho constitucional.
- Fin al “domicilio inviolable” como trinchera del okupa: Una vivienda usurpada no es un hogar, es un delito. El IEE propone que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no ampare al ocupante ilegal, y que el desalojo policial pueda ejecutarse en un plazo máximo de 72 horas. Nada de dilaciones por “vulnerabilidad”, esa palabra tan sobada cuando interesa y tan ignorada cuando se refiere al verdadero vulnerable: el propietario.
- Justicia fiscal para el que sufre la ocupación: ¿Tienes la casa ocupada y encima pagas IBI, basuras y el impuesto de patrimonio? El IEE pide eximir al propietario del pago de impuestos mientras dure el proceso judicial. Porque lo de “paga y calla” ya cansa.
- Deducción de gastos por rehabilitación: Si el okupa te deja el piso como Kosovo en los noventa, que sepas que los gastos de reparación deberían ser deducibles fiscalmente. No es justicia poética, es simple justicia.
- Poder para comunidades y ayuntamientos: El informe propone que vecinos y consistorios puedan instar el desalojo. Porque vivir en paz es un derecho colectivo, y no hay por qué tragar con el narcopiso de la puerta 3B mientras el juzgado se toma su tiempo.
- Cortar la luz no es coacción, es higiene: El propietario debería poder cortar suministros sin que le caiga encima el Código Penal. Porque pagar la electricidad del que te ha echado de tu casa roza lo orwelliano. Eso no es coacción, es sentido común.
- Contratos de alquiler que sean lo que dicen ser: Basta ya de fotocopias falsas y contratos inventados. El IEE pide que los contratos de arrendamiento lleven un sello de la administración autonómica, para que no sirva cualquier papel hecho en el locutorio como excusa para paralizar un desalojo. Porque de poco sirve el desalojo exprés si luego basta con enseñar un Word mal impreso para frenarlo.
Y, sobre todo, devolver al propietario su dignidad jurídica. Porque un país que no defiende la propiedad privada está condenado a vivir en un sálvese quien pueda con coartada legal.
💬 ¿Qué hay del discurso político?
Lo más sangrante es que todo esto tiene apoyo institucional. Algunos partidos han hecho de la ocupación un acto de rebeldía poética, y otros miran hacia otro lado por miedo al coste electoral. Mientras tanto, las mafias se frotan las manos. Hay barrios donde se venden llaves de pisos por 300 euros. Hay anuncios en redes sociales. Hay okupaciones de segundas viviendas mientras el propietario está de vacaciones. Y hay silencio. Porque reconocer que el sistema ha fallado es algo que no entra en los guiones de campaña.
🔚 Conclusión: aquí no hay justicia, hay ruleta
El drama de la ocupación ilegal en España no es solo el de un piso tomado por la fuerza. Es el de un sistema que abandona al ciudadano que cumple y protege al que burla la ley. Es el triunfo del activismo sobre el Estado de derecho. Es la impunidad convertida en virtud y la propiedad en privilegio vergonzante. Y sobre todo, es el síntoma de una democracia que ha olvidado que sin derechos garantizados no hay libertad, solo arbitrariedad con pegatinas.
