Hay errores que pueden corregirse. Otros, sin embargo, deberían alarmarnos por lo que revelan sobre quienes los cometen y, sobre todo, sobre quienes les asesoran. Que el presidente del Gobierno de España afirme en sede parlamentaria que “en España no hay uranio” no es sólo un desliz informativo. Es un síntoma preocupante de cómo se está gobernando un país que necesita, más que nunca, claridad, rigor y responsabilidad en cuestiones estratégicas.
Porque sí, en España hay uranio. Y no poco. Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, contamos con unas 28.500 toneladas recuperables. Somos el segundo país de la Unión Europea en reservas, solo por detrás de la República Checa. Lo sabían nuestros geólogos, lo sabían los ingenieros nucleares, lo sabía la propia empresa australiana Berkeley, inmersa desde hace años en un conflicto jurídico por la explotación del yacimiento de Retortillo, en Salamanca. Y debería saberlo también el presidente del Gobierno.
Pero no lo sabe. O peor: lo dice sabiendo que no es verdad. Y si no lo sabe, la pregunta es aún más grave: ¿quién asesora al presidente en estos temas? ¿Qué clase de información maneja el Gobierno para afrontar uno de los debates más importantes del siglo XXI: el de la independencia energética?
Un mineral enterrado y una verdad silenciada
La afirmación presidencial no es un detalle sin importancia. No es una frase suelta ni un error de cifras. Es una negación de una realidad geológica, histórica y económica que afecta directamente a nuestra soberanía energética —vamos, un bulo—.
Durante décadas, España ha explotado uranio. Entre 1957 y 2000, se extrajeron más de 5.000 toneladas de nuestras minas, sobre todo en Salamanca y Badajoz. Hoy, pese a tener reservas considerables, no usamos ni un gramo del mineral patrio para alimentar nuestros propios reactores. Lo importamos, en buena medida desde países con regímenes políticos inestables o directamente hostiles.
Lo más inquietante no es que no se explote. Lo realmente grave es que desde la tribuna del Congreso se niegue siquiera su existencia.
El error no es solo de forma, es de fondo
Ser presidente de un país no implica saberlo todo. Nadie espera que Pedro Sánchez sea geólogo ni experto en fisión nuclear. Para eso están los asesores. Pero sí se espera que no afirme como verdad absoluta lo que puede comprobarse como falso en cinco minutos con un mapa, una estadística oficial o un informe técnico. Porque cuando el jefe del Ejecutivo pronuncia algo desde el atril del Congreso, esa frase no es una ocurrencia, es una posición de Estado. Por eso preocupa tanto que en asuntos de esta magnitud se hable con tanta ligereza. Y por eso hay que señalar que lo que ha fallado aquí no es solo un dato: es un sistema entero de asesoramiento que, o bien desconoce lo esencial, o bien lo omite deliberadamente para encajar con una narrativa política.
El viraje nuclear global y el caso español
Mientras Sánchez niega lo que hay en nuestros suelos, el mundo cambia de rumbo. La guerra de Ucrania, la volatilidad del gas, y los límites de las renovables han obligado a muchos países a repensar su relación con la energía nuclear. Japón ha reactivado reactores. Francia construye nuevos. Estados Unidos, China y hasta Polonia apuestan por esta fuente como parte esencial de su mix energético.
La razón es sencilla: el uranio se ha convertido en un recurso estratégico. Y no por nostalgia de la Guerra Fría, sino porque la estabilidad de la red eléctrica —y con ella, la viabilidad de la transición ecológica— necesita respaldo firme. Y la nuclear, aunque no sea perfecta, ofrece esa firmeza.
España, sin embargo, ha tomado otro camino. El Gobierno ha vetado por ley cualquier nueva concesión de minería de uranio con el argumento de que genera residuos radiactivos, olvidando que también los generan otros minerales esenciales para la transición verde: el litio, el coltán, el grafito, el cobre. Tampoco hay planes para aprovechar las reservas existentes. Y mientras, seguimos importando el mineral de fuera, a precios inflados, y con la mano tendida a socios tan poco fiables como Rusia o Níger. De traca.
Salamanca, clave ignorada
El caso de Salamanca es paradigmático. Solo la mina proyectada en Retortillo podría abastecer el 15% del consumo de los reactores nucleares de toda la Unión Europea, según estimaciones de Berkeley. En un contexto de sanciones a Rusia y precios disparados, podría ser una baza geopolítica de primer orden. Pero en lugar de eso, se ha convertido en una batalla burocrática y judicial. España no solo renuncia a explotar el recurso: ha legislado activamente para impedir que nadie lo haga. El nivel de estupidez ya es alarmante.
Y mientras se multiplican las voces que reclaman soberanía energética, el presidente dice que no hay uranio. Que no existe. Y lo dice con gesto serio, sin temblarle la voz. Me recuerda a aquello de que, a la hora de aparentar, hay que ir con paso firme, y mirada al frente, para que no se note que no tienes ni puta idea de a donde vas.
Más datos, menos dogmas
Nadie discute que el futuro energético debe ser renovable. Pero incluso los más fervientes defensores del sol y el viento reconocen que, a día de hoy, necesitamos respaldo firme. La eólica y la solar producen cada vez más, sí, pero son intermitentes. La nuclear, en cambio, es estable. Necesitamos ambas, y necesitamos debate. Pero un debate con datos, no con consignas.
Y para eso hace falta algo que hoy parece escaso en la cúpula del Gobierno: humildad técnica. La capacidad de admitir que uno no lo sabe todo. Que, antes de hacer afirmaciones tajantes sobre recursos estratégicos, es mejor consultar a los expertos. A los geólogos. A los ingenieros. A quienes llevan décadas estudiando el subsuelo español y no repiten como loros lo que dicta la hoja de ruta electoral.
Un país mal informado es un país mal gobernado
La afirmación del presidente sobre el uranio no debería pasar sin consecuencias. No porque sea un escándalo monumental, sino porque es el ejemplo perfecto de una forma de gobernar que confunde relato con realidad. Que se aferra al titular aunque el dato lo desmienta. Y que no parece tener problema en repetir lo que le dicen, aunque no tenga base científica ni estratégica.
España no puede permitirse seguir desinformada en temas clave. La energía, como la defensa o la política exterior, exige rigor. Exige líderes bien asesorados. Y exige que cuando se habla desde un púlpito institucional, se haga con la verdad por delante. Aunque no encaje con el discurso. Aunque moleste al argumentario de partido. Aunque obligue a rectificar.
Porque solo así podremos construir una política energética sensata, sostenible y soberana. Y solo así podremos decir, con orgullo, que no enterramos nuestras oportunidades junto al uranio que no queremos ver.
Resulta preocupante que un presidente del Gobierno realice declaraciones sin estar debidamente informado. En un momento en el que el acceso a la información es inmediato, es fundamental que los líderes se asesoren correctamente para evitar la difusión de errores. La desinformación no debería provenir de quienes tienen la responsabilidad de guiar al país.
Totalmente de acuerdo, Yolanda. Más que preocupante, resulta directamente acongojante. Porque si la desinformación viene de quien debería estar mejor informado, ¿Qué nos queda al resto? Mal asunto cuando el discurso va por delante del conocimiento.