Vuelvo, una vez más, al asunto de la deuda pública, ese monstruo que engorda a nuestras espaldas mientras la clase política se hace la sueca con una naturalidad que roza el insulto. Esta vez, el detonante es la nueva factura que se avecina: ese posible 5% del PIB que España tendrá que destinar a gasto en defensa, por imperativo de nuestra permanencia en la OTAN.
Sobre la famosa carta de la OTAN (ver imagen) conviene dejar las cosas claras: España no está obligada formalmente a gastar el 5% del PIB en defensa, no. Lo que está obligada es a cumplir unos objetivos de capacidad militar acordados el pasado 5 de junio, que, salvo milagro o contabilidad creativa a la española, exigen ese gasto. Todos los países lo saben y lo asumen. Todos, menos el nuestro, que dice que lo logrará gastando menos. Más listo que nadie. Más pillo que el resto. Se le permite intentarlo, sí, como se permite a un mal estudiante ir a septiembre con la esperanza de que esta vez no suspenda. Pero ojo, porque Trump ha dicho alto y claro que el 5% va a misa. Nada de cuentos. Nada de «ya veremos». Aquí se paga o se paga. Y cuando el jefe del cotarro habla, los demás toman nota. Así que mucho me temo que esa historieta de que España alcanzará los objetivos gastando menos, va a durar lo que tarde Trump en levantar el teléfono y preguntar: “¿Dónde está mi dinero?”.
Pero ojo: en 2029 vendrá la revisión. Y si España no llega, a sacar la cartera. Porque entonces sí, habrá que poner el dinero. Y no poco. Un compromiso firmado con la habitual hipocresía nacional: letra grande para la foto, letra pequeña para el BOE. Otro regalo envenenado que el actual inquilino de la Moncloa dejará metido en un sobre para su sucesor, con lacito y todo. Otro marrón, esta vez de alta intensidad, que acabará gestionando el siguiente con cara de póker, recortes en la cartera y subida de impuestos en la manga.
Y entonces, como siempre, llegarán los ajustes, las excusas, los “esto viene de atrás” y las promesas de una recuperación que nunca llega. Y sí, la enésima patada p’alante, hasta que no quede calle por patear y el invento, sencillamente, explote.
Y aquí es donde todo encaja, o más bien, chirría: porque ese gasto en defensa —impuesto por compromisos internacionales que aceptamos con cara de póker— no cae en un país saneado y previsor, sino en uno que ya debe más de lo que produce y que se desangra a diario pagando intereses. No hay política sin presupuesto ni deuda sin consecuencias, y lo que hoy se firma con sonrisa, mañana se paga con recortes.
Nos gobiernan como si el dinero cayera del cielo
Hace tiempo que aprendí a desconfiar de los políticos. No por una cuestión ideológica, ni siquiera moral. Es simple instinto de supervivencia. Uno no vive tantos años en España sin desarrollar cierto olfato para el timo, y créanme si les digo que pocas estafas han sido más constantes, transversales y descaradas que la gestión de nuestra deuda pública. Nos gobiernan manirrotos —auténticos golfos— de todos los colores, con la misma alegría con la que un nuevo rico compra una lancha o un reloj de oro. Solo que aquí, en lugar de tirar del propio bolsillo, tiran del suyo. Del suyo y del mío. De ese que se alimenta de impuestos, recortes y sudores varios.
Porque esta es la historia de un país que vive como si fuera rico, aunque esté arruinado. Un país que se endeuda para pagar el pan, el circo y las nóminas de los que prometen el paraíso cada cuatro años. Un país que debe más de lo que produce. Así, sin disimulo. Si fuésemos una empresa, nos habrían embargado hasta los bolígrafos.
Y lo peor no es eso. Lo peor es que, mientras los números se disparan y el abismo se agranda, seguimos votando sonrientes al siguiente vendedor de crecepelo que promete cheques bebé, cine gratis y el AVE hasta el último pueblo. Pan para hoy. Hambre —y deuda— para siempre.
Cifras que duelen, pero que ya ni conmueven
Los datos, cuando se presentan sin emoción, parecen inocuos. Un titular más. Un número entre muchos. Pero permítame, lector, que se los escupa a la cara, con la crudeza que merecen:
En 2006, España debía 392.000 millones de euros. Una cifra importante, pero asumible: representaba el 39% del Producto Interior Bruto. Teníamos, al menos sobre el papel, margen de maniobra. Pero vino la crisis, y con ella, los pánicos, los rescates y los dispendios. Luego llegó el optimismo keynesiano mal entendido: más gasto, más obra pública, más gilipollas al mando, más deuda. A eso se sumó el populismo barato, las subvenciones a granel, y así hasta el infinito. Cada gobierno aportó su granito de arena. O su saco de cemento.
Debemos más de lo que generamos como país en todo un año
Resultado: en 2024, nuestra deuda alcanzó los 1.636.000 millones de euros. Más de cuatro veces la cifra de 2006. Y no, no somos cuatro veces más productivos. Ni cuatro veces más ricos. De hecho, en términos relativos, hemos retrocedido. Porque esa deuda ya no representa el 39% del PIB, sino el 104%. Es decir, debemos más de lo que generamos como país en todo un año.
Imagine, por un momento, que usted gana 25.000 euros anuales. Y que debe 26.000. Y que, cada año, en vez de ajustar gastos, pide otro crédito para tapar el agujero. Así durante dos décadas. Pues bien, esa es la lógica con la que se ha gobernado España.
Los intereses: la tercera partida de los Presupuestos Generales
Pero aún hay más. Porque no solo debemos una cifra obscena. Además, pagamos religiosamente sus intereses. Y no hablamos de calderilla.
Cada año, destinamos más de 40.000 millones de euros solo en intereses. Eso son más de 100 millones diarios. Un billete de cien millones que sale cada día de las arcas públicas y vuela directo a manos de los prestamistas: fondos internacionales, bancos, aseguradoras, y algún que otro Estado extranjero que se frota las manos con nuestra estulticia.
Esta partida, por cierto, no es menor. Es la tercera más importante de los Presupuestos Generales del Estado. Solo nos gastamos más en pensiones y en transferencias a las comunidades autónomas. Ni educación, ni sanidad, ni defensa. El interés de la deuda es más prioritario. Porque, claro, el prestamista no espera. Ni comprende. El prestamista exige. Y, si no pagas, se acabó el crédito. Y entonces sí, amigo lector, se arma la marimorena.
Anualmente pagamos 40.000 millones de euros «solo» en intereses de deuda
Ya le pasó a un tal José Luis Rodríguez Zapatero, cuando un buen día de 2010 se le apareció el espíritu de los mercados en forma de prima de riesgo desbocada y llamadas telefónicas de medio mundo. Tuvo que recortar, subir la edad de jubilación y endurecer el acceso a la misma, rectificar y tragarse con patatas su manual de comunista camuflado. Eso se llama soberanía, sí. Pero no la nuestra. La de los tenedores de deuda.
La soberanía hipotecada
Porque esa es otra. Nos llenamos la boca hablando de soberanía, de independencia, de democracia. Pero, en la práctica, dependemos de los mercados financieros más que de nuestras urnas. Cada euro que nos prestan tiene una condición, un plazo y una amenaza implícita. Cada punto que sube el tipo de interés es un agujero en los presupuestos. Y cada advertencia del Banco Central Europeo nos recuerda que no somos libres, sino deudores.
En la práctica, España no manda sobre sí misma. Al menos no del todo. Porque una nación endeudada no es soberana, sino hipotecada. Como un joven que firma un préstamo a treinta años por un piso que no puede pagar, y que luego descubre que no puede ni cambiarse de trabajo, ni casarse, ni tener hijos sin pedir permiso al banco.
Y lo peor es que esta hipoteca no la pagarán quienes la firmaron. No. La pagarán los hijos. Y los nietos. Porque el político de turno no piensa en 2035. Ni en 2050. Piensa en la próxima encuesta, en el titular del domingo, en la rueda de prensa del lunes. En contentar a los suyos. En asegurarse un escaño. Y si para eso hay que regalar 20.000 euros a cada joven, o crear otro ministerio inútil, pues se hace. Ya pagará el siguiente.
El déficit eterno: vivir por encima de nuestras posibilidades… y sin intención de corregirlo
España, desde hace años, se ha convertido en una suerte de adolescente irresponsable con tarjeta de crédito ajena. Y cuando digo “ajena”, no me refiero al vecino, sino a usted, a mí y a los que todavía no han nacido. Esos que, cuando lleguen al mundo, encontrarán no solo un país repleto de asfalto y chiringuitos institucionales, sino también una deuda heredada que les encadenará antes de pronunciar su primera palabra.
Porque si algo define nuestra economía pública es el déficit permanente. Gastamos más de lo que ingresamos. Siempre. Pase lo que pase. Caiga quien caiga. Si entra más dinero, se gasta más. Si entra menos, se pide prestado. Y así, año tras año, los presupuestos se aprueban (cuando se aprueban) con la contabilidad creativa de un ludópata justificando la última apuesta.
No importa que Europa nos lo advierta. Que los economistas lo denuncien. Que el sentido común se eche las manos a la cabeza. Aquí seguimos tirando de crédito como si no hubiera un mañana. Porque para el político de turno, efectivamente, no lo hay. Su “mañana” son cuatro años. Y si consigue sobrevivir a ellos con titulares amables, pancartas de colores y subvenciones estratégicas, el resto le importa una higa.
El político: ese funambulista sobre la cuerda floja de la mentira presupuestaria
Dicen que el político español es como ese trilero de feria que siempre esconde la bolita justo donde no miras. Le enseña los presupuestos, con sus partidas sociales, sus promesas, sus planes de futuro… y luego, en letra pequeña, aparecen los intereses de la deuda, el agujero fiscal y el déficit estructural.
Y ahí es cuando uno se pregunta: ¿qué tipo de persona gestiona así un país? La respuesta es sencilla: alguien que no tiene que responder por ello. Porque, a diferencia de una empresa, donde el director general rinde cuentas si las cifras no cuadran, en la política española el fracaso se premia. El que arruina una consejería acaba en el Senado. El que deja un agujero en la caja municipal, se presenta a las europeas. Y el que firma créditos imposibles, se jubila con pensión vitalicia.
Es la impunidad presupuestaria. El “ya lo arreglará otro”. Y como los votantes han sido educados en la fe ciega, la subvención ocasional o la propaganda constante, no solo no castigan al despilfarrador: a veces hasta lo aplauden.
La deuda que se come el futuro
Y mientras tanto, como los cimientos de una casa carcomida por las termitas, la deuda sigue su avance silencioso. Cada euro que se destina a pagar intereses es un euro que no se invierte en sanidad, educación, dependencia o defensa. Cada punto porcentual más en deuda pública es una restricción adicional para cualquier política seria, estructural, a largo plazo.
Cada euro que se destina a pagar intereses es un euro que no se invierte en sanidad, educación, dependencia o defensa
Los tecnócratas lo saben. Los economistas lo gritan. Pero el ciudadano medio, anestesiado por la última polémica de plató, el fútbol del domingo y la rueda de prensa de los martes, no lo percibe. No lo nota. No lo exige.
¿Y qué pasa entonces? Que se consolida el disparate. Que un gobierno tras otro —de izquierdas, de derechas, de centro, de colorines, con coleta o sin ella— acaba cayendo en la misma trampa: gastar lo que no se tiene, prometer lo que no se puede cumplir y pedir prestado lo que jamás se podrá devolver.
Y no exagero. Porque nadie planea pagar los 1.636.000 millones de deuda. Nadie. Ni en Bruselas, ni en el Congreso, ni en Moncloa. Lo único que se pretende es ir “renovando”, como ese moroso de banco que pide un nuevo préstamo para pagar el anterior. Una huida hacia adelante sin frenos ni dirección.
¿Y dónde está la indignación?
Uno esperaría que, ante semejante panorama, la ciudadanía reaccionara. Que los titulares con cifras obscenas generaran una mínima alarma. Que los debates incluyeran, al menos de refilón, esta losa que hipoteca nuestro presente y nuestro futuro. Pero no.
Aquí seguimos más pendientes del último rifirrafe en televisión, del insulto cruzado entre diputados, del “y tú más” eterno. Y mientras tanto, los 100 millones diarios en intereses siguen saliendo. Religiosamente. Puntualmente. Como la misa de doce.
¿Sabe usted lo que podría hacerse con 40.000 millones de euros al año? Le doy algunas ideas: mejorar sustancialmente los sueldos de los sanitarios. Eliminar listas de espera. Renovar colegios públicos. Blindar el sistema de dependencia. Garantizar una defensa nacional digna. Subir las pensiones mínimas. O simplemente, no endeudarnos más.
Pero no. Preferimos pagar la hipoteca del despilfarro. Porque aquí, la irresponsabilidad no solo no se castiga: se institucionaliza.
La España endeudada, resignada y servil
Decía Ortega que España es ese país donde siempre pasa lo que nadie espera… salvo el desastre. Y en eso estamos. En una nación donde se repiten los errores con la fe de quien se golpea contra una pared convencido de que, esta vez, se abrirá una puerta.
Hemos naturalizado la deuda. Como si fuera parte del paisaje. Como si no tuviera consecuencias. Como si fuera un mal menor. Y ese es quizá el mayor drama: que ni siquiera ya escandaliza.
La deuda no se evapora. No se disuelve con un discurso ni con una pancarta. La deuda permanece. Crece. Asfixia. Y cuando menos lo esperas, muerde.
Pero la realidad es tozuda. Porque la deuda no se evapora. No se disuelve con un discurso ni con una pancarta. La deuda permanece. Crece. Asfixia. Y cuando menos lo esperas, muerde.
Y entonces, cuando llegue la próxima crisis, o cuando suban los tipos de interés, o cuando un fondo extranjero decida que ya no le conviene prestarnos, volverá el pánico. Volverán las llamadas de Bruselas. Volverán los recortes. Volverán los ajustes. Volverán los gritos y las lágrimas.
Y todos fingirán sorpresa. Como si nadie lo hubiera visto venir.
La ruina como política de Estado
La deuda pública española no es un accidente. Es una política de Estado. Lo ha sido durante años, lo sigue siendo hoy y —salvo milagro, conjunción planetaria o repentina aparición de un Churchill con acento de Soria— lo seguirá siendo mañana.
Porque aquí nadie quiere asumir el coste de la verdad. Nadie quiere decirle a la gente que no hay dinero. Que no se puede prometer todo a todos. Que hay que recortar en grasa. Que hay que reformar lo que no funciona. Que no podemos seguir pagando la barra libre como si estuviéramos en Las Vegas.
No. Aquí seguimos vendiendo humo. Con promesas de gasto, pagas, subvenciones y aplausos. Total, lo pagarán otros. Lo pagarán los de después. Los que aún no votan. Los que aún no han nacido. Aquellos que, sin comerlo ni beberlo, se despertarán un día atrapados en la deuda de sus abuelos, sin entender cómo fue posible semejante traición.
Aquí nadie quiere asumir el coste de la verdad. Nadie quiere decirle a la gente que no hay dinero. Que no se puede prometer todo a todos
Porque es una traición, sí. Silenciosa, burocrática, revestida de legalidad. Pero traición al fin y al cabo. A la lógica, a la prudencia, al interés general, a los hijos y a los nietos.
El país donde todo se posterga, menos la ruina
¿Sabe usted lo que distingue a un país serio de uno de charanga y pandereta? Que en el país serio, se puede vivir sin sobresaltos porque alguien, alguna vez, tomó decisiones difíciles. En el nuestro, se vive al día, como si el futuro fuera un invento de los aguafiestas. Aquí se posterga todo: las reformas, las responsabilidades, las consecuencias. Todo, menos la ruina. Esa llega puntual.
Nos creemos europeos hasta que hay que cuadrar las cuentas. Nos creemos modernos hasta que hay que dejar de gastar en tonterías. Nos creemos ejemplares hasta que hay que poner fin a los chiringuitos. Entonces no. Entonces, mejor pedir otro préstamo, anunciar otra medida estrella, y que aguante la economía lo que aguante la lona del circo.
El arte de hipotecar al prójimo
El político español se ha convertido en un maestro de la hipoteca ajena. Sabe perfectamente que él no va a pagar los platos rotos. Que cuando la deuda explote —porque explotará, no lo dude—, él estará jubilado, blindado, o en alguna institución europea cobrando en euros de Bruselas. Le importará un pimiento la ruina nacional. Y si acaso, escribirá unas memorias donde nos explicará, con tono compungido, lo duro que fue tomar decisiones.
Lo realmente duro, querido lector, es vivir en un país donde la decisión más frecuente es no decidir nada. Donde el coraje político es una anécdota. Donde la rendición ante el gasto inútil es la norma. Donde cada euro que entra se gasta como si fuera el último, y cada euro que falta se pide prestado como si nunca hubiera que devolverlo.
Y así, entre la cobardía presupuestaria y la demagogia contable, vamos perdiendo el control del timón. De la nave. Del país. De todo.
Las mentiras necesarias y las verdades insoportables
Claro que podrían hacer algo. Claro que se puede recortar. Claro que hay margen. Pero eso implicaría tocar las vacas sagradas del sistema. Implicaría cerrar organismos inútiles, adelgazar administraciones duplicadas, eliminar cargos inventados, recortar subvenciones clientelares, despolitizar fundaciones-parásito.
¿Se puede hacer algo? Claro, pero eso implica cerrar ministerios inútiles, administraciones duplicadas, cargos inventados y subvenciones clientelares, como poco
Implicaría, en definitiva, dejar de comprar votos con el dinero de los contribuyentes. Y eso, amigo lector, no lo hará nadie voluntariamente. Porque en este país, la política se ha convertido en un sistema de autofinanciación electoral a base de deuda.
Cada ministerio creado sin sentido. Cada campaña institucional absurda. Cada ayuda caprichosa. Cada oficina para la igualdad del dromedario en Teruel. Todo se financia con deuda. Con su deuda. Con la mía. Con la de todos.
Y eso no lo aguanta ningún sistema.
El ciudadano anestesiado
Quizá lo más triste no sea ya la deuda en sí, sino la indiferencia con la que se recibe. Porque si algo ha conseguido la clase política es anestesiar al ciudadano medio. Se ha acostumbrado a que le roben, le engañen y le arruinen. Ha perdido la capacidad de escándalo. La cifra de 1.636.000 millones ya no conmueve. Suena lejana. Irreal. Como si hablásemos del producto interior bruto de Marte.
Pero no. Esa cifra le afecta. Le condena. Le limita. Le convierte en rehén. Porque todo lo que el Estado no puede hacer —y cada vez puede hacer menos— es culpa de esa deuda monstruosa que seguimos alimentando.
Y el día que haya que apretarse el cinturón de verdad —porque habrá que hacerlo—, no habrá chaleco amarillo ni pancarta que valga. Porque los mercados, a diferencia del votante español, no perdonan.
España: Estado fallido en diferido
Así estamos. En la antesala de lo que, en otro país, ya se consideraría una quiebra técnica. Solo que aquí nos mantenemos de pie gracias a la deuda europea, al BCE, y a la fe de los inversores.
Pero eso es un espejismo. Un autoengaño. Porque seguimos comportándonos como si fuésemos ricos. Como si tuviésemos margen. Como si todo fuera sostenible. Y no lo es.
El Estado español es hoy un elefante en equilibrio sobre una pelota. Y lo sabe. Y el circo también. Pero nadie quiere apagar la música.
Moraleja final (que nadie leerá en un mitin)
¿Sabe usted qué me cabrea de verdad? Que se podía haber hecho de otro modo. Que no estamos aquí por necesidad, sino por decisión. Que ha sido una estafa lenta, premeditada, institucionalizada. Y que, al final, los que la han perpetrado saldrán de rositas.
Porque al político español no se le juzga por endeudar al país. Se le juzga por perder elecciones. Y ese es todo el castigo que recibe. El resto lo pagamos nosotros. En intereses. En oportunidades perdidas. En generaciones hipotecadas.
Nos queda, como siempre, la resistencia personal. El ojo crítico. La dignidad de no creerse las mentiras, ni aplaudir las ruinas maquilladas. Pero es poca cosa.
Porque aquí la deuda manda. Y el que presta, gobierna.
