Esto no es una ley, es una emboscada.
Han trazado el plan con la precisión quirúrgica del que sabe que lo que hace no resistiría ni media tarde de debate… con una ciudadanía de verdad. Una de esas que aún conservan la mala costumbre de pensar, de preguntar, de plantar cara. Pero no nos engañemos: esa ciudadanía ya no existe. O si existe, está bajo tierra o en retirada. Lo que somos hoy es otra cosa. Una masa dócil, domesticada a golpe de pantalla, anestesiada por la comodidad y el miedo. Una sociedad ovejuna, lanar, satisfecha con su pienso ideológico y su obediencia mansa. La clase de rebaño ideal para cualquier tirano de medio pelo con ínfulas de estadista.
Aquí ya no se protesta, se agacha la cabeza. No se indigna uno, se calla con resignación. Y así, mientras nos entretienen con debates sobre el género de los semáforos o los sentimientos de las farolas, nos cuelan la censura por la puerta de atrás. Sin resistencia. Sin preguntas. Con una pasmosa naturalidad que hiela la sangre.
Lo llaman “garantizar la convivencia parlamentaria”, como si preguntar al poder fuera una agresión. Como si el periodista no fuera, por definición, el incordio que molesta en nombre de todos. Pero aquí ya no quieren incordios. Quieren figurantes. Quieren fotógrafos de sonrisas, cronistas de eslóganes, periodistas de plantilla que levanten la mano solo para aplaudir.
Y lo peor, como siempre, no es el poder. El poder hace lo que el poder sabe hacer: blindarse. Lo verdaderamente nauseabundo es ver a tantos “profesionales de la información” justificando la mordaza, afilando la guadaña contra compañeros de oficio, como si el periodismo fuera una cofradía al servicio del Gobierno de turno. Hay que tener poca vergüenza —y menos dignidad— para aplaudir mientras se expulsa al que pregunta. Para firmar columnas donde se acusa de “agitador” al que hace su trabajo. Para llenar tertulias de excusas a favor del bozal, con tono doctoral y cara de editorialista libre. Toda esa corte de bufones con carné de prensa, bien alimentados con subvenciones, convenios y cargos a futuro, han dejado claro que prefieren ser perros del amo antes que lobos libres.
Aún más grave es el precedente. Porque cuando un grupo de políticos se arroga el poder de decidir quién puede ejercer como periodista y quién no, lo que está en juego ya no es una persona. Es el derecho fundamental de todos los ciudadanos a ser informados. Da igual si el periodista gusta o no, si es vehemente o soso, si cae simpático o resulta antipático. El poder no puede tener el mando a distancia del periodismo. Nunca. Porque hoy censuran a uno, y mañana le toca al siguiente. Basta con que no recite el guion correcto, o que haga una pregunta con filo. Esa es la esencia de la arbitrariedad: un día se disfraza de orden, y al siguiente se impone como costumbre.
Y lo trágico es que los mismos que hoy aplauden la censura —por odio, por sectarismo, o por puro servilismo— serán los primeros en lamentarla cuando el bumerán les vuelva a la cara. Porque volverá. Siempre vuelve. Y cuando lo haga, será tarde. Nadie les defenderá. Porque ellos mismos —los voceros de la obediencia— habrán dinamitado cualquier posibilidad de resistencia. Cavan su propia tumba profesional mientras sonríen en el plató.
Esto no va de ideologías. Va de libertad. De esa palabra vieja y gastada que ahora da pereza defender. Porque claro, es más cómodo escribir sobre igualdad, clima y feminismo bien subvencionado, que enfrentarse al poder con la tinta de verdad. La que salpica. La que quema.
Lo que se ha aprobado, y lo que se quiere imponer este verano, no es una reforma parlamentaria. Es un punto de inflexión. El día en que la libertad de prensa pasó a depender de un comité. El día en que preguntar dejó de ser un derecho y se convirtió en un privilegio concedido por el poder. El día en que se oficializó que solo los periodistas obedientes tendrán acceso al corazón de la democracia. O a lo que queda de ella.
Quizá, al final, todo esto no sea más que una maniobra de distracción bien calculada. Porque a lo mejor lo que no quieren nuestros políticos es que nadie les pregunte por qué la Unión Europea les ha sacado los colores —otra vez— en su informe sobre el Estado de Derecho. Por qué tenemos a un fiscal general del Estado imputado por revelar secretos mientras se sigue aferrando al cargo como un percebe a la roca. Por qué no hay, a estas alturas, ni rastro de una estrategia nacional contra la corrupción, aunque llevamos años escuchando promesas. Por qué se acumulan los casos de corrupción de alto nivel mientras las instrucciones judiciales se eternizan en juzgados con telarañas. Tal vez por eso necesitan periodistas amables, de los que preguntan por las vacaciones o el tiempo. Porque los otros —los que van al hueso— les resultan incómodos. Y lo incómodo, ya se sabe, se expulsa. Aunque eso suponga dinamitar la libertad de prensa y arrastrar por el fango lo poco que queda de dignidad democrática.
Y todo eso, en pleno julio, con las redacciones a medio gas y los telediarios hablando del precio de la operación salida. Sin protestas. Sin portadas. Sin ruido. Como se cuecen las traiciones importantes.
Así mueren las libertades: no con un cañonazo, sino con un trámite de urgencia, aprobado en mitad del verano por quienes ya no quieren prensa… sino portavoces.
