Me llegó la noticia como llegan estas cosas en Europa: envuelta en solemnidad, con sonrisas medidas y con ese aire de anuncio trascendental que pretende hacernos sentir que estamos presenciando un hito histórico. La Comisión Europea ha presentado oficialmente el 12 de noviembre pasado el denominado el Escudo Europeo de la Democracia. Y sí, ya hablé de este asunto en febrero, cuando apenas era un esbozo político y una promesa envuelta en declaraciones solemnes. Hoy vuelvo sobre él porque la propuesta ya no es una idea en el aire, sino un paquete concreto que la Comisión ha puesto sobre la mesa con firmeza y con vocación de convertirse en la nueva muralla continental. Acompañando al Escudo llega también una estrategia para fortalecer la sociedad civil, presentada el mismo día. Todo muy redondo, muy serio, muy europeo.
Uno, que ya ha visto más decorados que teatros reales, recibe estas noticias con un respeto prudente y una desconfianza proporcional. Porque cuando en Bruselas empiezan a hablar de escudos, resiliencia democrática y participación ciudadana, hay que estar atentos. Las palabras son hermosas, sí, pero suelen esconder mecanismos complejos, a veces peligrosos, y casi siempre más opacos de lo que convendría en una verdadera democracia. Y es ahí donde empieza mi historia de hoy.
El Escudo Europeo de la Democracia se sustenta en tres pilares. Todo en Europa se organiza en pilares, como si el lenguaje arquitectónico dotase a lo que se anuncia de una majestuosidad moral que nadie podría cuestionar. Esos pilares son salvaguardar la integridad del espacio informativo, reforzar las instituciones, las elecciones y los medios, e impulsar la resiliencia de la sociedad y su participación. Suena impecable. Pero es precisamente cuando algo suena impecable cuando más conviene meter el dedo en la costura y tirar un poco del hilo.
Comencemos por el primero de los pilares, el de la información. Se nos dice que Europa coordinará redes de verificadores de datos, que habrá nuevos mecanismos para detectar y frenar campañas de manipulación informativa, que se fortalecerán sistemas de alerta para anticipar amenazas. Todo con el argumento, por supuesto justificable, de que agentes extranjeros y grupos organizados intentan intoxicar nuestro espacio público, dividirnos, desestabilizar procesos electorales o sembrar desconfianza en las instituciones.
La democracia no se protege solo con escudos; se protege vigilando al propio vigilante
Hasta aquí, uno podría asentir. Nadie discute el problema. La cuestión es cómo solventarlo sin cruzar la línea roja que separa la protección de la vigilancia, la defensa del control. Porque cuando una autoridad central asume la misión de decidir qué es información fiable, qué es desinformación y qué debe ser neutralizado por el bien común, entramos en un terreno resbaladizo. La tentación de convertirse en árbitro moral es demasiado grande. Y ya conocemos la historia de los árbitros morales: empiezan dictando lo que es verdad por nuestro bien y acaban moldeando la verdad para el suyo.
El segundo pilar habla de fortalecer instituciones, elecciones y medios de comunicación. Aquí es donde la retórica se vuelve más espesa. La Comisión anuncia que impulsará recomendaciones para que la seguridad de los políticos sea reforzada, elaborará orientaciones sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en procesos electorales y actualizará normativas audiovisuales para modernizar la publicidad y dar visibilidad a los medios de interés general. Y sobre todo, anuncia que se concederán ayudas económicas a medios independientes y locales a través de un programa de resiliencia del periodismo.
Y aquí me detengo. Europa lleva décadas hablando de proteger a los medios independientes. Pero cuando el que financia es el poder político, el adjetivo independiente empieza a torcerse. No digo que no haya buena voluntad, ni que los medios no necesiten apoyo. Lo que digo es que cuesta conciliar independencia con subvención. Porque si el dinero procede de quien diseña el Escudo, quien marca las prioridades y quien decide qué medios cumplen los requisitos para recibir fondos, ¿dónde queda la libertad? ¿Cómo garantizar que un medio que critique con dureza al poder reciba el mismo trato que uno dócil o alineado con las líneas generales del pensamiento oficial?
La historia europea reciente está repleta de ejemplos en los que, bajo el paraguas de la defensa democrática, se han patrocinado proyectos comunicativos que, curiosamente, siempre lanzaban un perfume elogioso hacia quienes los financiaban. No es algo exclusivo de Europa. Ocurre en todos los sistemas políticos cuando se abre la puerta a que la autoridad determine quién merece dinero y quién no. Y si el Escudo pretende evitar la manipulación informativa, es legítimo preguntarse si no estará sentando, sin querer o queriendo, las bases de una manipulación nueva, más fina, más elegante y más difícil de detectar. Una manipulación no desde la sombra, sino desde la institución.
El tercer pilar, el de la resiliencia social, se centra en alfabetización mediática, educación cívica, participación ciudadana y tecnologías que fomenten el compromiso democrático. Otra vez, todo admirable sobre el papel. Europa quiere que la ciudadanía tenga más herramientas para comprender su entorno, distinguir lo real de lo fabricado, participar en debates y ejercer sus derechos. ¿Quién podría estar en contra de eso? Nadie. Pero incluso aquí se cuela la sombra del vigilante.
Cuando se habla de educar para la democracia desde una estructura centralizada, uno debe preguntarse qué contenidos, qué valores, qué enfoques serán priorizados. La educación cívica es fundamental, sí, pero también puede convertirse en un vehículo para uniformar pensamiento, para impulsar la versión más doméstica, cómoda y oficialista de lo que significa ser un ciudadano responsable. Y cuando se nos habla de plataformas tecnológicas de participación impulsadas desde instituciones europeas, en plena era del algoritmo, cualquiera con sentido crítico sabe que el diseño, la arquitectura y la moderación de esas plataformas influirán en lo que se dice, se vota y se interpreta.
La Comisión también prevé crear un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, que coordinará recursos, conocimientos y mecanismos de vigilancia y respuesta ante amenazas. Una especie de gran cerebro cívico que observará, analizará, detectará patrones y organizará respuestas conjuntas. El objetivo es noble: anticipar ataques, proteger procesos democráticos, consolidar un frente común. Pero un cerebro central siempre da vértigo. Porque la información que maneje, las decisiones que tome y los criterios que utilice serán invisibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y ya sabemos lo que ocurre cuando se crea un organismo especializado en vigilar amenazas: que acaba decidiendo quién es una amenaza.
En paralelo, la estrategia para la sociedad civil promete fortalecer organizaciones, crear una plataforma que conecte asociaciones de toda la Unión, lanzar un centro de conocimientos sobre espacio cívico y aumentar la financiación para iniciativas sociales. Aquí aparece otra cifra que no puede pasar desapercibida: nueve mil millones de euros destinados al programa AgoraEU. Una cantidad colosal. Una lluvia de fondos para organizaciones que, en principio, representan la pluralidad social. Pero la pregunta vuelve a ser la misma: ¿quién decide qué organizaciones merecen ese tesoro? ¿Qué criterios se aplicarán? ¿Cuál será la diversidad real de esa sociedad civil patrocinada? Porque la sociedad civil, por definición, debe ser autónoma, espontánea, libre, incluso incómoda. Y cuando depende del mismo poder que dice protegerla, corre el riesgo de convertirse en una sociedad civil domesticada.
Cuando el poder decide qué es información fiable, la línea entre proteger y controlar se vuelve peligrosamente fina
Todo lo anterior se viste de un contexto que la Comisión describe con dramatismo. Vivimos en tiempos convulsos, se nos dice. Hay injerencias externas, guerras híbridas, tensiones políticas internas, erosión institucional, riesgos para las ONG y un entorno digital que amplifica las amenazas. No niego nada de eso. Pero tampoco puedo evitar ver en este relato un argumento perfecto para justificar un incremento del control disfrazado de protección. Los poderes políticos, a lo largo de la historia, siempre han encontrado momentos de crisis para ampliar su esfera de acción. Y la Unión Europea, que a veces parece un gigante amable y otras un mastodonte burocrático, está aprovechando esta coyuntura para reforzar su papel como guardián de la democracia continental.
La democracia, sin embargo, no es una figura pasiva que necesite un escolta permanente. Es un organismo vivo que exige debate, conflicto, disenso, pluralidad, incluso un grado saludable de caos. Demasiada protección puede asfixiarla. Demasiada supervisión puede convertirla en una versión higienizada de sí misma. Cuando un poder dice proteger la democracia de sus enemigos, conviene preguntarle si no teme que alguno de esos enemigos sea precisamente él mismo.
No niego que Europa deba hacer frente a amenazas reales. No niego que exista manipulación informativa, injerencia, intoxicación digital y campañas de odio perfectamente organizadas. Lo que sostengo es que no podemos combatir esos males a costa de erosionar la esencia misma de las democracias. Y esa esencia es simple: el poder debe estar vigilado. Debe ser limitado. Debe rendir cuentas. Debe aceptar la crítica y tolerar el insulto. Debe vivir bajo la sospecha constante del ciudadano, porque sólo así se evita que se convierta en otra cosa.
Por eso, cuando escucho hablar del Escudo Europeo de la Democracia, me pregunto si no habría sido más honesto bautizarlo como la Torre de Vigilancia Europea. Porque un escudo protege, pero también tapa. Y si tapa demasiado, lo que protege deja de verse.
El ciudadano europeo tiene derecho a saber quién tomará decisiones en ese Centro de Resiliencia Democrática, quién decidirá qué medios merecen financiación, quién seleccionará las organizaciones civiles que recibirán los fondos, quién marcará los criterios para identificar desinformación, quién diseñará las plataformas de participación, quién establecerá las prioridades educativas del futuro. Todas esas preguntas son esenciales. Todas deben ser respondidas con transparencia absoluta. Y ninguna debería quedar en manos de comités internos, informes confidenciales o mecanismos automáticos.
La democracia se sostiene sobre la pluralidad, no sobre la unanimidad. Sobre la crítica, no sobre el consenso obligado. Sobre la vigilancia del poder, no sobre la comodidad de dejarse proteger. Si el Escudo pretende de verdad defendernos, debe permitir que sus límites sean visibles, discutidos, corregidos y cuestionados. Y debe aceptar que habrá ciudadanos como yo que lo observen con ceño fruncido, que duden de sus intenciones, que examinen sus grietas. Esa es, al fin y al cabo, la función más noble que puede ejercer un europeo: desconfiar con responsabilidad.
No sé si el Escudo fortalecerá la democracia o la recubrirá con una capa gruesa de paternalismo institucional. Lo veremos con el tiempo. Pero sí sé que nuestro deber es mantener encendida la pregunta incómoda que sostiene cualquier sociedad libre: ¿quién vigila al vigilante?
Mientras esa pregunta siga viva, Europa todavía tendrá esperanza.
