La noche tiene esa mala costumbre de ordenar los hechos cuando ya es tarde. A esa hora en la que el ruido baja y las excusas pierden fuerza, lo ocurrido en Adamuz empezó a tomar forma de realidad incómoda. No como titular, no como cifra, sino como tragedia. Un accidente ferroviario que, a falta de investigación concluyente, ya ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos. Personas. Familias. Vidas que no volverán a encajar.
Rondaban las 19:45 cuando un tren de alta velocidad de Iryo, con 317 pasajeros a bordo, descarriló en los desvíos de entrada a la estación de Adamuz, en Córdoba. Invadió la vía contraria y colisionó frontalmente con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido opuesto, procedente de Madrid con destino Huelva, a unos 200 kilómetros por hora y con 184 personas a bordo. El impacto fue devastador. Vagones destrozados, algunos arrojados por un terraplén de varios metros, cuerpos atrapados entre hierros, escenas que ninguna sociedad avanzada debería normalizar.
El balance provisional —al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos— es de esos que hielan la sangre. Y lo es más aún cuando se acompaña del discurso oficial que habla de sorpresa, de rareza, de un suceso “tremendamente extraño”. Se insiste en que la vía había sido renovada en mayo de 2025 con inversión millonaria. Que el tren había pasado revisión apenas cuatro días antes. Que todo estaba en regla. Que habrá que investigar.
Aún no conocemos las causas ciertas de la tragedia
Y claro que habrá que investigar. Nadie con un mínimo de decencia pide sentencias anticipadas. Las causas exactas no se conocen aún, y conviene repetirlo con claridad: no sabemos qué provocó este accidente. Lo determinará la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Lo dirán los informes técnicos, los peritajes, los datos objetivos. Cualquier otra cosa sería irresponsable.
Pero una cosa es no conocer las causas y otra muy distinta fingir que el contexto no existe.
Porque este accidente no sucede en el vacío. Ocurre en un sistema ferroviario que lleva años acumulando tensiones, incidencias, retrasos y una creciente distancia entre el relato triunfalista y la experiencia real de los usuarios. Y no es la primera vez que lo digo.
En julio pasado escribí un artículo que titulé Crónica del descarrilamiento ferroviario en España. Entonces hablaba, en sentido figurado, de un país en el que viajar en tren se había convertido en un ejercicio de paciencia y resignación. Decía que no había plan, ni certidumbre, ni garantía real de llegar a destino. Que lo único abundante eran los mensajes en redes, los Xuits, las explicaciones digitales. Señalaba cómo el actual ministro de Transportes, poco amigo de dar ruedas de prensa y mucho más cómodo tras el teclado, proclamaba con serenidad pasmosa que estábamos viviendo el mejor momento del ferrocarril en nuestra historia. Como si no hubiéramos visto trenes varados durante horas en mitad del campo. Como si no fuera habitual que las aplicaciones de Renfe y Adif parecieran partes de guerra en tiempo real.
Aquel texto era una crítica dura, sí, pero seguía siendo una metáfora. Hoy, tras lo ocurrido en Adamuz, esa metáfora pesa más de la cuenta. Porque cuando el deterioro del sistema deja de ser sólo una molestia y se cruza con la tragedia, el debate cambia de naturaleza. Ya no hablamos de incomodidad, hablamos de vidas.
En las últimas horas han salido a la luz datos que, sin establecer relaciones causales, ayudan a entender ese contexto. En agosto de 2025, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios remitió una carta formal a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria solicitando reducir la velocidad máxima de 300 a 250 kilómetros por hora en varios tramos de alta velocidad, incluido el corredor Madrid–Andalucía. Alertaban de vibraciones intensas, botes y movimientos bruscos derivados de pequeñas imperfecciones acumuladas en la vía, agravadas por el peso de los nuevos convoyes y por las altas temperaturas. No hablaban de ideología. Hablaban de física. De mecánica. De estrés estructural. En junio de 2025 ya se habían registrado incidencias en el tramo Adamuz–Villanueva de Córdoba relacionadas con vibraciones y calor que activaron sistemas de seguridad y provocaron retrasos. Desde 2022, Adif había contabilizado hasta veinte incidencias en esa zona.
la red ferroviaria lleva tiempo funcionando con carencias estructurales
Hoy, con los cadáveres aún calientes y los equipos de rescate trabajando en la identificación por ADN, SEMAF pide prudencia. Respeto a las víctimas. No vincular directamente su petición con el accidente hasta conocer las causas oficiales. “Es especular y no ser frívolos”, dicen. Tienen razón. Pero una cosa es no especular y otra fingir amnesia. La memoria selectiva es un lujo que no deberíamos permitirnos cuando hablamos de seguridad.
Porque este país tiene una relación complicada con la prevención. Nos encanta inaugurar. Cortar cintas. Sacar pecho con cifras récord. “Tenemos la mejor red de alta velocidad del mundo”. Lo repetimos como un mantra, como si la repetición blindara la realidad. Y mientras tanto, los avisos se archivan, se diluyen en la burocracia, se posponen para la próxima revisión presupuestaria. Siempre hay una prioridad más urgente. Siempre hay una foto que hacer.
La alta velocidad española ha sido, durante años, un símbolo. Un tótem del progreso. Un argumento político transversal. Nadie quería ser el aguafiestas que dijera “igual vamos demasiado rápido”. Nadie quería cargar con el sambenito de frenar el AVE. Bajar de 300 a 250 kilómetros por hora no luce en un titular. No llena mítines. No vende futuro. Pero quizá salva vidas.
Anoche, cuando marqué aquel número y escuché al otro lado un “no, estamos bien”, sentí alivio. Inmediato, egoísta, humano. Y después llegó la culpa. Porque otros no tuvieron esa llamada. Porque en otras casas, a esa misma hora, el teléfono sonó para decir lo contrario. Porque hay niños que hoy despertarán sin uno de sus padres. Padres que no verán volver a sus hijos. Y eso no hay inversión millonaria que lo compense.
España guarda luto. Habrá minutos de silencio. Declaraciones solemnes. Promesas de depurar responsabilidades. Todo eso está bien. Es necesario. Pero no basta. No si, dentro de unos meses, el informe duerme en un cajón, y la responsabilidad se diluye.
La seguridad no puede depender del orgullo tecnológico ni de la propaganda del progreso
La modernidad no es sólo velocidad. Es cuidado. Es mantenimiento. Es escuchar a quien sabe. A quien está ahí cada día. A quien detecta el temblor antes de que el metal se rompa. La tecnología no sustituye a la prudencia; la exige. Y el progreso que no incorpora humildad acaba convertido en chatarra.
Habrá quien diga que esto es demagogia. Que ahora no es el momento. Que hay que esperar a los informes. Que no politizemos el dolor. De acuerdo. Esperemos. Pero no olvidemos. Porque la politización del dolor empieza cuando se ignoran los avisos y se presume de récords mientras la vía tiembla.
No se trata de señalar culpables a ciegas. Se trata de asumir una cultura. La de la prevención frente a la del titular. La del mantenimiento frente a la del anuncio. La de escuchar frente a la de imponer. Si algo nos enseñó el descarrilamiento de ayer es que la soberbia tecnológica tiene fecha de caducidad. Y suele llegar a las 19:45 de un domingo cualquiera. Y es aquí donde conviene abandonar el eufemismo. Porque mientras no se asuman responsabilidades reales, mientras no se revise en profundidad la política ferroviaria de este país y mientras el mantenimiento y la seguridad sigan subordinados a la propaganda del progreso y al titular fácil, estas tragedias no serán una excepción desafortunada, sino una posibilidad latente. No es alarmismo: es experiencia. La que dejan los avisos ignorados, las incidencias acumuladas y la costumbre de mirar hacia otro lado hasta que el golpe obliga a hacerlo.
Hoy, Adamuz es un nombre marcado. Como lo fueron otros antes. Un punto en el mapa que ya no es sólo geografía, sino memoria. Un recordatorio incómodo de que el hierro no entiende de discursos. De que la física no negocia. De que la gravedad no vota.
Anoche, al colgar el teléfono, me quedé un rato largo mirando al vacío. Pensé en los maquinistas que pidieron bajar la velocidad. En los técnicos que anotaron incidencias. En los correos enviados. En las reuniones aplazadas. Pensé en el sonido del metal al romperse. Y pensé en nosotros, en esta manía tan nuestra de aprender siempre a base de golpes.
Ojalá esta vez no pase. Ojalá el informe no sea un trámite. Ojalá la próxima carta no se archive. Ojalá alguien, en algún despacho, recuerde que cada kilómetro por hora tiene un coste. Y que a veces, frenar a tiempo es la forma más inteligente de avanzar. Porque ayer, en Adamuz, mientras el país seguía su curso, hubo familias a las que se les rompió la vida, y a ellas les debemos hoy respeto, cercanía y memoria.
