La censura no suele llegar dando un portazo. Nunca lo ha hecho. Entra de puntillas, pide permiso, sonríe, habla de seguridad, de menores, de convivencia y de democracia. Y cuando te quieres dar cuenta, ya está instalada en el salón, con los pies encima de la mesa y decidiendo qué puedes decir, cómo, dónde y con qué nombre. Eso es exactamente lo que empieza a perfilarse en España, aunque algunos prefieran mirar para otro lado mientras repiten consignas tranquilizadoras como quien se reza un mantra para no ver venir la tormenta.
En los últimos tiempos, el Gobierno ha decidido que las redes sociales son el nuevo enemigo público. No porque mientan más que antes ni porque manipulen más que antes, sino porque han dejado de ser un espacio razonablemente controlable. Porque en ellas aún sobrevive algo profundamente incómodo para el poder: la posibilidad de discrepar sin pedir permiso. Y eso, para un gobierno cada vez más alérgico a la crítica, resulta insoportable.
El enfrentamiento público entre Pedro Sánchez y Elon Musk no es una anécdota ni un simple choque de egos entre un político con aspiraciones globales y un empresario excéntrico. Es el síntoma de una tensión real entre dos concepciones del espacio digital. Por un lado, quienes defienden que la red es un lugar imperfecto, ruidoso y a veces desagradable, pero esencialmente libre. Por otro, quienes creen que la libertad es peligrosa si no pasa por el filtro del Estado, convenientemente barnizado de virtud moral.
Cuando Musk acusa al presidente español de autoritarismo no está lanzando un exabrupto al azar. Está señalando una deriva. Y cuando desde el Gobierno se responde hablando de responsabilidad, límites y regulación estricta, lo que en realidad se está diciendo es algo mucho más simple y mucho más inquietante: que el poder quiere recuperar el control del relato, cueste lo que cueste.
La coartada elegida es impecable desde el punto de vista propagandístico. Los niños. Los adolescentes. La salud mental. El odio. Pocas cosas hay más eficaces que colocar a los menores en primera línea para justificar cualquier recorte posterior de libertades. Es un recurso viejo, gastado, pero todavía funcional. Porque ¿quién se atreve a cuestionar una ley que dice proteger a los más vulnerables sin ser inmediatamente señalado como un irresponsable o algo peor?
El problema es que, una vez rascas el envoltorio, lo que aparece debajo no es protección sino control. Identificación obligatoria. Eliminación del anonimato. Vigilancia constante. Responsabilidad penal para plataformas que no actúen con la diligencia que marque el poder político de turno. Todo ello sostenido sobre conceptos deliberadamente ambiguos como discurso de odio, contenido dañino o desinformación, definidos siempre desde arriba, desde el poder político y casi nunca desde la independencia judicial.
Y aquí conviene detenerse un momento, porque el cuadro sería incompleto sin señalar una hipocresía de manual. El mismo Gobierno que hoy se erige en árbitro supremo de la verdad es el que ha creado bulos grandes, gordos y feos. Bulos lanzados sin despeinarse, repetidos desde tribunas oficiales, amplificados por altavoces mediáticos afines y sostenidos en el tiempo con una desfachatez que ya ni disimula. Mentiras presentadas como relatos, relatos convertidos en dogmas y dogmas defendidos como si fueran verdades reveladas. Ese mismo poder que ha jugado alegremente con la manipulación ahora pretende darnos lecciones de higiene informativa y decidir qué podemos leer, compartir o cuestionar. Porque esa es otra de las trampas del discurso oficial. La desinformación siempre es la del otro. El bulo siempre es ajeno. El error siempre está fuera. Nunca en el BOE, nunca en una rueda de prensa, nunca en una consigna repetida hasta la saciedad. Y desde esa supuesta superioridad moral, el poder se arroga el derecho de protegernos de nosotros mismos, como si la ciudadanía fuera un rebaño incapaz de distinguir una mentira de una verdad sin la tutela constante del Estado.
Porque no se trata solo de perseguir lo ilegal, para eso ya existen leyes y tribunales. Se trata de crear un marco donde lo incómodo pueda ser silenciado antes siquiera de debatirse. Donde la discrepancia se convierta en sospecha y opinar fuera del carril marcado tenga un coste personal, profesional o social.
Algunos ministros ya han dicho en voz alta lo que otros solo insinúan. La posibilidad de cerrar X. La creación de redes propias, a medida, donde todo el mundo tenga que identificarse. Espacios digitales perfectamente diseñados para que nadie pueda esconderse, para que cada palabra quede asociada a un nombre, un rostro y un historial. El escenario ideal para la caza del discrepante, para el señalamiento pulcro, administrativo, sin necesidad de mancharse las manos. No hacen falta censores con tijeras ni grandes aparatos represivos. Basta con que el ciudadano sepa que está siendo observado. Basta con que intuya que una opinión puede traerle problemas. La autocensura hace el resto. Es más barata, más limpia y mucho más eficaz.
En este punto conviene aclarar algo que algunos parecen empeñados en confundir interesadamente. Hace unos días dije que me estoy retirando de las redes sociales. Que participo menos. Que el ruido, la impostura y la bronca permanente cansan. Pero esa decisión es mía. Libre. Voluntaria. Hoy puedo callar y mañana volver a hablar. Hoy puedo cerrar una cuenta y mañana abrir otra. Puedo discrepar, equivocarme o desaparecer un tiempo sin que nadie me obligue. Eso es libertad. Exactamente eso. La posibilidad de elegir. De entrar y salir. De hablar o guardar silencio. Lo que se nos plantea ahora no tiene nada que ver con eso. No es una invitación a un uso más responsable de la red, sino una imposición. Un rediseño del espacio digital para que nadie pueda expresarse sin dejar rastro, para que nadie pueda levantar la voz sin exponerse. La diferencia entre retirarse de las redes y ser expulsado de ellas es la misma que hay entre cerrar la puerta de tu casa y que te la clausuren desde fuera. La primera es un acto de autonomía. La segunda es un castigo. Y quien no quiera ver esa diferencia, o es ingenuo o es cómplice.
Hay quien dice que esto no es censura, que es regulación, que Europa marca el camino y que exageramos. Es el discurso de siempre. El mismo que se ha usado una y otra vez para justificar recortes de derechos en nombre de un bien superior que, casualmente, siempre define el poder. La censura moderna no se presenta como tal. Se disfraza de cuidado, de pedagogía y de responsabilidad colectiva. La historia está llena de ejemplos. Regímenes que empezaron persiguiendo el odio y acabaron persiguiendo la disidencia. Estados que prometieron proteger a la sociedad y terminaron decidiendo qué ideas eran aceptables. El patrón se repite porque funciona. Porque el miedo es una herramienta formidable cuando se administra desde arriba.
No se trata de defender a Elon Musk ni de convertirlo en héroe. Se trata de entender que, por una vez, el mensaje importa más que el mensajero. Y el mensaje es claro. Cuando un gobierno decide qué se puede decir en la red, cruza una línea peligrosa. Y cuando además pretende saber quién lo dice, la cosa deja de ser preocupante para convertirse en alarmante.
España está ante una encrucijada. Puede apostar por la educación, el pensamiento crítico y la responsabilidad individual. O puede optar por el camino corto y cómodo del control. De momento, todo indica que ha elegido lo segundo. Y eso debería inquietar incluso a quienes creen que nunca serán el objetivo. Porque la censura siempre empieza persiguiendo a otros. Hasta que un día llama a tu puerta. Y entonces ya no hay red social de la que retirarse.
