Vivimos en una época que presume mucho de transparencia, aunque conviene no dejarse engañar por las palabras. La transparencia de nuestro tiempo tiene algo de escaparate. Se anuncian portales de datos abiertos, se publican informes institucionales llenos de gráficos elegantes, se repite con entusiasmo la palabra digitalización. Todo eso está muy bien, por supuesto. Pero cualquiera que haya pasado alguna vez horas navegando por bases de datos públicas sabe que la transparencia real es algo más áspero y más incómodo que la propaganda institucional. La transparencia auténtica no se encuentra en el titular que acompaña a un informe oficial. Se encuentra en la acumulación de cifras que nadie esperaba que alguien examinara con detenimiento.
La administración pública moderna es una máquina gigantesca que funciona a base de decisiones pequeñas. Un contrato para reparar una calle. Otro para adquirir material sanitario. Otro para mantener un sistema informático. Miles de organismos públicos toman cada día miles de decisiones administrativas que se registran, se archivan y, con el tiempo, se convierten en un inmenso sedimento de datos. Durante décadas ese sedimento permaneció prácticamente invisible para el ciudadano común. Existía, sí, pero estaba enterrado en boletines oficiales, en archivos administrativos o en sistemas informáticos diseñados para almacenar información, no para analizarla.
Lo que ha cambiado en los últimos años es algo aparentemente sencillo. Las administraciones han comenzado a publicar grandes cantidades de información en plataformas abiertas. Entre ellas destaca la Plataforma de Contratación del Sector Público, un gigantesco repositorio donde aparecen registrados miles y miles de contratos firmados por administraciones de todos los niveles. Sobre el papel, aquello representaba un avance notable. Los datos estaban disponibles y cualquiera podía consultarlos. Sin embargo, pronto se hizo evidente un detalle importante que suele olvidarse cuando se habla de transparencia digital. La información puede ser pública y al mismo tiempo permanecer prácticamente invisible si nadie tiene capacidad real para analizarla.
Un océano demasiado grande para el ojo humano
Intentar comprender el funcionamiento de la contratación pública española revisando contrato por contrato sería una tarea digna de un monje medieval copista, condenado a pasar su vida entera inclinado sobre un escritorio. El volumen de información es sencillamente colosal. Hablamos de millones de registros acumulados durante años, generados por miles de organismos distintos, cada uno con sus peculiaridades administrativas, sus proveedores habituales y sus dinámicas presupuestarias. El problema, por tanto, no es la falta de información. El problema es exactamente el contrario. Hay tanta información que el ojo humano se pierde en ella como un navegante en mitad de un océano sin cartas náuticas.
La verdadera transparencia no consiste en publicar datos, sino en que alguien tenga la paciencia de analizarlos
Aquí es donde entra en escena algo que hasta hace poco parecía reservado a laboratorios de investigación o a gigantes tecnológicos. Me refiero al análisis masivo de datos. Un algoritmo no tiene la paciencia limitada de un ser humano. No se aburre tras revisar cientos de documentos. No se distrae. Puede analizar millones de registros en cuestión de segundos y detectar repeticiones que para un investigador humano pasarían desapercibidas. Esa es la verdadera fuerza del análisis algorítmico. No su inteligencia, que a menudo se exagera en los discursos de moda, sino su capacidad para observar grandes cantidades de información sin cansancio ni prejuicios.
Cuando un algoritmo revisa millones de contratos administrativos, empieza a detectar lo que los auditores llaman señales de alerta. No se trata de acusaciones ni de pruebas de irregularidad. Se trata de patrones. Repeticiones estadísticamente llamativas que sugieren que quizá merece la pena observar con más atención un determinado conjunto de datos. Es un trabajo parecido al de un radar que detecta movimientos inusuales en el horizonte. El radar no afirma que exista una amenaza. Simplemente indica que algo se mueve allí y que tal vez conviene mirar con prismáticos.
La figura del contrato menor
Para comprender por qué muchos análisis se centran en determinados contratos es necesario detenerse un momento en una figura administrativa bastante conocida dentro del derecho público español. Me refiero al llamado contrato menor. La lógica de esta herramienta es sencilla y, en realidad, bastante sensata. No tendría demasiado sentido obligar a una administración a convocar un complejo procedimiento de licitación cada vez que necesita adquirir un pequeño suministro o contratar un servicio de escasa cuantía. La burocracia, cuando se vuelve excesiva, termina por paralizar el funcionamiento cotidiano de cualquier institución.
Por esa razón la legislación permite que determinados contratos puedan adjudicarse mediante procedimientos más simples siempre que no superen ciertos límites económicos. En términos generales, la normativa establece umbrales aproximados de quince mil euros para servicios y suministros y de cuarenta mil euros para obras. Estos contratos menores permiten a las administraciones actuar con mayor rapidez y flexibilidad en muchas situaciones cotidianas. El sistema, utilizado correctamente, cumple una función práctica indiscutible.
Sin embargo, como ocurre tantas veces en la vida administrativa, toda herramienta útil puede convertirse también en una tentación. Existe una práctica conocida por los especialistas en contratación pública que consiste en dividir artificialmente un gasto mayor en múltiples contratos pequeños con el fin de evitar los procedimientos de licitación más exigentes. A esa práctica se la denomina fraccionamiento de contratos y la ley la prohíbe de forma expresa. El problema es que detectar ese fraccionamiento no siempre resulta sencillo cuando se analizan los contratos de uno en uno, como si cada expediente viviera aislado en su propio universo burocrático.
La mirada panorámica del algoritmo
Ahí es donde el análisis masivo de datos introduce una perspectiva completamente distinta. Un algoritmo no ve expedientes individuales. Ve series completas. Observa cómo se repiten determinados importes, cómo aparecen los mismos proveedores una y otra vez en periodos muy cortos de tiempo, cómo ciertos servicios se adjudican de manera fragmentada a lo largo de semanas o meses. En otras palabras, el algoritmo observa el paisaje completo mientras el investigador humano suele mirar únicamente una piedra del camino.
Esa mirada panorámica permite detectar coincidencias que, por sí solas, no prueban nada, pero que sí despiertan la curiosidad de cualquier auditor experimentado. Imaginemos, por ejemplo, una secuencia de contratos muy similares adjudicados al mismo proveedor durante pocos días y con importes sorprendentemente cercanos al límite legal del contrato menor. Nada de eso demuestra irregularidad. Puede haber explicaciones perfectamente legítimas. Pero la repetición sistemática de ese patrón invita, al menos, a levantar una ceja.
Un ingeniero y una lupa digital
Hace nada ha comenzado a circular en redes sociales un proyecto que ilustra muy bien esta forma de observar los datos. Un ingeniero español, David Fernández, ha desarrollado una herramienta capaz de analizar millones de contratos menores publicados por administraciones públicas y detectar distintos tipos de anomalías estadísticas. El sistema examina grandes volúmenes de información y marca determinadas coincidencias que podrían interpretarse como señales de alerta. No acusa a nadie ni pretende sustituir el trabajo de jueces, auditores o tribunales de cuentas. Se limita a organizar los datos y a señalar aquellas zonas del mapa donde aparecen patrones dignos de una mirada más detenida.
Lo interesante del proyecto no es únicamente el número de contratos analizados, que es considerable, sino la filosofía que hay detrás de la herramienta. Se trata, en esencia, de utilizar la capacidad de los algoritmos para explorar grandes conjuntos de datos y detectar regularidades que resultarían invisibles para un análisis manual tradicional. Es una especie de lupa digital aplicada a la contratación pública.
La vigilancia algorítmica del poder
Durante mucho tiempo el control del gasto público ha descansado fundamentalmente en instituciones especializadas. Tribunales de cuentas, órganos de intervención administrativa y auditorías oficiales desempeñan un papel imprescindible en cualquier sistema democrático. Sin embargo, todos esos mecanismos trabajan con recursos humanos limitados frente a una masa creciente de información administrativa. Las herramientas de análisis masivo de datos introducen un complemento interesante a esos sistemas tradicionales de control.
No se trata de sustituir a las instituciones ni de convertir los algoritmos en jueces automáticos, algo que sería profundamente irresponsable. Se trata más bien de utilizar la tecnología como una herramienta preliminar de exploración. Los algoritmos pueden recorrer el territorio de los datos, identificar zonas donde aparecen anomalías estadísticas y facilitar así que investigadores humanos dirijan su atención hacia los lugares donde quizá merece la pena investigar con mayor profundidad.
Este enfoque abre la puerta a una forma de fiscalización que podríamos describir como una vigilancia cívica apoyada en tecnología. Cuando los datos administrativos son públicos y las herramientas de análisis están al alcance de investigadores independientes, periodistas o ciudadanos interesados, el ecosistema de control del poder se vuelve inevitablemente más complejo. El monopolio institucional de la fiscalización comienza a diluirse y aparecen nuevas formas de escrutinio social.
El lenguaje silencioso de los números
Siempre me ha parecido fascinante la idea de que los números, cuando se acumulan durante años, terminan por construir relatos involuntarios. Cada contrato público es, en el fondo, una decisión administrativa concreta tomada por una persona o por un equipo en un momento determinado. Miles de decisiones similares se registran a lo largo del tiempo y forman un archivo gigantesco que, visto desde cerca, parece caótico y desordenado. Pero cuando alguien se aleja lo suficiente y observa el conjunto, empiezan a aparecer formas.
Hoy los archivos empiezan a estar al alcance de cualquiera que sepa leer los datos
Esas formas pueden reflejar simplemente la rutina normal de cualquier administración moderna. Pero también pueden revelar hábitos curiosos, repeticiones inesperadas o dinámicas que invitan a formular preguntas. En ese sentido, los datos se comportan como un paisaje geológico. Durante años se acumulan sedimentos aparentemente insignificantes hasta que un día alguien examina el terreno con la perspectiva adecuada y descubre que ese relieve cuenta una historia.
La revolución silenciosa de los datos abiertos
Quizá la transformación más profunda que estamos viviendo en la relación entre ciudadanos y administraciones públicas no sea la inteligencia artificial ni la digitalización de los procedimientos, aunque ambas cosas tengan su importancia. La verdadera revolución es algo más sencillo y, al mismo tiempo, más radical. Por primera vez en la historia moderna grandes cantidades de información administrativa están disponibles para cualquiera que tenga interés y paciencia para analizarlas.
Durante siglos el poder político se apoyó en una ventaja fundamental. Controlaba los archivos. Quien controla los archivos controla también el relato de lo que ocurre dentro de las instituciones. Hoy esa situación empieza a cambiar. Los archivos se digitalizan, los datos se publican y las herramientas de análisis se vuelven cada vez más accesibles. Eso no significa que la corrupción desaparezca ni que la gestión pública se vuelva automáticamente impecable. La naturaleza humana no cambia con tanta facilidad.
Lo que sí cambia es el terreno en el que se juega la partida. Cuando la información está disponible y los algoritmos permiten examinarla con paciencia casi infinita, los números comienzan a revelar patrones que antes permanecían ocultos. Y cuando los números hablan con suficiente claridad, incluso el poder más acostumbrado a la opacidad descubre que hay preguntas que ya no pueden ignorarse tan fácilmente.
Y de vez en cuando aparece alguien dispuesto a hacer ese trabajo silencioso de escuchar lo que dicen los datos.
Conviene detenerse un momento y reconocer el valor de gestos como el de David Fernández. Porque en un tiempo en el que abundan los discursos grandilocuentes sobre la transparencia, él ha hecho algo mucho más útil y mucho más raro: sentarse delante de una montaña de datos y decidir comprenderla. No ha levantado la voz, no ha señalado culpables ni ha agitado banderas morales. Se ha limitado a hacer lo que hacen los buenos artesanos de la inteligencia: trabajar con paciencia, con método y con una cierta obstinación casi quijotesca. Gracias a ese empeño, millones de contratos públicos que dormían dispersos en bases de datos administrativas empiezan ahora a dibujar un mapa que cualquiera puede observar. Y eso, en un país donde tantas veces la información se pierde entre papeles, no es poca cosa. Por eso conviene decirlo alto y claro, con la misma sobriedad con la que se agradece a un vigía que permanece despierto mientras otros duermen: gracias, David, por recordarnos que la tecnología también puede ponerse del lado de la transparencia y que, a veces, basta un ordenador, paciencia y una mente curiosa para encender una pequeña luz en mitad de la niebla.
