Hay momentos en los que uno siente que algo dentro del pecho hace un pequeño crujido, como si la realidad acabara de dar un paso más allá de la lógica. No es exactamente dolor, pero tampoco tranquilidad. Es esa sensación extraña que aparece cuando la política contemporánea patria decide ponerse creativa con el lenguaje. Me ocurrió hace unas horas, cuando leí que el Gobierno presentaba una nueva herramienta destinada a rastrear el discurso de odio en redes sociales. Hasta ahí todo parecía más o menos previsible, viniendo de donde viene. El mundo digital se ha convertido en el nuevo campo de batalla ideológico, y los gobiernos llevan tiempo buscando fórmulas para regularlo. Pero lo que me dejó mirando la pantalla con esa mezcla de incredulidad y sarcasmo que tan bien conocemos quienes llevamos años observando el espectáculo político fue el nombre elegido para el invento: HODIO. Con hache. Durante unos segundos pensé que era una errata, una de esas travesuras tipográficas de los duendes de imprenta —si queda alguno, que se muestre— que a veces se cuelan en los titulares. Luego pensé que tal vez era un acrónimo sofisticado, algo del estilo de “Herramienta de Observación Digital de Incitación y Odio”. Pero no. Era simplemente eso: odio con hache. Y ahí fue cuando imaginé mi aorta ascendente intentando escapar discretamente del cuerpo, porque nada como destrozar el diccionario para entrar de lleno en la parla del político de turno.
La política moderna mantiene una relación curiosa con las palabras. Ya no se limita a utilizarlas; las retuerce, las barniza, las reinventa o directamente las fabrica. Así aparecen términos que parecen salidos de un laboratorio de marketing político: gobernanza, resiliencia, transversalidad, talante, narrativa… y ahora también este HODIO, que suena más a marca de bebida energética que a instrumento de análisis social. Pero dejemos por un momento el atentado ortográfico y vayamos a lo importante, porque detrás del nombre hay una iniciativa que merece ser analizada con calma. Según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta herramienta permitirá rastrear la huella del odio en internet, medir su presencia en redes sociales, analizar su evolución y señalar qué plataformas actúan para frenarlo y cuáles prefieren mirar hacia otro lado. Todo ello con el objetivo declarado de exigir responsabilidades a las grandes compañías tecnológicas y evitar que el odio digital siga creciendo como una mala hierba en el jardín de internet.
Qué es HODIO: la herramienta del Gobierno para medir el discurso de odio
Sobre el papel, el planteamiento parece impecable. Nadie en su sano juicio puede defender que las amenazas, el racismo o la violencia verbal campen a sus anchas en el espacio digital. El propio Gobierno insiste en que el sistema se basará en criterios académicos, en análisis cuantitativo y en revisión experta para garantizar precisión y representatividad. Sin embargo, cuando uno empieza a rascar un poco la superficie de la propuesta, aparece inmediatamente una pregunta que lleva siglos acompañando a la política, al derecho y a la filosofía: ¿qué es exactamente el odio?. Puede parecer una cuestión sencilla, pero no lo es en absoluto. En el Código Penal español existen delitos claramente tipificados: amenazas, injurias, discriminación, incitación a la violencia. Pero el llamado “discurso de odio” es una categoría mucho más amplia, más difusa y, sobre todo, más interpretable. Criticar una religión puede considerarse libertad de expresión o puede ser etiquetado como islamofobia o cristianofobia. Criticar determinadas políticas migratorias puede ser un debate político legítimo o puede convertirse en xenofobia dependiendo de quién escuche el mensaje. Criticar determinadas corrientes ideológicas puede ser análisis social o puede ser interpretado como intolerancia. La frontera entre una cosa y otra rara vez es clara, y cuando esa frontera se vuelve difusa la tentación política de moverla según convenga se vuelve enorme.
Cuando el poder decide medir el odio, lo primero que conviene medir es quién define qué es odio
El Gobierno sostiene que HODIO se apoyará en criterios académicos para evitar esas ambigüedades, pero incluso dentro del mundo académico el consenso está lejos de existir. Hay enfoques jurídicos que consideran odio únicamente aquello que constituye delito, enfoques sociológicos que incluyen mensajes ofensivos aunque no sean ilegales y enfoques activistas que amplían la definición hasta abarcar cualquier discurso que perpetúe desigualdades estructurales que «yo» considere. Dependiendo del enfoque elegido, el mapa del odio cambia radicalmente. Lo que para unos es un insulto intolerable para otros es una opinión incómoda, y lo que para unos es un debate legítimo para otros puede ser un ejemplo claro de discriminación. Por eso, cuando un gobierno anuncia que va a medir el odio en la conversación pública, conviene preguntarse siempre quién define los parámetros de esa medición y con qué criterios lo hace.
Redes sociales, tecnofeudalismo y el control del espacio digital
En su intervención, nuestro ínclito presidente también afirmó que las redes sociales se han convertido en un “Estado fallido”, un territorio donde las normas apenas se aplican y donde la impunidad permite que el odio se convierta en un arma de polarización masiva —sí, igualito a la España de hoy— La frase no es casual. Cuando un dirigente político describe un espacio como un Estado fallido, lo que está insinuando es que ese espacio necesita ser gobernado por mi persona. Es una narrativa que hemos visto muchas veces en otros ámbitos: primero se identifica un problema grave, después se declara que el sistema actual no funciona y finalmente se propone una intervención más fuerte del Estado para corregirlo. En este caso, el terreno en disputa no es un territorio físico sino el espacio digital, ese enorme foro global donde millones de ciudadanos opinan, discuten, insultan, debaten y, a veces, también piensan. Durante décadas la conversación pública estuvo mediada por periódicos, radios y televisiones, todos ellos sujetos a estructuras de poder relativamente claras. Las redes sociales rompieron ese monopolio y permitieron que cualquiera pudiera participar en el debate. Desde entonces, los gobiernos de medio mundo han intentado recuperar parte de ese control perdido.
En el discurso de presentación de HODIO apareció también una figura que se ha convertido en el villano perfecto de nuestro tiempo: los llamados tecnoligarcas. El presidente mencionó directamente a Elon Musk y señaló que desde su llegada a la red social X el discurso de odio habría aumentado un 50 %. Es una afirmación que algunos estudios respaldan y otros cuestionan, porque medir ese tipo de fenómenos resulta enormemente complejo. En muchos casos lo que aumenta no es necesariamente el odio, sino la visibilidad de determinados contenidos cuando se reducen los sistemas de moderación previa. Durante años, muchas plataformas aplicaron filtros muy agresivos que eliminaban o enterraban ciertos mensajes antes de que pudieran circular. Cuando esos filtros se relajan, el volumen de opiniones polémicas parece crecer, pero eso no siempre significa que la sociedad se haya vuelto más odiosa; a veces simplemente significa que hay menos censura previa.
Cuando la política empieza a vigilar las palabras, la libertad de expresión suele ser la primera en ponerse nerviosa
Otro de los aspectos más llamativos de la propuesta gubernamental es la intención de tipificar el delito de amplificación algorítmica del odio, una idea que suena tan sofisticada como difícil de aplicar. Los algoritmos que gestionan las redes sociales funcionan principalmente a partir de variables como la interacción, el tiempo de visualización o la viralidad de los contenidos. Los mensajes más polarizantes suelen generar más comentarios, más reacciones y más compartidos, lo que hace que los algoritmos los impulsen de forma automática. Pero demostrar que un algoritmo ha sido diseñado deliberadamente para amplificar el odio es una tarea extremadamente compleja. Los sistemas de recomendación no entienden de ideologías ni de moral; entienden de datos y de comportamiento humano. Y el comportamiento humano, nos guste o no, siempre ha sentido una extraña atracción por el conflicto, la polémica y el enfrentamiento.
En todo este debate hay un fenómeno del que se habla poco pero que la sociología lleva décadas estudiando: la llamada espiral del silencio. Cuando las personas perciben que sus palabras pueden ser vigiladas, analizadas o clasificadas como problemáticas, muchas optan simplemente por no expresar determinadas opiniones. No porque sean ilegales, sino porque pueden resultar incómodas o malinterpretadas. Ese fenómeno produce una forma silenciosa de autocensura que empobrece el debate público. La gente empieza a medir cada frase, a suavizar cada crítica y a evitar ciertos temas para no correr riesgos. El resultado es un espacio público más previsible, más plano y, paradójicamente, menos sincero.
Medir el odio o vigilar el discurso
Conviene recordar, además, que el odio no nació con internet. Existía mucho antes de que aparecieran los smartphones y los hashtags. Existía en las tabernas, en las sobremesas familiares, en las tertulias radiofónicas y, por supuesto, en los parlamentos. Las redes sociales no inventaron el odio; lo amplificaron. Pero amplificar no es lo mismo que crear. Las tensiones sociales, los conflictos culturales y las divisiones políticas forman parte de la condición humana desde hace siglos. Pensar que los algoritmos son la causa de todos esos problemas es una simplificación tentadora, pero profundamente equivocada.
HODIO recuerda inevitablemente a iniciativas muy similares que en su día impulsaron el chavismo en Venezuela o el kirchnerismo en Argentina: leyes y observatorios supuestamente diseñados para combatir el odio, pero que en la práctica terminaron funcionando como mecanismos para señalar, vigilar y silenciar a quienes no comulgaban con el relato oficial, todo ello envuelto en la noble retórica de proteger la convivencia. El problema de fondo es que no le corresponde a los poderes públicos protegernos contra el odio, igual que tampoco tienen que protegernos contra el desencanto o la envidia. Los sentimientos, por desagradables que sean, forman parte de la condición humana y no son competencia del Boletín Oficial del Estado. De lo que sí debe protegernos el Estado es de los actos, de las agresiones, de las amenazas, de la violencia real. Pero cuando la política decide legislar sobre emociones o medirlas con algoritmos, el riesgo es evidente: que bajo la bandera de combatir el odio acabemos, sin darnos mucha cuenta, instalados en ese viejo y conocido paisaje del pensamiento único.
Y así llegamos al final de esta historia, donde volvemos al principio: HODIO, con hache. Puede que no sea más que una ocurrencia salida de algún despacho en Moncloa a altas horas, de esas en las que alguien, con el entusiasmo que dan las ideas repentinas y la copa a medio terminar, debió decir aquello de: «sujétame el cubata», mientras el diccionario, pobre criatura, agonizaba discretamente en la estantería. Puede que sea una simple estrategia para captar titulares. O puede que sea un símbolo involuntario de algo más profundo: la tendencia contemporánea a reinventar el lenguaje para poder controlar mejor la realidad que describe. Porque cuando el poder empieza a medir el discurso de los ciudadanos, a clasificar sus palabras y a publicar informes sobre quién habla correctamente y quién no, conviene mantener algo más que el diccionario a mano. Conviene mantener también el espíritu crítico bien afilado. Y si ese espíritu crítico incomoda a alguien, tal vez no sea odio. Tal vez sea simplemente una vieja y saludable costumbre llamada libertad de expresión.
Y mientras todo esto ocurre, mientras el Gobierno presenta observatorios, métricas y algoritmos para medir el odio en internet, aquí estoy yo, mirando la pantalla con esa mezcla de curiosidad y perplejidad que se le queda a uno cuando la política decide ponerse creativa con el lenguaje. En la imagen que acompaña este artículo aparezco como lo que quizá algunos ya consideran: un viejo odiador, sentado frente al teclado, con el micrófono abierto y las gafas iluminadas por la luz azul de la pantalla, intentando entender cómo hemos llegado al punto en el que el odio se escribe con hache y se convierte en una herramienta estadística del poder. No sé si HODIO servirá para mejorar el debate público o para vigilarlo un poco más, pero confieso que, visto desde este lado del monitor, uno no puede evitar quedarse ligeramente perplejo ante las aviesas intenciones —o al menos las sospechosas ocurrencias— de nuestros políticos.
¿Qué dice la RAE sobre el odio? Si uno tiene la tentación, cada vez más subversiva en estos tiempos, de abrir el diccionario de la Real Academia Española, descubrirá que el asunto no es tan difuso como algunos discursos políticos pretenden hacernos creer. La Academia define el odio con una claridad casi incómoda para la política contemporánea: “antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”. Es decir, un sentimiento profundo de rechazo que implica incluso el deseo de daño. Nada que ver, por tanto, con discrepar, criticar o cuestionar ideas. Pero ya sabemos que cuando la política entra en el terreno del lenguaje, la creatividad y el sesgo de nuestros dirigentes puede convertir una palabra bastante precisa en una especie de plastilina conceptual capaz de adoptar cualquier forma que convenga al relato del momento. Y así, lo que ayer era simplemente una opinión incómoda puede acabar hoy, tras pasar por el laboratorio retórico del poder, convenientemente etiquetado como discurso de odio. Y claro, en ese nuevo reparto de etiquetas, al odiador ni agua… y el bacalao, por cajas.
