Hace casi un año escribí un artículo titulado “Francia mete la tijera: el hachazo de 44.000 millones al gasto público”. Lo publiqué el 16 de julio de 2025, cuando Francia puso sobre la mesa un plan de ajuste que pretendía recortar 44.000 millones de euros para contener una deuda pública que llevaba tiempo creciendo como esas humedades viejas que uno ve en la pared, pero prefiere tapar con un cuadro antes que llamar al albañil. En aquel texto decía que Francia no estaba simplemente haciendo números. Francia estaba oliendo el abismo. Y no me retracto.
Porque entonces muchos pudieron pensar que aquello era cosa de franceses. Ya saben: París, sus huelgas, sus chalecos amarillos, sus sindicatos con más vida que algunas instituciones medievales y esa admirable costumbre gala de montar una barricada antes de que el café se enfríe. Pero no. Lo de Francia no era una excentricidad nacional. Era la primera campanada seria de una iglesia europea que lleva años tocando a muerto sin que nadie quiera mirar el cementerio.
Ahora llega Alemania. Y cuando Alemania empieza a hablar de recortes en el Estado del bienestar, conviene sentarse. No en una silla de plástico de tertulia televisiva, sino en una de madera recia, de esas donde se sentaban nuestros abuelos para hacer cuentas con lápiz, papel y una verdad por delante: no se puede gastar eternamente lo que no se tiene.
Alemania, la gran locomotora europea, la maestra severa de la disciplina fiscal, la que miraba a los países del sur como quien contempla a un primo manirroto que siempre llega tarde a pagar la ronda, ha empezado a poner números a una realidad incómoda. Aumenta con fuerza el gasto en defensa, prepara más inversión militar y, al mismo tiempo, abre la puerta a recortes en partidas sociales. Es decir: Alemania también ha descubierto que el dinero público no se estira hasta el infinito.
Dicho en cristiano viejo: Alemania va a gastar mucho más en cañones, trincheras digitales, munición, blindados, defensa aérea y todo ese catálogo que Europa creyó durante treinta años que podía dejar en manos de los estadounidenses mientras nosotros nos dedicábamos a inaugurar rotondas, observatorios, estrategias, agencias, ministerios y mesas de diálogo con café de cápsula.
Al mismo tiempo, se habla de recortes que rondan los 40.000 millones de euros en partidas vinculadas al Estado del bienestar, especialmente sanidad, pensiones y prestaciones sociales. Algunos lo presentan como un hachazo social para financiar el rearme. Otros lo matizan dentro de un paquete de reformas, ahorro y cierre de agujeros presupuestarios. Pero el fondo no cambia: Alemania, como antes Francia, empieza a decir en voz alta que no puede pagarlo todo a la vez. Y esa frase debería estar escrita en mármol a la entrada del Congreso de los Diputados: no se puede pagarlo todo a la vez. Porque aquí seguimos fingiendo que sí.
El problema europeo no es sólo la guerra. Conviene decirlo, porque enseguida aparecerán los de siempre con el catecismo bajo el brazo, unos para culpar de todo a Putin, otros para culpar de todo a la OTAN, otros para culpar de todo a Bruselas, y alguno, más castizo, para culpar a Franco, al capitalismo, al neoliberalismo, al comunismo, al mercado, a los ricos, a los pobres o al vecino del quinto que no recicla como Dios manda.
La guerra importa, claro que importa. La invasión rusa de Ucrania ha despertado a Europa de una siesta larguísima. De pronto hemos descubierto que la paz no era gratis, que la defensa europea no era una antigualla para generales con bigote, que la energía barata tenía dueño, que las cadenas de suministro podían romperse, que las fronteras volvían a pesar y que el paraguas norteamericano quizá no iba a estar siempre abierto sobre nuestras cabezas.
Pero sería demasiado cómodo decir que todo esto ocurre por la guerra. La guerra es el acelerador. No la causa única. El verdadero incendio empezó antes, cuando Europa decidió vivir como si el invierno demográfico, fiscal e industrial no fuera con ella.
El Estado del bienestar europeo nació de una combinación histórica muy concreta: crecimiento económico, población joven, productividad creciente, energía razonablemente barata, deuda manejable y una paz prolongada que permitía gastar más en hospitales que en tanques. Fue una conquista admirable. Quizá la más noble del viejo continente después de haberse despedazado dos veces en el siglo XX como una manada de lobos con uniforme. Pero ese modelo exige cimientos. Y los cimientos están agrietados.
Cada vez hay más pensionistas. Cada vez vivimos más años. Cada vez la sanidad cuesta más porque la medicina avanza, los tratamientos son más caros y las sociedades envejecidas consumen más recursos sanitarios. Cada vez hay menos trabajadores por cada jubilado. Cada vez las economías europeas compiten peor frente a gigantes que producen más barato, innovan más rápido o directamente juegan con reglas menos delicadas. Y cada vez hay más ciudadanos convencidos de que el Estado puede prometerlo todo, pagarlo todo, cubrirlo todo y resolverlo todo sin exigir nada a cambio. Pues no.
El Estado no es una lámpara mágica. El Estado es una caja. Y en una caja, por mucho que se la envuelva con banderas, himnos, eslóganes inclusivos y discursos solemnes, entra lo que entra y sale lo que sale. Si sale mucho más de lo que entra, primero aparece la deuda pública. Luego los intereses. Luego los mercados. Luego Bruselas. Luego las cartas con membrete elegante y contenido fúnebre. Y al final, si uno sigue haciéndose el despistado, aparece la tijera. La tijera de Francia. La tijera de Alemania. La tijera que mañana podría pasar por España con menos educación y más prisa.
Eso es lo que me preocupa.
No que se reforme el Estado del bienestar. Eso es inevitable. Lo que me preocupa es que se reforme tarde, mal y a patadas. Que se toque cuando ya no quede margen. Que se haga lo de siempre: esperar a que el agua llegue al cuello para descubrir que no sabemos nadar. Y entonces vendrán los recortes brutales, injustos, apresurados, aplicados por gobiernos que se pasarán años negando el problema y luego pedirán sacrificios a los mismos ciudadanos a los que estuvieron comprando con promesas imposibles.
España debería mirar lo de Francia y Alemania como quien ve humo en el monte vecino una tarde de agosto. No para entrar en pánico, pero sí para llenar cubos, preparar mangueras y dejar de hacer barbacoas junto al pinar.
Porque España tiene su propio polvorín. Deuda pública elevada. Déficit persistente. Pensiones tensionadas. Paro estructural. Baja productividad. Exceso de burocracia. Una administración que en demasiadas ocasiones confunde servicio público con laberinto. Una política que ha convertido el presupuesto en una herramienta de propaganda. Y una ciudadanía a la que se le ha contado durante demasiado tiempo que todo derecho imaginable puede convertirse en prestación, subvención, bono, cheque, ayuda, plan, programa o ingreso garantizado sin que nadie explique jamás quién paga la cuenta.
Y la cuenta la pagan siempre los mismos. El trabajador. El autónomo. La pyme. El contribuyente silencioso. Ese ciudadano que madruga, paga IVA, IRPF, cotizaciones, tasas, carburantes, luz, seguros, hipoteca o alquiler, y encima tiene que escuchar a algún iluminado explicarle que hace falta otro observatorio, otra campaña, otra secretaría, otro comité y otra estructura para gestionar la estructura que evalúa la estructura anterior.
No se trata de cargarse el Estado del bienestar. Al contrario. Se trata de salvarlo de sus peores enemigos, que no son siempre quienes lo critican, sino quienes lo utilizan como una tarjeta de crédito electoral sin límite conocido.
El Estado del bienestar no se salva negando sus problemas, sino limpiándolo de grasa, deuda, duplicidades y propaganda antes de que llegue la tijera
Porque el Estado del bienestar no se defiende negando sus problemas. Se defiende limpiándolo de grasa, fraude, duplicidades, propaganda, clientelismo y gasto inútil. Se defiende protegiendo lo esencial: sanidad, educación, dependencia, pensiones dignas, seguridad, justicia e infraestructuras básicas. Y se defiende admitiendo que una sociedad envejecida, endeudada y poco productiva no puede sostener indefinidamente el mismo nivel de gasto si no cambia algunas cosas de raíz.
España necesita medidas urgentes. No cosmética. No comisiones de expertos para que un ministro salga en rueda de prensa con cara de estadista y un informe que nadie leerá. Medidas reales.
La primera debería ser una auditoría seria del gasto público, independiente, transparente y con consecuencias. No una auditoría para titulares. Una revisión partida por partida, administración por administración, organismo por organismo. Hay que saber qué funciona, qué sobra, qué se solapa y qué existe sólo porque alguien lo creó un día para colocar a alguien, contentar a alguien o fingir que se hacía algo. Si una política pública no cumple objetivos, se corrige o se elimina. Lo demás es liturgia.
La segunda medida urgente es reformar la Administración para reducir duplicidades. España no puede permitirse diecisiete versiones de todo, multiplicadas por diputaciones, mancomunidades, empresas públicas, consorcios, agencias, fundaciones y entes con nombres tan largos que parecen escritos por un opositor con fiebre. La descentralización puede ser útil. La duplicación absurda, no. Hay servicios que deben prestarse cerca del ciudadano. Y hay estructuras que sólo prestan sombra a quienes viven dentro de ellas.
La tercera es blindar lo esencial y recortar lo accesorio. Esta frase debería parecer de sentido común, pero en España el sentido común cotiza bajo. Antes de tocar sanidad o dependencia hay que revisar subvenciones improductivas, gasto político, estructuras redundantes, campañas de imagen, asesores, chiringuitos ideológicos y programas que sobreviven no porque sean útiles, sino porque tienen padrino. No todo gasto social es justo. No todo gasto público es necesario. No toda partida con nombre bonito mejora la vida de nadie.
La cuarta es una reforma seria de las pensiones, explicada con respeto a los mayores y con honestidad a los jóvenes. Las pensiones deben protegerse, pero no se puede seguir mintiendo. Si hay menos cotizantes por pensionista, si vivimos más años y si los salarios no crecen lo suficiente, la ecuación no se arregla con pancartas. Hará falta incentivar carreras laborales más largas para quien pueda y quiera, fomentar sistemas complementarios de ahorro, vincular mejor cotización y prestación, y proteger especialmente a quienes tienen pensiones bajas. Lo contrario es pan para hoy, ruina para mañana y cinismo para siempre.
La quinta es apostar de verdad por productividad, industria e innovación. España no puede conformarse con ser un país de camareros heroicos, funcionarios exhaustos, autónomos molidos y jóvenes encadenando contratos de temporada mientras los políticos hablan de transformación digital desde edificios donde aún se pide cita previa para entregar un papel que ya debería existir en una base de datos. Sin productividad no hay salarios altos. Sin salarios altos no hay cotizaciones suficientes. Sin cotizaciones suficientes no hay bienestar sostenible. Así de antipático y así de simple.
La sexta es una política energética sensata. Sin energía abundante, barata y estable no hay industria, no hay competitividad y no hay soberanía económica. Podemos llenar discursos de transición verde, que queda estupendo, pero si la energía se dispara, las fábricas se marchan, las empresas pierden músculo y el contribuyente acaba pagando la poesía con facturas. España debería aprovechar sus ventajas renovables, sí, pero sin sectarismo tecnológico, sin demonizar debates y sin renunciar a una planificación seria de almacenamiento, redes, respaldo y seguridad de suministro.
La séptima es tomarse en serio la natalidad y la conciliación, no con cartelitos, sino con políticas fiscales, vivienda accesible, estabilidad laboral y apoyo real a las familias. Una sociedad que no tiene hijos está votando, aunque no lo sepa, por una pirámide demográfica invertida. Y una pirámide invertida no sostiene un Estado del bienestar. Lo convierte en una acrobacia.
La octava es poner orden en la inmigración con inteligencia y firmeza. España necesitará trabajadores. Europa los necesitará. Pero integrar no es abrir una puerta y rezar. Integrar exige empleo, idioma, formación, reglas claras, respeto a la ley y capacidad de absorción. La inmigración puede ser parte de la solución si se gestiona bien. Si se gestiona mal, se convierte en otro foco de tensión social, económica y política.
La novena es elevar el debate público. Y esto, lo sé, suena casi revolucionario. Pero no podemos afrontar lo que viene con tertulias de griterío, propaganda de partido y redes sociales convertidas en vertederos de consignas. Hay que decir la verdad: sostener el Estado del bienestar va a exigir sacrificios, reformas y prioridades. Quien prometa lo contrario miente. Y quien miente en esto no está haciendo campaña. Está hipotecando el país.
Sostener el Estado del bienestar va a exigir sacrificios, reformas y prioridades. Quien prometa lo contrario miente.
¿Significa todo esto que Europa debe desmontar su modelo social? No. Significa que debe dejar de tratarlo como un dogma religioso. El Estado del bienestar fue una construcción política admirable, pero no es una reliquia intocable. Si no se adapta, se rompe. Y si se rompe, lo pagarán precisamente quienes más lo necesitan.
El problema es que Europa se está viendo obligada a elegir en un momento especialmente incómodo. Tiene que gastar más en defensa porque el mundo se ha vuelto más peligroso. Tiene que invertir en industria porque ha perdido competitividad. Tiene que financiar la transición energética porque se comprometió a ello. Tiene que sostener pensiones porque envejece. Tiene que mantener sanidad porque sus ciudadanos la necesitan. Tiene que proteger fronteras, digitalizar administraciones, modernizar infraestructuras y pagar intereses de una deuda que no deja de recordar que el pasado también cobra alquiler. Y todo eso no cabe en el mismo bolsillo.
Francia lo vio en 2025 y amagó con sacar la tijera. Alemania lo ve ahora y empieza a recortar donde hasta hace poco parecía impensable. España debería tomar nota antes de que la nota nos la escriban otros.
Porque aquí seguimos teniendo una peligrosa tendencia a pensar que las crisis son cosas que les pasan a los demás hasta que un día nos despiertan a bofetadas. Nos ocurrió con la burbuja inmobiliaria. Nos ocurrió con la crisis financiera. Nos ocurrió con la pandemia. Nos ocurre con la deuda. Y puede ocurrirnos con el Estado del bienestar si seguimos fingiendo que basta con subir impuestos, emitir deuda y confiar en que Europa, el Banco Central Europeo o la Virgen de la Macarena presupuestaria nos saquen del apuro.
No se trata de elegir entre cañones y mantequilla, como se decía antes. Se trata de admitir que, cuando el mundo se pone feo, los cañones vuelven a la conversación. Y cuando los cañones vuelven, la mantequilla se encarece. La defensa no es gratis. La sanidad no es gratis. Las pensiones no son gratis. La educación no es gratis. Nada es gratis. Sólo cambia quién paga, cuándo paga y cuánto tarda en enterarse.
Mi impresión es que estamos entrando en una etapa de bienestar condicionado. Menos promesas universales, más filtros. Menos gasto alegre, más control. Menos café para todos, más prioridades. Menos Estado paternalista de barra libre, más Estado concentrado en lo esencial. Puede hacerse bien o puede hacerse mal. Puede hacerse con justicia o con brutalidad. Puede hacerse pensando en los ciudadanos o pensando en salvar el pellejo electoral de quienes mandan. Y ahí España aún está a tiempo.
A tiempo de reformar antes de recortar. A tiempo de ordenar antes de amputar. A tiempo de proteger lo importante antes de que lo importante se vea arrastrado por lo superfluo. A tiempo de decir que el Estado del bienestar no se salva con discursos lacrimógenos ni con pancartas, sino con riqueza, trabajo, productividad, responsabilidad fiscal y una administración decente.
Lo de Francia fue un aviso. Lo de Alemania es una confirmación. La vieja Europa, esa señora elegante que presumía de derechos sociales mientras otros le garantizaban la seguridad y le compraban los productos, empieza a descubrir que la Historia no se había jubilado. Sólo estaba esperando en la puerta, fumándose un cigarro. Y cuando la Historia vuelve, conviene tener las cuentas en orden.
España, por desgracia, no las tiene. Pero aún puede empezar. Y debería hacerlo ya, antes de que la tijera llegue no como herramienta de cirugía fina, sino como hacha de carnicero.
Porque entonces, como siempre, los que prometieron protegerlo todo dirán que no había alternativa. Y los ciudadanos, que pagamos la fiesta incluso cuando no nos invitan, volveremos a descubrir que el Estado del bienestar no muere de golpe. Primero se endeuda. Luego se deteriora. Después se politiza. Más tarde se vuelve insostenible. Y finalmente lo recortan quienes durante años juraron defenderlo.
Ahí está el aviso a navegantes.
Francia encendió la bengala. Alemania ha disparado el cañonazo. España haría bien en dejar de mirar para otro lado.
