El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial y lo ha presentado, cómo no, como si España acabara de plantar su bandera en la luna digital. Liderazgo. Innovación. IA humanista. Supervisión humana. Confianza. Futuro. Todo el repertorio habitual de la liturgia ministerial cuando se junta una palabra moderna con una rueda de prensa y un atril. Pero conviene templar gaitas.
La propia nota de prensa reconoce que este proyecto de ley adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, en vigor desde agosto de 2024. Es decir: España no está inventando la regulación de la IA. España está preparando el andamiaje interno para aplicar lo que ya viene marcado desde Bruselas. Y eso no es malo. Al contrario. Es necesario.
Hace falta definir el régimen sancionador. Hace falta articular el papel de la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Hace falta ordenar quién vigila, quién coordina, quién sanciona y quién responde cuando un sistema de IA se mete donde no debe. Hace falta también ese inventario de sistemas de inteligencia artificial utilizados en procedimientos administrativos del sector público estatal, porque la Administración no puede convertirse en una caja negra con membrete oficial. Todo eso importa. Pero llamarlo liderazgo mundial ya es otra película. Y no precisamente de ciencia ficción buena.
Porque España no regula la inteligencia artificial por su cuenta. La regula la Unión Europea mediante el Reglamento de IA. España adapta, desarrolla procedimientos, fija mecanismos nacionales y monta su estructura doméstica. Que no es poco. Pero tampoco es la toma de Constantinopla con algoritmos.
Y entonces aparece en nota de prensa del ministerio la frase de López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que merece vitrina propia en el museo nacional de la hipérbole política: “España es un país líder mundial en el desarrollo y la adopción de la IA, pero también es el líder mundial en la regulación de la IA”. De traca.
Confundir hablar mucho de inteligencia artificial con liderar la inteligencia artificial es como creerse almirante por mirar barcos desde el puerto
España no es líder mundial en regulación de la IA porque la regulación de la IA, en lo esencial, la ha hecho la Unión Europea mediante el Reglamento de Inteligencia Artificial. España está adaptando, organizando, procedimentando y montando el tinglado nacional para aplicar lo que ya viene de Bruselas. Que tiene su importancia, sí. Pero no convierte al país en faro civilizatorio de la inteligencia artificial, por mucho que se ilumine el atril.
Y en cuanto a ser líder mundial en desarrollo y adopción de IA, convendría no confundir los deseos con los datos ni las notas de prensa con los informes serios. Estados Unidos, China, Reino Unido, Canadá, Alemania y otros juegan en otra liga en inversión, modelos fundacionales, músculo investigador y capacidad industrial. España puede tener buenas iniciativas, talento y margen de crecimiento. Pero de ahí a presentarse como líder mundial hay un trecho. Y no es un trecho: es una autopista de seis carriles.
España podrá estar bien situada en conversación pública, en iniciativas regulatorias o en menciones parlamentarias sobre inteligencia artificial. Pero confundir hablar mucho de IA con liderar la IA es como creerse almirante por mirar barcos desde el puerto.
El Proyecto de Ley de IA en España puede ser útil. Debe serlo. Si sirve para garantizar supervisión humana, proteger derechos fundamentales, controlar usos prohibidos, exigir transparencia y poner orden en el uso de algoritmos por parte del sector público, bienvenido sea.
Pero vender una adaptación obligada del Reglamento europeo de IA como si España estuviera guiando al planeta con una antorcha digital en la mano es pasarse tres pueblos y medio.
Esto no es liderazgo mundial.
Es cumplir con Bruselas.
Y envolverlo después en marketing político con purpurina tecnológica.
