El incendio que siempre sorprende
Hay países en los que las catástrofes enseñan algo y hay otros, como el nuestro, donde sirven para convocar una rueda de prensa, repartir chalecos reflectantes y volver a cometer exactamente los mismos errores al año siguiente. España pertenece con entusiasmo a la segunda categoría. Aquí el incendio de julio siempre es inesperado, como la nieve en enero, la lluvia en otoño o las facturas después de unas elecciones. Nadie podía preverlo, aseguran con gesto compungido quienes llevan décadas elaborando planes de prevención, estrategias forestales, protocolos de emergencia y presentaciones en PowerPoint cuyo principal mérito consiste en no chamuscarse cuando arde el despacho donde se guardan.
El año pasado publiqué en este blog “España en llamas y el Gobierno en la siesta”. Entonces ardían Galicia, Extremadura y Castilla y León, y el país entero olía a monte carbonizado, impotencia y despacho cerrado por vacaciones. Advertía de una Administración central pródiga en anuncios, impuestos y discursos, pero bastante menos diligente cuando llegaba el momento de poner sobre el terreno hombres, máquinas, aeronaves y decisiones. Ha transcurrido casi un año y aquí estamos otra vez, solo que peor, contemplando incendios de una violencia extraordinaria a las puertas de Madrid y escuchando las mismas explicaciones pronunciadas por bocas distintas.
La novedad, por llamarla de algún modo, es que esta vez el Gobierno ha tenido que declarar la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila y entregar la dirección operativa a la Unidad Militar de Emergencias. Nunca había ocurrido algo semejante por incendios forestales en España. El fuego iniciado en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias y el procedente de Burgohondo han desbordado límites municipales y autonómicos, han obligado a evacuar o confinar a decenas de miles de personas y han convertido buena parte del oeste madrileño y del sur de Ávila en una geografía de humo, carreteras cortadas, casas amenazadas y vecinos que salen de madrugada con el DNI, unas medicinas y lo primero que alcanzan a meter en una bolsa.
Conviene detenerse un momento ante esa declaración de emergencia nacional, porque detrás del lenguaje administrativo hay una verdad bastante menos decorosa: los dispositivos ordinarios no bastaron. El incendio creció hasta exigir un mando único, recursos extraordinarios y ayuda internacional. Eso puede ser técnicamente necesario y hasta sensato; lo indecente sería presentarlo como una inesperada hazaña de coordinación y no como lo que también es: la constatación de que el país llegó otra vez tarde a una amenaza que conocía de sobra.
Fuegos que fabrican su propio infierno
Se habla ahora de incendios de sexta generación, expresión que suena a película de catástrofes hasta que uno ve la columna de humo levantarse como una montaña negra, atravesada por corrientes violentas, rayos, brasas y remolinos de fuego. Son incendios de enorme intensidad y comportamiento errático, capaces de generar pirocúmulos, tormentas propias, cambios bruscos de dirección y proyecciones de material incandescente a kilómetros de distancia. En determinado momento dejan de ser un frente que avanza por el monte y se convierten en un sistema atmosférico autónomo, una bestia que respira, acelera y modifica las condiciones a su alrededor.
Cuando los responsables de emergencias reconocen que algunos frentes se encuentran fuera de la capacidad de extinción, no están diciendo que falten dos camiones o tres helicópteros. Están afirmando algo mucho más grave: que ya existen en España incendios que, durante ciertas fases, ningún dispositivo humano puede atacar directamente sin mandar a sus efectivos al matadero. En esas circunstancias solo queda proteger poblaciones, trabajar sobre los flancos, evacuar, contener lo contenible y esperar a que el viento, la humedad o la temperatura concedan una oportunidad.
Pero aquí aparece la primera trampa del relato oficial. Que un incendio resulte inextinguible cuando alcanza determinada potencia no significa que fuese inevitable que la alcanzara. Una vez que el monstruo se ha levantado quizá no haya avión, brigada ni ejército capaz de frenarlo; la cuestión es por qué se permitió que encontrara kilómetros de vegetación continua, combustible acumulado, montes abandonados, urbanizaciones vulnerables y medios insuficientes para intervenir cuando todavía era una llama y no una tormenta.
Decir que el incendio no podía apagarse es una explicación técnica. Utilizarlo para evitar cualquier pregunta sobre lo sucedido antes es una indecencia política.
Los quince aviones de papel
El pasado 21 de mayo, con la solemnidad habitual de quien presenta una flota imperial, el presidente del Gobierno anunció que España afrontaría la campaña con quince aviones anfibios, nuevos helicópteros, drones, cámaras térmicas, vehículos y hasta un sistema apagafuegos para aeronaves A400M. Se habló del mayor despliegue estatal realizado hasta la fecha, expresión muy del gusto de esta Administración, donde cada plan es histórico, cada presupuesto no tiene precedentes y cada fracaso pertenece invariablemente a otra institución.
Sobre el papel, España parecía preparada para apagar el infierno con una precisión casi prusiana. Dos meses después, cuando el cielo de Madrid se volvió naranja, comenzaron las preguntas incómodas sobre cuántos de aquellos aviones estaban realmente operativos. Diversas informaciones señalaron que solo siete aparatos se encontraban disponibles a comienzos de julio, mientras el resto estaba inactivo, en mantenimiento o pendiente de incorporación. El Gobierno discutió las cifras y defendió la suficiencia del dispositivo, como suelen hacer los gobiernos cuando las máquinas prometidas no aparecen: primero anuncian un número redondo y después explican que el ciudadano no ha sabido interpretar correctamente lo anunciado.
Y como aquellos magníficos medios nacionales no parecían bastar, España tuvo que activar el mecanismo europeo de protección civil y solicitar aviones extranjeros. Llegaron Canadair de Grecia e Italia para ayudar a combatir unos fuegos que afectaban al centro mismo del país. Es de agradecer, naturalmente, que nuestros socios acudan cuando se los necesita. Lo que resulta menos edificante es haber pasado en apenas dos meses del “mayor despliegue estatal de la historia” a mirar el cielo esperando que aparezcan hidroaviones con otra bandera pintada en el fuselaje.
Un avión anfibio no hace milagros. No limpia el monte en enero, no sustituye al pastoreo, no crea discontinuidades en la vegetación y tampoco puede lanzarse contra una columna convectiva sin riesgo para la tripulación. Pero entre reconocer esas limitaciones y aceptar que buena parte de la flota prometida no esté disponible existe una distancia considerable. La distancia que separa la planificación de la propaganda.
Un avión anunciado en mayo, fotografiado en una presentación y ausente cuando llega julio no es un medio de extinción. Es atrezo gubernamental.
El cambio climático, ministro sin cartera
A estas alturas ha aparecido ya la explicación universal: el cambio climático. Se pronuncia la expresión con voz grave, gesto científico y la tranquilidad de quien acaba de encontrar al culpable perfecto, uno que no concede entrevistas, no comparece en el Congreso, no presenta recurso ni puede ser cesado. El cambio climático sirve para explicar el calor, la sequía, el incendio, la inundación, la cosecha perdida y, llegado el caso, la imprevisión de quienes llevan años cobrando precisamente para anticiparse a todo eso. Es el ministro sin cartera más eficaz de España: carga con cualquier desastre, acepta todas las responsabilidades y jamás exige presupuesto, coche oficial ni indemnización.
Que nadie se equivoque, porque tampoco se trata de caer en la simpleza contraria: el cambio climático existe y agrava de manera evidente las condiciones en las que nacen y se propagan los grandes incendios. Temperaturas cada vez más altas, sequías prolongadas, humedad mínima, vegetación reseca y episodios extremos de viento convierten cualquier chispa en una amenaza mucho más seria que hace unas décadas. Negarlo sería tan necio como internarse en un pinar en pleno agosto con una lata de gasolina, una caja de cerillas y la confianza de que la Virgen proveerá. El clima ha cambiado, los periodos de riesgo se alargan y los incendios encuentran ahora unas condiciones extraordinariamente favorables para crecer con una velocidad y una violencia que ponen contra las cuerdas incluso a los mejores dispositivos de extinción.
Lo intolerable comienza cuando esa realidad científica se convierte en absolución política, en un enorme biombo verde detrás del cual se esconden años de abandono, presupuestos sin ejecutar, contratos demorados y decisiones que nadie quiso adoptar porque limpiar el monte no da titulares ni permite inaugurar nada. El clima no deja sin desbrozar las franjas de seguridad, no reduce las brigadas, no encadena a los bomberos forestales a la precariedad, no abandona caminos ni permite urbanizaciones pegadas al bosque sin accesos suficientes y planes de evacuación dignos de ese nombre. Tampoco vacía los pueblos sin ofrecer alternativas económicas, elimina el pastoreo, desprecia los aprovechamientos tradicionales o mantiene en tierra los aviones solemnemente anunciados dos meses antes. Todo eso lo hacen los seres humanos, y algunos cobran sueldos públicos bastante generosos por impedirlo.
El cambio climático puede explicar por qué el combustible está más seco, pero no por qué se permitió que se acumulara durante años hasta convertir el territorio en un polvorín. Puede explicar la intensidad del calor y la violencia del viento, pero no por qué faltaba personal, por qué determinados trabajos preventivos quedaron sin hacer o por qué los medios prometidos no estaban disponibles cuando las llamas comenzaron a aproximarse a las casas. Puede explicar que los veranos sean cada vez más largos y peligrosos, pero no que las administraciones, sabiendo todo esto, continúen organizando la prevención como si viviéramos en 1990 y cada incendio fuese una extravagancia meteorológica imposible de prever.
Cuanto mayor es el conocimiento del riesgo, mayor debería ser la responsabilidad de quien gobierna. Sin embargo, en España ocurre al revés: cuanto más se conoce el fenómeno, más elaborado parece volverse el catálogo de excusas. Se invocan escenarios climáticos, anomalías térmicas y situaciones extraordinarias con una solemnidad casi litúrgica, como si pronunciar correctamente el diagnóstico dispensara de aplicar el tratamiento. El cambio climático no debería aliviar la responsabilidad de las administraciones, sino multiplicarla, porque quien sabe que el monte arderá antes, más deprisa y con mayor intensidad tiene todavía menos derecho a llegar tarde.
Convertir el calentamiento global en respuesta automática ante cualquier crítica es otra forma de negacionismo. No niega el cambio del clima, desde luego; niega la responsabilidad humana concreta, administrativa y política. Sustituye nombres, cargos, contratos y decisiones por una abstracción planetaria contra la que nadie puede presentar una querella. Y así, entre una conferencia sobre resiliencia, una estrategia con horizonte 2050 y una declaración institucional sobre la emergencia climática, se consigue el prodigio de hablar durante horas del incendio sin explicar por qué el monte estaba abandonado, el dispositivo era insuficiente o los aviones seguían sin despegar.
Pero tampoco conviene cargarle al clima pecados que pertenecen a una fauna mucho más próxima. Porque el cambio climático puede explicar por qué el combustible está más seco. No explica quién acercó la llama. Y ahí conviene abandonar por un momento los despachos, los ministerios y las consejerías para hablar de otra especie autóctona, abundante y particularmente peligrosa: el imbécil de la cerilla.
El imbécil de la cerilla
Y luego están los paisanos, que también conviene nombrarlos porque no todo el monte lo incendian el clima, la sequía, la desidia administrativa o una conjura universal de los elementos. Hay fuegos que empiezan con una mano humana y con un cerebro que, por decirlo de forma caritativa, apenas alcanza para mantener las constantes vitales. El peor es el pirómano, naturalmente: el que prende fuego por placer, venganza, negocio, resentimiento o simple fascinación ante las llamas; para ese no debería haber comprensión de sobremesa, diagnóstico convertido en coartada ni condena de saldo, sino cárcel, responsabilidad económica por cada euro gastado y cada patrimonio destruido, y años de trabajo obligatorio en restauración forestal, abriendo cortafuegos, retirando madera quemada y contemplando de cerca el daño que causó. Quien incendia deliberadamente un monte no quema solo pinos y matorral: pone en peligro vidas, arruina pueblos, mata animales, destruye décadas de trabajo y obliga a centenares de personas a jugarse el pellejo para reparar su barbaridad. A ese individuo habría que hacerle entender, durante todo el tiempo que permita la ley y sin descuentos sentimentales, que el fuego que encendió no terminó cuando se apagó la última llama.
Después viene la nutrida cofradía del imbécil imprudente, menos siniestra en apariencia pero a menudo igual de eficaz. Está el campeón que monta una paella en mitad del campo durante una alerta máxima porque su cuñado asegura que controla mucho de fuego; el que enciende una barbacoa bajo los pinos con treinta y ocho grados, viento y una humedad que convierte una rama en pólvora; el artista que utiliza una radial, una desbrozadora o una soldadora junto a vegetación seca y considera que las chispas son un detalle ornamental; el agricultor que quema rastrojos cuando está prohibido porque siempre se ha hecho así; el dominguero que lanza petardos o cohetes en pleno verano; el excursionista que abandona una hoguera mal apagada; el que deja brasas humeantes y se marcha convencido de que echarles medio vaso de agua constituye ingeniería forestal; el propietario que acumula maleza alrededor de su casa y después exige que cinco dotaciones la defiendan; y, por supuesto, el perfecto gilipollas que baja la ventanilla del coche, arroja una colilla encendida y sigue conduciendo con esa serenidad que solo concede la completa ausencia de conciencia. A todos ellos debería caerles algo más serio que una multa asumible y una reprimenda administrativa: si su irresponsabilidad provoca un incendio, cárcel cuando corresponda, reparación íntegra del daño, inhabilitación para determinadas actividades y años de trabajo efectivo en limpieza, recuperación y vigilancia del monte. Porque una negligencia que puede matar no es una travesura, y la estupidez deja de ser una circunstancia atenuante cuando se practica con fuego en agosto.
También está el cretino tecnológico, versión moderna del mismo animal: el que hace volar un dron sobre una zona incendiada y obliga a retirar los medios aéreos; el que se acerca a grabar vídeos para sus redes, bloquea caminos y dificulta el paso de los bomberos; el que ignora una orden de evacuación porque quiere proteger cuatro macetas y luego necesita que dos agentes arriesguen la vida para sacarlo; el que difunde bulos sobre carreteras abiertas, pueblos evacuados o supuestas tramas incendiarias mientras los servicios de emergencia intentan gestionar el caos; y el que convierte cada desgracia en un espectáculo, una fotografía o una ocasión para demostrar que él sabe más que los técnicos. El fuego necesita combustible, oxígeno y calor; en España suele encontrar además una cuarta condición extraordinariamente abundante: el idiota convencido de que las normas están escritas para los demás.
Naturalmente, las administraciones no pueden esconderse detrás de estos sujetos como antes se escondían detrás del cambio climático. Que haya pirómanos, negligentes y descerebrados no exime al Estado, a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos de prevenir, vigilar y sancionar. Al contrario: puesto que sabemos que cada verano aparecerá algún necio con una cerilla, una colilla, una radial o una barbacoa, la obligación pública consiste precisamente en anticiparse a él. Hace falta vigilancia real, investigación rápida, condenas proporcionadas a la magnitud del daño y sanciones que no terminen siendo una cantidad ridícula frente a miles de hectáreas calcinadas. Y hace falta que las sentencias incluyan, siempre que jurídicamente sea posible, restauración ambiental y trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el monte. Tal vez después de pasar varios veranos retirando restos quemados, reconstruyendo senderos y plantando árboles bajo el sol, alguno comprenda por fin que una chispa no es una anécdota y que el campo no es el patio trasero de su estupidez.
No habrá prevención suficiente mientras provocar un incendio, por dolo o por una negligencia temeraria, siga percibiéndose como una desgracia difusa cuya factura termina pagando el contribuyente. Quien quema, paga; quien destruye, repara; quien pone vidas en peligro, responde ante un juez. Y quien, después de todo lo visto, todavía arroja una colilla, enciende una hoguera o saca la barbacoa en mitad de una ola de calor, quizá no tenga remedio intelectual, pero al menos debería tener consecuencias penales y patrimoniales lo bastante severas como para que el siguiente imbécil se lo piense dos veces.
Pero ni el pirómano ni el imprudente pueden servir de nueva coartada institucional. Precisamente porque sabemos que existen, las administraciones tienen la obligación de anticiparse, vigilar, sancionar y preparar el territorio para que la estupidez de uno no termine convertida en la tragedia de miles.
El reino de las competencias
Tampoco la Comunidad de Madrid puede colocarse detrás del incendio, señalar a Moncloa y fingir que su única función consiste en solicitar medios estatales y pronunciar palabras de ánimo. Las competencias en prevención y extinción de incendios forestales corresponden principalmente a las comunidades autónomas, y la Administración regional deberá explicar qué trabajos preventivos se hicieron, cuánto presupuesto se ejecutó, qué municipios tenían actualizados sus planes, qué franjas de protección existían alrededor de las urbanizaciones y cuál era la situación real de los retenes, brigadas y medios autonómicos.
La Junta de Castilla y León tendrá que hacer lo mismo. Los ayuntamientos afectados deberán responder por sus planes de emergencia, accesos, hidrantes, protocolos de evacuación y mantenimiento de parcelas. Y el Estado deberá dar cuenta de sus aeronaves, de la coordinación, del apoyo prometido, de los contratos que no llegaron a tiempo y de los recursos que solo aparecen cuando el incendio ya ocupa los informativos.
Todos tienen competencias y, curiosamente, ninguno parece tener culpa.
Es uno de los prodigios de nuestra arquitectura administrativa. Cuando hay una inauguración, el éxito pertenece a todas las instituciones y la fotografía no tiene espacio suficiente para colocar a tantos cargos. Cuando llega la catástrofe, las competencias empiezan a viajar de un despacho a otro como una cerilla encendida que nadie quiere sostener. El alcalde culpa a la comunidad autónoma, la comunidad reclama al Estado, el Estado recuerda las competencias regionales y, mientras unos redactan comunicados, el fuego atraviesa los términos municipales sin pedir autorización ni consultar el Boletín Oficial.
Atizar a una sola Administración sería injusto. Pero conviene reconocer que la Administración del Estado merece en esta ocasión un varapalo especial. No solo porque asumió finalmente el mando de la emergencia, sino porque había utilizado la campaña antiincendios para exhibir músculo institucional, prometer una flota y vender preparación. Quien presume de medios extraordinarios adquiere una responsabilidad extraordinaria cuando esos medios no aparecen en número suficiente.
No se puede comparecer en mayo como Alejandro Magno y llegar a julio como el encargado de objetos perdidos.
El incendio se apaga cuando no hay cámaras
Los profesionales llevan años repitiéndolo: los incendios del verano se apagan en invierno. La frase es tan sencilla que ningún ministerio ha conseguido todavía mejorarla con una estrategia de doscientas páginas. Se apagan gestionando la vegetación, recuperando el pastoreo, creando mosaicos agrícolas y forestales, limpiando zonas críticas, manteniendo pistas y cortafuegos, haciendo quemas prescritas, formando a los equipos y protegiendo la interfaz donde las casas se mezclan con el monte.
Todo eso cuesta dinero, exige constancia y tiene un defecto fatal para la política contemporánea: no luce.
Ningún presidente inaugura una hectárea desbrozada con placa de mármol. Ningún ministro comparece ante cuarenta cámaras para anunciar que un rebaño de cabras ha reducido la carga de combustible. Ningún consejero gana popularidad mostrando un camino forestal transitable o una urbanización con un plan de autoprotección actualizado. La prevención, cuando funciona, produce un resultado políticamente ingrato: no ocurre nada.
La extinción, en cambio, ofrece uniformes, sirenas, helicópteros, puestos de mando y visitas institucionales. Permite ponerse un chaleco, mirar un mapa con expresión severa y prometer ayudas mientras detrás trabajan quienes saben de verdad qué está ocurriendo. Por eso gastamos tanto esfuerzo en llegar heroicamente tarde y tan poco en llegar discretamente a tiempo.
Durante el invierno se recorta, se demora, se adjudica, se revisa, se redacta y se somete todo a informe. En verano se descubre que el monte arde deprisa.
Héroes con contrato de temporada
Entre tanta incompetencia conviene no olvidar a quienes sí cumplen. Bomberos forestales, agentes medioambientales, brigadas, pilotos, técnicos, sanitarios, guardias civiles, policías, voluntarios, trabajadores municipales y militares de la UME se juegan la vida mientras los responsables públicos se juegan el titular.
A ellos se los llama héroes en julio y se los devuelve a la precariedad en noviembre. Se encadenan turnos interminables, trabajan bajo temperaturas extremas, defienden viviendas una por una y entran en lugares de los que cualquier persona sensata saldría corriendo. Después termina la campaña y vuelve la discusión sobre los contratos, la antigüedad, los equipos y la falta de personal.
Esa gratitud estacional empieza a resultar ofensiva. Quien considera imprescindible a un trabajador cuando las llamas alcanzan las casas debe considerarlo imprescindible también cuando llega la lluvia. La experiencia acumulada por un bombero forestal no puede tratarse como un adorno de verano, contratado y despedido al ritmo de la temporada, mientras el monte sigue acumulando combustible los doce meses del año.
No necesitamos héroes improvisados para cada incendio. Necesitamos profesionales estables para que muchos de esos incendios no lleguen a existir.
El país que arde por costumbre
Lo peor de todo no es la magnitud de esta tragedia, sino la familiaridad del guion. Cada verano escuchamos que las condiciones eran excepcionales, que el viento cambió de manera imprevisible, que nunca se había visto un frente semejante, que todos los medios disponibles fueron movilizados y que ya habrá tiempo de analizar lo ocurrido.
Luego llega septiembre. Se anuncian ayudas, planes, comisiones, protocolos y mejoras. En octubre cae la primera lluvia. En noviembre el incendio desaparece de los medios. En diciembre nadie recuerda dónde estaba Burgohondo. Y en enero vuelven a discutirse los contratos, los presupuestos y las competencias hasta que el siguiente verano nos encuentra nuevamente sorprendidos.
Pero una excepción que se repite todos los años deja de ser una excepción. Se convierte en una costumbre, y una costumbre prevista que sigue causando los mismos daños ya no es mala suerte: es negligencia institucional.
Cada año el incendio es más grande, más rápido y más difícil de combatir. Cada año se aproxima más a zonas habitadas. Cada año obliga a evacuar a más personas. Y cada año el discurso político llega mejor preparado que los montes. Ya ni siquiera se gobierna para evitar la catástrofe, sino para administrar el relato posterior: quién comparece primero, quién culpa a quién, quién visita el puesto de mando y quién consigue que su chaleco aparezca en portada.
Seguimos igual, pero con más ceniza
Hace un año escribí que España estaba en llamas y el Gobierno en la siesta. Podría publicar hoy el mismo artículo, cambiar el nombre de las provincias y nadie advertiría la diferencia. Esa es quizá la acusación más grave.
Sabíamos que volvería a ocurrir.
Sabíamos que el monte estaba cargado de combustible.
Sabíamos que los incendios serían más intensos.
Sabíamos que el calor y la sequía aumentarían el riesgo.
Sabíamos que las aeronaves envejecían y que las plantillas necesitaban estabilidad.
Sabíamos que las urbanizaciones situadas junto al monte eran vulnerables.
Sabíamos todo eso y, aun así, volvimos a esperar a que aparecieran las llamas.
Ahora llegarán los discursos solemnes. Se prometerá reconstruir lo quemado, revisar los protocolos, reforzar los medios y alcanzar grandes pactos nacionales. Habrá ayudas, fotografías y minutos de silencio. Tal vez incluso vuelvan a anunciarnos quince aviones, veinte helicópteros y una inteligencia artificial capaz de detectar una cerilla desde un satélite.
La verdadera prueba, sin embargo, no llegará delante de las cámaras, sino en enero, cuando nadie mire. Habrá que preguntar cuántas hectáreas se han gestionado, cuántos planes municipales se han actualizado, cuántas brigadas trabajan durante todo el año, cuántos contratos se han ejecutado y cuántos aviones están realmente operativos.
No anunciados. No licitados. No dibujados en una infografía ministerial.
Operativos.
Los incendios de sexta generación son una amenaza nueva. La desidia administrativa que los alimenta es antiquísima. El clima cambia, el fuego evoluciona y la política española permanece inmóvil, protegida por su coraza de competencias, excusas y comparecencias.
España vuelve a arder.
El Gobierno ya no está exactamente en la siesta. Esta vez está despierto, delante de una cámara, explicándonos por qué tampoco era culpa suya.
