El extraño derecho de Washington a repartir España
Hay noticias que producen inquietud y otras que provocan directamente estupor. Entre estas últimas se encuentra la inclusión de Ceuta y Melilla en un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde ambas son descritas como ciudades «administradas por España» situadas en «territorio marroquí». El documento anima además al secretario de Estado norteamericano a promover un diálogo diplomático entre España y Marruecos sobre el «estatuto futuro» de ambas ciudades. La expresión no es inocente ni puede considerarse un simple descuido terminológico: no habla de dos ciudades españolas cuya soberanía reclama Marruecos, sino que adopta prácticamente el marco narrativo de Rabat, según el cual serían territorios marroquíes gestionados provisionalmente por España mientras llega el momento de su recuperación. El texto puede consultarse en el documento oficial del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. La referencia aparece en las páginas 87 y 88.
Conviene precisar, porque la precisión fortalece el argumento, que no estamos ante una declaración de la Casa Blanca, una orden presidencial ni un cambio formal y definitivo en la política exterior de Estados Unidos. Tampoco se trata de una ley aprobada por las dos cámaras. Es un informe elaborado en el ámbito de un comité de la Cámara de Representantes, aunque precisamente por proceder de una institución legislativa de la principal potencia occidental no puede despacharse como la ocurrencia de un comentarista o una frase pronunciada en la barra de un bar. Cuando un órgano del Congreso estadounidense describe dos ciudades españolas como parte del territorio de otro país y plantea negociaciones sobre su futuro, España tiene la obligación de responder política y diplomáticamente con absoluta claridad. España no debe negociar con nadie el «estatuto futuro» de dos territorios españoles, del mismo modo que Estados Unidos no aceptaría una mediación internacional sobre Texas, California o Nuevo México alegando que en otro tiempo pertenecieron a México.
La utilización de la palabra «administradas» tampoco es casual. En el lenguaje diplomático, administrar un territorio no equivale necesariamente a ejercer sobre él una soberanía indiscutida. Se administran territorios dependientes, zonas sometidas a tutela, espacios ocupados provisionalmente o lugares cuyo estatuto permanece pendiente de resolución. España, sin embargo, no «administra» Ceuta y Melilla como podría administrar una posesión temporal o una colonia distante: ejerce en ellas su soberanía constitucional del mismo modo que en Cádiz, Málaga, Tenerife o Gerona. Son ciudades autónomas españolas, sus habitantes son ciudadanos españoles y sus representantes forman parte de las instituciones del Estado. Aceptar sin respuesta ese vocabulario supondría admitir que existe una cuestión territorial pendiente allí donde jurídicamente no la hay.
Hagamos algo tan revolucionario como mirar las fechas
Melilla es española desde el 17 de septiembre de 1497, cuando una expedición vinculada al duque de Medina Sidonia tomó la plaza y la incorporó a la Corona de Castilla. Ceuta había pasado a soberanía portuguesa en 1415 y quedó vinculada a la Monarquía Hispánica después de la unión dinástica de las coronas ibéricas en 1580. Cuando Portugal se separó de la Monarquía Hispánica en 1640, Ceuta permaneció del lado español, y el Tratado de Lisboa de 1668 confirmó definitivamente esa situación. No hablamos, por tanto, de enclaves obtenidos durante el reparto colonial de África de finales del siglo XIX, sino de territorios vinculados a las coronas ibéricas siglos antes de la Conferencia de Berlín, de los protectorados europeos y del nacimiento del Marruecos independiente.
Las fechas resultan especialmente reveladoras cuando se comparan con las de algunos de los Estados cuyos dirigentes, legisladores o aliados parecen ahora dispuestos a impartir lecciones sobre legitimidad histórica. Estados Unidos declaró su independencia el 4 de julio de 1776. Cuando nació como país, Melilla llevaba cerca de 279 años bajo soberanía española y Ceuta más de un siglo reconocida definitivamente como española mediante tratado. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948, de modo que cuando apareció como Estado Melilla llevaba 451 años siendo española y Ceuta 280 desde su reconocimiento formal. Marruecos, por su parte, recuperó su plena independencia en 1956, una vez concluidos los protectorados francés y español, y Estados Unidos reconoció esa independencia el 7 de marzo de aquel año.
España no debe negociar con nadie el «estatuto futuro» de dos territorios españoles, del mismo modo que Estados Unidos no aceptaría una mediación internacional sobre Texas, California o Nuevo México
Esto no significa, naturalmente, que antes de 1956 no existiera un territorio con sus dinastías, sultanes, instituciones políticas, identidad histórica o relaciones internacionales. Sería absurdo negarlo. El sultanato marroquí mantenía relaciones diplomáticas con otras potencias desde mucho antes, y el propio Estados Unidos firmó un tratado de paz y amistad con Marruecos en 1786. Conviene, por tanto, distinguir entre la larga tradición política marroquí y el Reino de Marruecos contemporáneo, que recuperó su soberanía plena al término de los protectorados. Esa precisión histórica no debilita la posición española, sino que evita caer en una simplificación tan poco rigurosa como la que se critica.
Una cosa es reconocer la existencia histórica de los sultanatos marroquíes y otra aceptar sin más que todas las ciudades situadas hoy junto a las fronteras del Reino de Marruecos le pertenecieron necesariamente. Las fronteras, las dinastías y los espacios de soberanía han cambiado durante siglos en todo el Mediterráneo. Lo decisivo es que el Marruecos independiente de 1956 nunca ejerció soberanía sobre Ceuta ni sobre Melilla y, por tanto, resulta históricamente tramposo hablar de «devolución». España no recibió esas ciudades del actual Estado marroquí durante el protectorado, no las incorporó aprovechando la descolonización ni las retuvo cuando Marruecos obtuvo su independencia. No puede devolverse a un Estado aquello que ese Estado nunca entregó ni llegó a gobernar en su forma contemporánea.
Antes que marroquí, Ceuta fue romana
La historia de Ceuta tampoco comienza en 1415 con la llegada de los portugueses ni puede reducirse a una supuesta pertenencia ancestral, natural e ininterrumpida a Marruecos. La antigua Septem, conocida también como Septem Fratres, formó parte durante siglos del mundo romano y quedó integrada en la provincia de Mauretania Tingitana, constituida después de que el Imperio romano anexionara el antiguo reino de Mauritania en tiempos del emperador Claudio. Ceuta ocupaba una posición privilegiada en la orilla meridional del Estrecho y su importancia no dependía tanto de su tamaño como de su función portuaria, comercial y militar. Era uno de los puntos que articulaban la comunicación entre las dos orillas de un espacio mediterráneo que Roma no concebía como mundos completamente separados, sino como partes conectadas de un mismo imperio.
La Mauretania Tingitana mantenía intensos vínculos económicos, humanos y militares con Hispania. A través del Estrecho circulaban aceite, salazones, cerámica, productos agrícolas, funcionarios y contingentes militares, y la comunicación marítima con las provincias hispanas podía resultar más sencilla que el desplazamiento terrestre hacia determinadas regiones interiores del norte de África. Septem compartía ese espacio con ciudades como Tingis, la actual Tánger; Lixus, junto a Larache, y Volubilis, uno de los principales centros urbanos de la provincia. El dominio romano efectivo, además, no abarcó la totalidad del territorio del Marruecos actual, sino principalmente determinadas franjas septentrionales y atlánticas, mientras otras zonas permanecían fuera del control directo de Roma.
Tras la crisis del Imperio romano de Occidente, Ceuta pasó por el dominio vándalo y posteriormente se convirtió en un enclave bizantino antes de la expansión musulmana por el norte de África. Romanos, vándalos, bizantinos, distintas autoridades y dinastías islámicas, portugueses y españoles ejercieron su poder sobre ella en diferentes momentos. Pretender seleccionar únicamente una de esas etapas para convertirla en propietaria eterna de la ciudad es utilizar la historia como si fuera un catálogo del que cada Estado pudiera escoger el siglo que más le conviene.
Naturalmente, el pasado romano de Ceuta no demuestra por sí solo la soberanía española actual, del mismo modo que la antigua presencia romana no concede hoy a Italia derechos territoriales sobre media Europa, el norte de África o el Mediterráneo oriental. Pero sí destruye la imagen propagandística de una Ceuta eterna e indiscutiblemente marroquí que habría sido arrancada de su contexto natural por una potencia europea. Ceuta ha pertenecido a numerosos espacios políticos y culturales durante más de dos mil años y, durante buena parte de la Antigüedad, estuvo integrada en una estructura imperial estrechamente comunicada con Hispania. El Estrecho no fue entonces una muralla que separase dos civilizaciones irreconciliables, sino una vía que las unía. Esa realidad es mucho más compleja que el relato lineal promovido desde Rabat y recuerda una evidencia incómoda: el Marruecos actual no puede proclamarse heredero exclusivo de todos los pueblos, reinos e imperios que alguna vez gobernaron el norte de África.
Cinco siglos de historia, no un episodio colonial
Uno de los trucos retóricos más habituales de Rabat consiste en mezclar Ceuta y Melilla con el antiguo protectorado español en Marruecos, el Sáhara Occidental y las colonias europeas establecidas durante el reparto de África. La comparación es defectuosa porque Ceuta y Melilla no fueron adquiridas durante la expansión colonial europea de los siglos XIX y XX. Cuando las potencias europeas comenzaron a repartirse territorios africanos, ambas ciudades ya formaban parte de España. Esto no significa que su origen fuera pacífico, porque la historia de las fronteras rara vez lo es, pero aplicar retroactivamente las categorías jurídicas y políticas del colonialismo contemporáneo a conquistas del siglo XV conduce a un callejón sin salida en el que habría que revisar prácticamente todas las fronteras del planeta.
La conquista militar, los matrimonios dinásticos, las cesiones territoriales, los tratados y las guerras forman parte de la construcción histórica de casi todos los Estados. Si la proximidad geográfica y una ocupación antigua bastaran para anular cualquier soberanía actual, Turquía tendría que abandonar Estambul, Estados Unidos debería devolver buena parte de su territorio a México —o a España, según cuando se nos acomode la fecha—, el Reino Unido tendría que reconstruir sus fronteras históricas y Marruecos tendría que explicar también la formación territorial de sus distintas dinastías. La historia permite comprender cómo surgieron las fronteras, pero no autoriza a escoger arbitrariamente un momento del pasado, declararlo moralmente definitivo y utilizarlo para desmontar exclusivamente las fronteras del vecino al que interesa debilitar.
Además, la propia noción de continuidad territorial debe manejarse con prudencia. Que una ciudad se encuentre en el continente africano no la convierte automáticamente en parte del Estado más próximo. La geografía condiciona las relaciones políticas, económicas y estratégicas, pero no sustituye al derecho, a los tratados, a la voluntad de la población ni a la continuidad institucional. De aceptar el principio de que cada territorio debe pertenecer necesariamente al país continental más cercano, buena parte del mapa mundial quedaría abierta a revisión.
Marruecos reconoció las plazas españolas
La soberanía española tampoco descansa exclusivamente en la antigüedad o en la presencia continuada. Después de la Guerra de África, el Tratado de Wad-Ras de 1860, firmado por España y el sultán marroquí, reconoció y amplió los límites de las ciudades españolas. Marruecos aceptó mediante un tratado internacional la existencia de Ceuta y Melilla bajo soberanía española, de modo que no puede presentarse la situación como una imposición jamás reconocida y mantenida únicamente por la fuerza. Décadas después, el Tratado de Fez de 1912 estableció el protectorado francés sobre Marruecos y dio paso también a la organización de la zona bajo control español, pero Ceuta y Melilla quedaron fuera del territorio protegido porque ya eran posesiones españolas anteriores al protectorado. El propio Departamento de Estado norteamericano identifica 1912 como el año de establecimiento del protectorado y 1956 como el de la recuperación de la independencia marroquí.
La insistencia diplomática puede fabricar una controversia política; no puede reescribir los tratados ni convertir una aspiración territorial en soberanía efectiva
Esa distinción jurídica es fundamental para comprender lo ocurrido en 1956. Cuando Marruecos obtuvo su independencia, España y Francia pusieron fin al régimen de protectorado sobre los territorios correspondientes, pero Ceuta y Melilla no podían ser entregadas como parte de ese proceso porque nunca habían formado parte de los territorios marroquíes sometidos a aquella tutela. No fueron ciudades marroquíes administradas temporalmente por España durante la etapa colonial, sino territorios españoles anteriores al propio régimen del protectorado. La reivindicación marroquí se intensificó tras la independencia y pasó a integrarse en el proyecto nacional de Rabat, pero una reclamación repetida durante décadas no crea por sí sola un título jurídico. La insistencia diplomática puede fabricar una controversia política; no puede reescribir los tratados ni convertir una aspiración territorial en soberanía efectiva.
El hecho de que Marruecos mantenga la reivindicación tampoco obliga a España a reconocer que existe una controversia jurídica. Dos Estados pueden discrepar políticamente sobre un territorio sin que las posiciones de ambos posean la misma consistencia histórica y legal. Rabat puede reclamar Ceuta y Melilla, del mismo modo que otros países formulan reivindicaciones territoriales en distintas partes del mundo, pero la mera existencia de una reclamación no convierte automáticamente la soberanía en negociable. Lo contrario equivaldría a conceder a cualquier Estado la capacidad de abrir una disputa internacional con solo señalar un territorio vecino y declararlo propio.
Por qué Ceuta y Melilla no son colonias
La diferencia entre una colonia y un territorio plenamente integrado no es una cuestión sentimental ni una pirueta semántica. Las colonias clásicas suelen mantener un régimen jurídico separado de la metrópoli, una población sometida sin representación política equivalente y una relación económica basada en la explotación o extracción de recursos. Ceuta y Melilla forman parte del ordenamiento constitucional español como ciudades autónomas, sus habitantes son ciudadanos españoles de pleno derecho, participan en las elecciones municipales, generales y europeas, eligen representantes en las Cortes y están sujetos al mismo sistema general de derechos y garantías que los demás españoles. No existe una población colonial administrada desde una metrópoli extranjera, sino ciudadanos españoles que viven en territorio español y se gobiernan mediante instituciones españolas.
La prueba internacional resulta igualmente significativa. Naciones Unidas mantiene una lista oficial de territorios no autónomos pendientes de descolonización. En ella figura Gibraltar y también permanece el Sáhara Occidental, pero Ceuta y Melilla no están incluidas. Marruecos solicitó formalmente en 1975 que Ceuta, Melilla y otros territorios españoles del norte de África fueran incorporados a la lista de territorios no autónomos, pero esa pretensión no prosperó. La documentación de Naciones Unidas conserva tanto la petición marroquí como la posición española según la cual Ceuta y Melilla no eran territorios no autónomos ni habían sido colonias.
Conviene ser exactos: que Naciones Unidas no incluya Ceuta y Melilla en esa lista no constituye por sí solo una sentencia internacional definitiva sobre cada aspecto de la soberanía, pero sí desacredita la afirmación de que se trata de dos colonias oficialmente pendientes de descolonización. La comunidad internacional dispone de mecanismos y categorías para identificar esos territorios y nunca ha colocado a las dos ciudades españolas en la misma situación que Gibraltar o el Sáhara Occidental. Llamarlas colonias puede resultar útil para la propaganda de Rabat, pero no describe adecuadamente su situación jurídica, constitucional ni internacional.
Tampoco encajan en el patrón económico clásico de una colonia establecida para explotar recursos y transferir riqueza a una metrópoli. Ceuta y Melilla reciben recursos del Estado, forman parte de sus mecanismos de solidaridad territorial y dependen en buena medida del gasto público y de las transferencias presupuestarias. España no permanece allí para extraer materias primas, someter a una población privada de ciudadanía o enriquecerse mediante una relación económica desigual. Su valor es histórico, humano, político y estratégico, no el de una explotación colonial.
El elefante saharaui en el salón de Rabat
La posición marroquí presenta, además, una contradicción difícil de ocultar. Rabat sostiene que Ceuta y Melilla deben pertenecerle por su proximidad geográfica, por su ubicación en el norte de África y por su supuesta integración histórica en el espacio del Magreb, pero rechaza que los principios de descolonización, autodeterminación o consulta a la población puedan aplicarse con todas sus consecuencias al Sáhara Occidental. Naciones Unidas sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización, mientras que Ceuta y Melilla no tienen esa consideración.
Marruecos exige para sí una interpretación expansiva de la geografía y de la historia, pero niega a los saharauis la aplicación de los principios internacionales que pretende invocar frente a España. Resulta difícil sostener que la cercanía geográfica debe anular cinco siglos de soberanía española y, al mismo tiempo, negar que la voluntad de una población pueda condicionar el futuro de un territorio incorporado por Marruecos en 1975. Rabat quiere que la historia más remota resulte decisiva cuando le permite reclamar ciudades españolas, pero que la historia reciente, las resoluciones internacionales y el derecho de autodeterminación sean secundarios cuando afectan al Sáhara Occidental.
Esa doble vara de medir no convierte automáticamente en indiscutible cada argumento español, pero sí deja al descubierto la naturaleza esencialmente política y estratégica de la reclamación marroquí. Ceuta y Melilla no son para Rabat únicamente dos ciudades supuestamente irredentas, sino elementos de una política nacional destinada a ampliar su influencia, reforzar su posición en el Estrecho y presentar ante su opinión pública una causa territorial capaz de cohesionar al país alrededor de la monarquía.
Sacar a España del Estrecho
Sería ingenuo reducir todo esto a una discusión entre archiveros o medievalistas. Ceuta y Melilla ocupan posiciones estratégicas en uno de los espacios marítimos más importantes del mundo. El Estrecho de Gibraltar conecta el Mediterráneo con el Atlántico, da acceso a las rutas que conducen al canal de Suez y constituye una vía esencial para el comercio, la seguridad energética y la defensa europea. Debilitar la soberanía española en el norte de África supondría reducir el peso de España en el Estrecho y aumentar extraordinariamente la influencia geopolítica de Marruecos. Rabat lo sabe, Washington lo sabe y también lo saben quienes pretenden presentar esta cuestión como una mera anomalía colonial pendiente de una solución amistosa.
No resulta casual que el informe estadounidense insista en la larga relación entre Estados Unidos y Marruecos y en el papel estratégico del reino norteafricano. Washington considera desde hace décadas que Marruecos posee una importancia singular por su posición geográfica y por su utilidad para la seguridad norteamericana en el Mediterráneo y el norte de África. Documentos históricos del propio Departamento de Estado ya subrayaban a mediados del siglo XX esa relevancia estratégica.
En ese tablero, la soberanía territorial corre el peligro de convertirse en moneda de cambio diplomática. Hoy se negocia sobre el Sáhara, mañana alguien introduce en un informe el «estatuto futuro» de Ceuta y Melilla y pasado mañana quizá descubra que las islas Canarias se encuentran también frente a las costas africanas. Las naciones que no defienden su posición terminan apareciendo en mapas dibujados por otras, y España debería haber aprendido ya que la amistad internacional dura exactamente lo que duran los intereses que la sostienen.
No hay que caer en conspiraciones fáciles ni imaginar un plan perfectamente coordinado para expulsar a España del Estrecho, pero tampoco conviene ser ingenuos. El resultado objetivo de una transferencia de Ceuta y Melilla a Marruecos sería una reducción drástica de la presencia española en la orilla africana y un aumento del dominio marroquí sobre el acceso occidental al Mediterráneo. Cuando una propuesta produce consecuencias geopolíticas tan evidentes, no basta con presentarla como un ejercicio de diálogo entre vecinos. La geografía manda y los Estados serios saben leerla.
La eterna España cainita
El problema exterior resulta preocupante, pero el interior tampoco invita al optimismo. España posee una extraordinaria capacidad para discutir consigo misma mientras otros discuten sobre España. Somos capaces de convertir cualquier asunto de Estado en una reyerta partidista, de sospechar de quien pronuncia la palabra patria, de confundir la prudencia diplomática con el silencio y de mirar hacia otro lado para no incomodar al vecino del sur. Marruecos, mientras tanto, desarrolla una política de Estado reconocible: reivindica, presiona, espera, utiliza su influencia diplomática, controla la frontera según sus intereses y aprovecha cada señal de debilidad española. Cambian los gobiernos y las circunstancias, pero la estrategia permanece.
España, por el contrario, acostumbra a administrar los sobresaltos sin elaborar una política permanente. Un día confía en que una buena relación personal con el monarca marroquí bastará para contener una reivindicación nacional sostenida durante décadas; otro evita plantear públicamente las contradicciones de Rabat; otro reacciona tarde ante una crisis fronteriza, diplomática o migratoria. Mientras tanto, discutimos entre nosotros acerca de si defender la integridad territorial es de izquierdas, de derechas, centralista, militarista, reaccionario o poco moderno. No es ninguna de esas cosas. Es la obligación elemental de cualquier Estado digno de ese nombre.
La defensa de Ceuta y Melilla no debería depender del partido que ocupe el Gobierno, de la oportunidad electoral del momento ni de la mayor o menor simpatía hacia Marruecos. Debería constituir una política de Estado estable, compartida y previsible, acompañada de inversión, seguridad, diplomacia, desarrollo económico y respaldo inequívoco a sus habitantes. Las ciudades se defienden con argumentos históricos y jurídicos, pero también garantizando que quienes viven en ellas no se sientan abandonados, periféricos o utilizados únicamente cuando surge una crisis.
La España cainita tiene una inclinación casi artística por convertir en munición partidista aquello que debería unirla. Si un gobierno protesta, la oposición sospecha que exagera; si guarda silencio, se le acusa de rendición; si fortalece la frontera, unos hablan de militarización y si busca cooperación, otros denuncian entreguismo. Esa división permanente es observada desde fuera y, naturalmente, aprovechada. Marruecos no necesita que España acepte mañana una negociación sobre la soberanía. Le basta con que los propios españoles empiecen a considerar discutible lo que hasta ahora era indiscutido.
Los habitantes no son piezas sobre un mapa
Existe además una cuestión que a menudo se olvida cuando diplomáticos, estrategas y comentaristas hablan del «futuro» de Ceuta y Melilla: en ambas ciudades viven ciudadanos españoles, no fichas intercambiables sobre un tablero. Son comunidades plurales en las que conviven personas de distintas tradiciones culturales y religiosas, pero unidas por una ciudadanía común. Cualquier discusión que pretenda decidir su destino sin contar con ellas reproduce precisamente la lógica imperial que dice combatir.
La soberanía no puede reducirse a una competición de mapas antiguos. También se asienta en la voluntad política de las poblaciones actuales, en sus derechos y en su pertenencia efectiva a un sistema constitucional. Rabat suele hablar de recuperar territorios, pero rara vez se detiene en lo que desean los ceutíes y melillenses. La palabra «recuperación» convierte a miles de personas en simples habitantes accidentales de un espacio que otro Estado considera suyo por anticipado.
Si Marruecos sostiene que su reclamación se basa en la descolonización y en la justicia histórica, debería explicar por qué la voluntad de la población tendría que resultar irrelevante. No parece coherente defender que unas ciudades deben cambiar de soberanía por razones geográficas mientras se ignora a quienes viven en ellas y ejercen desde hace generaciones su ciudadanía española. Los territorios importan, pero las personas importan aún más.
Ni se devuelven ni se negocian
Ceuta y Melilla no son fichas disponibles en una mesa diplomática ni ciudades «administradas» por España, como si Madrid ejerciera una tutela provisional a la espera de encontrarles un propietario definitivo. Son España por historia, por tratados, por derecho, por integración constitucional y, sobre todo, por la ciudadanía de quienes viven en ellas. Puede debatirse con Marruecos sobre cooperación fronteriza, comercio, movilidad, inmigración, seguridad, economía o relaciones culturales, pero no existe un «estatuto futuro» de la soberanía que deba negociarse bajo la mediación de Estados Unidos.
Washington haría bien en recordar su propia historia. Estados Unidos nació en 1776, casi tres siglos después de la incorporación de Melilla a España. Israel se constituyó en 1948 y el Marruecos contemporáneo recuperó su plena independencia en 1956. Ninguna de estas fechas disminuye la legitimidad de esos Estados, pero precisamente por eso tampoco pueden utilizarse genealogías selectivas para negar la legitimidad española. La antigüedad no concede a España derechos ilimitados ni sustituye al derecho vigente, pero destruye la ficción de que Ceuta y Melilla fueron arrebatadas al actual Reino de Marruecos durante la descolonización.
No formaron parte del protectorado que concluyó en 1956, no figuran como colonias en la lista de Naciones Unidas, están integradas en el orden constitucional español y no existe potencia internacional alguna con autoridad para repartirlas. Que un comité estadounidense utilice el vocabulario de Rabat no modifica esta realidad, aunque sí obliga a España a abandonar la indolencia y responder antes de que una formulación aparentemente secundaria se convierta, a fuerza de repetirse, en una nueva verdad diplomática.
A esta España cainita se la puede encontrar dividida, distraída, acomplejada y demasiado acostumbrada a pedir disculpas por existir. Pero incluso un país empeñado en discutir consigo mismo debe saber dónde termina la discrepancia partidista y dónde comienza la defensa de su soberanía. Ceuta y Melilla no tienen que regresar a España.
Nunca se fueron.
