En marzo de 2011 escribí sobre Garoña y sobre aquel rap con el que sus trabajadores intentaban explicar algo bastante elemental: cerrar una central nuclear segura, productiva y técnicamente operativa no era necesariamente una victoria del progreso. Quince años después, Garoña ya es historia, pero el disparate sigue teniendo buena salud. Ahora le toca el turno a Almaraz, aunque con una diferencia importante: cuando el Gobierno ha llegado al borde del precipicio, ha decidido frenar. Eso sí, sin reconocer que delante había un precipicio y procurando que nadie repare demasiado en las marcas de los neumáticos.
El 14 de agosto de 2026, con media España de vacaciones y la otra media buscando una sombra, el Gobierno publicó en el BOE la renovación de la autorización de explotación de las dos unidades de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. La Unidad I debía cerrar en noviembre de 2027 y la Unidad II en octubre de 2028. La prórroga amplía su funcionamiento aproximadamente 31 y 19 meses, respectivamente, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear informara favorablemente sobre su continuidad. No estamos ante una reflexión teórica ni ante uno de esos comités creados para estudiar durante tres años lo que ya sabe todo el mundo. Almaraz seguirá abierta. El calendario que se presentaba como irreversible resulta que admitía tachaduras.
La explicación oficial es una pequeña obra de orfebrería política. El Ministerio habla de un “nuevo contexto energético internacional”, de la volatilidad del precio del gas y de la conveniencia de reducir nuestra dependencia exterior. Es decir, el Gobierno ha descubierto en agosto de 2026 que importar gas puede resultar caro, que Oriente Medio no es exactamente un balneario geopolítico y que disponer de generación eléctrica estable quizá tenga alguna utilidad. Son los mismos argumentos que durante años expusieron ingenieros, trabajadores, empresas y municipios afectados, solo que entonces eran propaganda del lobby nuclear y ahora, tras pasar por el despacho ministerial, se han convertido en prudencia energética.
La seguridad de suministro no ha aparecido esta mañana por generación espontánea. Tampoco la necesidad de estabilizar la red ni la dependencia española de los combustibles importados. Todo eso existía cuando el Gobierno defendía el cierre nuclear con la contumacia del rucio que ha decidido no cruzar el puente porque alguien le ha dicho que al otro lado hay progreso. Lo único que ha cambiado es que la realidad se ha vuelto demasiado grande para seguir escondiéndola detrás de una pancarta verde.
Durante años se nos aseguró que el calendario de cierre nuclear era ordenado, sensato y prácticamente sagrado. Las centrales irían apagándose entre 2027 y 2035 mientras las renovables, las baterías, las interconexiones y una red eléctrica inteligentísima ocuparían su lugar con puntualidad suiza. El plan era impecable, especialmente dentro de un informe ministerial. Fuera de él surgían algunos detalles menores: el sol se pone, el viento a veces no sopla, el almacenamiento masivo todavía no existe en la escala necesaria y las interconexiones españolas continúan siendo insuficientes. La electricidad, además, mantiene la desagradable costumbre de tener que producirse cuando se consume, no cuando lo dispone el argumentario del ministerio.
Las energías renovables son imprescindibles y deben seguir creciendo. Lo disparatado es convertirlas en enemigas de la energía nuclear, cuando ambas generan electricidad con emisiones muy bajas de carbono y pueden complementarse. Pero en España la política energética se ha gestionado demasiado tiempo como una competición entre santos y demonios. La placa solar aparece con aureola; el reactor, con cuernos y tridente. Después llega una crisis internacional, sube el gas y el demonio resulta ser quien mantiene encendida la calefacción.
Mientras tanto, buena parte del mundo ha comenzado a desandar el camino. Estados Unidos prolonga la vida de sus reactores, China y la India amplían capacidad y varios países europeos recuperan inversiones, preparan nuevas centrales o revisan calendarios de cierre que hasta hace poco parecían inamovibles. España, en cambio, continúa oficialmente aferrada a clausurar todo su parque en 2035, como si perseverar en una mala idea fuese una prueba de virtud política. No somos el único país que ha programado el abandono nuclear, pero sí uno de los más empeñados en convertirlo en una cuestión de pureza ideológica justo cuando la seguridad energética, la descarbonización y la competencia industrial obligan a los demás a echar cuentas.
La contradicción europea merece capítulo aparte. Durante años, el Ministerio para la Transición Ecológica combatió la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía de actividades sostenibles. Bruselas terminó aceptándola, bajo determinadas condiciones, como tecnología de transición compatible con los objetivos climáticos. Y entonces se produjo uno de esos prodigios políticos reservados a quienes viajan de Madrid a Bruselas: lo que aquí se presentaba como una reliquia molesta y condenada a desaparecer pasó a integrarse, al cruzar los Pirineos, en el marco europeo de descarbonización, competitividad y autonomía estratégica. No hace falta imaginar una conversión mística ni a una antigua ministra despertando abrazada a una barra de uranio. Basta contemplar la pirueta institucional: en España se mantiene el calendario de cierre mientras en Europa se administra una política que permite a cada Estado apoyarse en la nuclear. Para los demás, una herramienta energética legítima. Para nosotros, ya si eso, placas solares, baterías futuras y una estampita de san Antonio para cuando no sople el viento.
El Gobierno reconoce ahora que mantener Almaraz hasta 2030 tendrá un impacto “muy limitado” sobre el desarrollo renovable y ayudará a reducir la dependencia del gas. Estupendo. Si la central es segura, produce electricidad estable, emite poco carbono, reduce las importaciones de gas y apenas perjudica el despliegue renovable, uno empieza a preguntarse qué pecado mortal justificaba cerrarla. También cabe preguntar por qué se mantiene intacto el resto del calendario nuclear. Es como descubrir que el barco hace agua, reparar uno de los agujeros y anunciar que los demás se abrirán en las fechas previstas.
Almaraz tampoco es solo una central eléctrica. Es uno de los grandes motores económicos del Campo Arañuelo y sostiene miles de empleos directos e indirectos. Su cierre no puede resolverse con una carpeta titulada “transición justa”, tres promesas de reconversión y una fotografía ministerial junto a una infografía de colores. La central existe, produce, contrata, paga impuestos y fija población. Las alternativas prometidas suelen pertenecer a un territorio mucho más cómodo: el futuro, ese lugar maravilloso en el que los políticos colocan todo aquello que no saben cómo hacer en el presente.
La energía nuclear merece un debate serio sobre seguridad, residuos, costes, fiscalidad y vida útil. Las instalaciones solo deben continuar mientras el Consejo de Seguridad Nuclear avale su funcionamiento. Pero si el regulador acredita que pueden operar con seguridad, cerrarlas por obediencia ideológica sería un lujo ruinoso. Un país sensato sustituye una tecnología cuando dispone de otra mejor y plenamente operativa. España parece preferir desmontar primero el tejado y confiar después en que no llueva.
La prórroga de Almaraz es una buena noticia para Extremadura, para la seguridad energética y para el sentido común. También es una enmienda a la totalidad de años de discursos gubernamentales. Por eso se publica en agosto, envuelta en tecnicismos y acompañada de la solemne afirmación de que el resto del calendario permanece intacto. Ha cambiado la decisión, pero no ha habido rectificación. Se prolonga Almaraz, pero el plan sigue siendo magnífico. Donde ayer había una línea roja, hoy solo había una pequeña errata administrativa.
En 2011, los trabajadores de Garoña recurrieron al rap para pedir que alguien escuchara sus razones. Quince años después, la realidad ha terminado imponiendo su propio ritmo en Almaraz. El BOE de agosto intenta contarlo en voz baja, pero se entiende perfectamente: el Gobierno no se ha equivocado, simplemente ha decidido hacer lo contrario de lo que llevaba años defendiendo.
Y eso, por lo visto, no es rectificar. Es transición ecológica.
