No voy a fingir escándalo. A estas alturas uno ya ha visto demasiadas cosas como para llevarse las manos a la cabeza cada mañana. Pero sí conviene conservar cierta capacidad de asombro, aunque sea por higiene democrática, porque cuando un Ministerio del Interior acumula fichas de periodistas y anota junto a sus nombres cosas como «Apoya al Gobierno», «afín al PSOE», «anti-sanchista» o «periodista de derechas», no estamos exactamente ante una agenda de teléfonos un poco detallada.
Según la información publicada por El Confidencial, la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior elaboró un documento de decenas de folios con fotografías de periodistas, datos profesionales y comentarios sobre su supuesta adscripción política. Entre los incluidos habría también directivos de algunas de las asociaciones más representativas del sector. Interior ha reconocido la existencia y autenticidad del documento, aunque sostiene que el ministro del ramo no lo encargó ni tuvo acceso a él y que se trataba de material interno destinado a conocer mejor a los profesionales que trabajaban habitualmente con el Ministerio.
Es una explicación interesante. Sobre todo porque para saber qué periodista cubre Interior, en qué medio trabaja o qué asuntos sigue basta con una agenda, una base de contactos o, puestos a sofisticarnos, un Excel. Para saber si «apoya al Gobierno», si es «de derechas», si simpatiza con el PSOE o si considera una determinada medida política una barbaridad hace falta algo más: observarlo, interpretarlo y clasificarlo. Y ahí empieza el problema.
Una cosa es una agenda y otra un fichero ideológico
Todo gabinete de prensa conoce a los periodistas con los que trabaja. Sabe quién llama mucho, quién pregunta mejor, quién publica rápido, quién tiene buenas fuentes, quién llega tarde a las ruedas de prensa y quién es capaz de convertir una respuesta burocrática en un titular de apertura. Eso forma parte del oficio. Lo que cuesta bastante más justificar es la necesidad administrativa de anotar la ideología de esas personas.
Porque cuando una institución pública considera relevante distinguir entre periodistas afines y críticos, la pregunta aparece sola: ¿para qué?
¿Para decidir a quién se llama primero? ¿Quién recibe una filtración? ¿A quién se concede una entrevista? ¿Quién resulta más cómodo en una rueda de prensa? ¿A quién se invita a determinados actos? ¿Quién merece confianza y quién pasa a la columna de los incómodos?
Interior asegura que el documento no se utilizó para condicionar la publicidad institucional. Conviene recogerlo. Pero esa aclaración no resuelve el asunto fundamental, porque antes incluso de preguntarnos para qué se utilizó el dosier habría que preguntarse por qué existía.
Si una Administración necesita saber la ideología de los periodistas que la fiscalizan, algo se ha torcido bastante antes de llegar al último folio.
«Apoya al Gobierno»
Hay expresiones que resumen una época mejor que cien discursos. «Apoya al Gobierno» es una de ellas. No porque apoyar a un Gobierno sea censurable, naturalmente. Cada cual puede apoyar a quien le dé la gana, del mismo modo que puede detestarlo, votarlo, criticarlo o ignorarlo. El problema aparece cuando esa opinión deja de pertenecer al ciudadano y pasa a convertirse en una etiqueta archivada por el poder.
En ese instante ya no estamos hablando solamente de comunicación institucional. Estamos hablando de clasificación. Y las clasificaciones políticas confeccionadas desde el poder tienen una historia bastante poco tranquilizadora.
Más aún cuando, según la información publicada, algunos trabajadores de la propia Oficina de Comunicación se habrían negado a participar en la elaboración del documento porque consideraban que podía vulnerar derechos constitucionales. Si esto se confirma, el dato resulta especialmente revelador: incluso dentro del Ministerio hubo quien vio algo más que una inocente relación de prensa.
La ideología no es la talla de camisa
Existe además un asunto jurídico nada menor. Las opiniones políticas son una categoría especialmente protegida de datos personales. No son el teléfono profesional, el correo electrónico o el nombre del medio en el que uno trabaja. El Reglamento General de Protección de Datos establece una protección reforzada precisamente porque sabemos, por experiencia histórica, lo que puede ocurrir cuando alguien acumula información sobre las convicciones políticas de los ciudadanos.
Eso obliga a plantear preguntas bastante elementales: cuál era la finalidad concreta de esas fichas, qué base jurídica justificaba el tratamiento, quién tenía acceso a ellas, durante cuánto tiempo se conservaron y de dónde salían las valoraciones ideológicas.
Porque no es lo mismo que un periodista haya escrito públicamente «voto al partido X» que deducir su posición política a partir de sus artículos, intervenciones o preguntas. Esto último parece mucho más delicado.
No afirmo que exista una infracción legal. Para decirlo habría que conocer el documento completo, su tratamiento y las circunstancias concretas en las que se elaboró. Pero precisamente por tratarse de una Administración pública sería razonable que todas esas cuestiones se aclarasen con bastante más detalle que un simple «era para uso interno». Porque algunas de las peores cosas de nuestra historia también fueron, durante un tiempo, para uso interno.
El poder siempre ha querido controlar el relato
Nada de esto me resulta completamente ajeno. En Un Mundo Complejo llevo tiempo escribiendo sobre la creciente obsesión del poder político por controlar la percepción de la realidad.
El político contemporáneo ya no se conforma con gobernar. Necesita además explicarnos cómo debemos interpretar lo que acaba de hacer. No basta con aprobar una ley; hay que bautizarla adecuadamente. No basta con cometer un error; hay que convertirlo en cambio de estrategia. No basta con perder unas elecciones; hay que ganar el relato de la derrota.
Los gabinetes de comunicación se han transformado en enormes fábricas de interpretación. Allí se decide qué palabra conviene utilizar, qué imagen debe repetirse, qué asunto merece silencio, qué polémica puede distraer de otra y qué periodista resulta más receptivo a determinado mensaje.
No es algo exclusivo de este Gobierno. Sería absurdo sostenerlo. Lo hacen todos, aquí y fuera de España, porque la política moderna se libra en buena medida en el terreno de la percepción. Pero una cosa es intentar seducir al periodista y otra empezar a etiquetarlo.
Una cosa es conocer el ecosistema mediático y otra levantar un pequeño mapa ideológico de quienes lo integran. Cuando el poder deja de preguntarse «qué publica este periodista» y empieza a preguntarse «qué piensa este periodista», hemos cruzado una línea bastante fea.
Y entonces aparece Franco, inevitablemente
Sé lo que viene ahora. Basta mencionar censura, propaganda y periodistas fichados para que alguien saque inmediatamente la palabra franquismo, bien para utilizarla como arma arrojadiza, bien para acusar al que la menciona de exagerado.
Así que conviene dejarlo claro. España en 2026 no es la España de Franco. Tenemos elecciones libres, pluralismo político, libertad de prensa, tribunales, oposición, medios críticos y una Constitución que reconoce expresamente la libertad de expresión y el derecho a comunicar y recibir información. Decir lo contrario sería una estupidez. Pero también sería una estupidez pensar que, porque no vivimos en una dictadura, la historia de las dictaduras ya no tiene nada que enseñarnos.
Durante casi cuatro décadas el franquismo entendió perfectamente la importancia de controlar la información. La prensa, la radio, el cine y la educación fueron instrumentos fundamentales para construir una narrativa oficial y limitar la circulación de ideas contrarias al régimen. La censura eliminaba unas voces y la propaganda amplificaba otras hasta convertirlas en paisaje cotidiano.
La Ley de Prensa de 1938 no se andaba con eufemismos: atribuía al Estado la organización, vigilancia y control de la prensa, intervenía en el nombramiento de directores, regulaba la profesión periodística y sometía la información al aparato político. Aquello sí era una dictadura. Allí no había ambigüedad alguna.
Precisamente por eso debería producirnos escalofríos cualquier comportamiento institucional que recuerde, aunque sea remotamente y salvando todas las distancias, aquella obsesión por saber quién era quién, qué pensaba y de qué lado estaba. No porque estemos de nuevo en 1939. Sino porque sabemos lo que ocurre cuando el poder empieza a considerar la ideología ajena una información útil.
Las democracias también se degradan
Aquí está, a mi juicio, lo verdaderamente importante. Las democracias no suelen desaparecer de repente con música marcial, tanques en la calle y un señor con gafas oscuras anunciando por televisión que se suspenden las libertades. Esa imagen pertenece más al cine que a la realidad contemporánea. Las democracias se deterioran de manera mucho más vulgar.
Un día una institución considera razonable clasificar periodistas. Otro se decide que determinados medios son enemigos. Más tarde alguien concluye que las críticas son desinformación, que las preguntas incómodas son campañas coordinadas y que toda discrepancia responde necesariamente a intereses ocultos.
Nada de eso parece definitivo cuando ocurre por separado. Incluso puede justificarse con argumentos aparentemente razonables. El problema aparece cuando se suman las pequeñas excepciones y descubrimos que hemos ido desplazando poco a poco la frontera de lo aceptable. Por eso resulta tan peligroso acostumbrarse.
Acostumbrarse a que los gobiernos señalen periodistas. Acostumbrarse a que se clasifiquen medios entre buenos y malos. Acostumbrarse a que cada crítica sea interpretada como militancia enemiga. Acostumbrarse a que la propaganda se disfrace de información institucional y a que la información institucional termine distinguiendo entre quienes «apoyan al Gobierno» y quienes no.
Porque en democracia el periodista no está para apoyar al Gobierno. Ni para combatirlo. Está para vigilarlo.
Puede equivocarse, tener prejuicios, escribir barbaridades, militar intelectualmente donde le dé la gana y votar incluso al mismísimo Gobierno al que fiscaliza. Ese es precisamente el precio de la libertad: soportar opiniones que nos disgustan sin pedirle al Estado que las catalogue.
Y quizá esa sea la paradoja más desagradable de todo este asunto. En una España democrática —pongamos las comillas donde cada cual considere oportuno— hemos llegado al punto en que conocer la existencia de un dosier ministerial con periodistas clasificados por su orientación política produce más resignación que sorpresa. Eso sí debería preocuparnos. Porque el problema no comienza cuando aparece la censura.
Empieza bastante antes, cuando alguien detrás de una mesa considera conveniente escribir junto al nombre de un periodista una frase tan sencilla como ésta: «Apoya al Gobierno». Y nadie pregunta inmediatamente para qué demonios necesita saberlo el Gobierno.
«Afecto al régimen»
Durante el franquismo, ser considerado «afecto al régimen» significaba, en la práctica, que el poder te tenía por fiable: alguien políticamente seguro, alineado, no sospechoso y, por tanto, digno de confianza dentro del sistema. Esa calificación podía pesar en expedientes, depuraciones, oposiciones, empleos públicos, responsabilidades profesionales o simples informes personales.
Pero lo verdaderamente revelador estaba en la categoría contraria. Ser considerado «desafecto al régimen» significaba que el Estado te situaba en el lado equivocado: sospechoso, poco fiable, políticamente inconveniente o directamente enemigo. Y en una dictadura aquello no era una observación pintoresca escrita al margen de un papel. Podía tener consecuencias muy reales: pérdida del empleo, depuración profesional, exclusión de cargos, vigilancia, sanciones, prisión o algo bastante peor, especialmente en los años más duros de la represión.
Dicho sin perfume burocrático: aquellas etiquetas servían para separar a los buenos de los malos según el criterio del poder. Para saber quién era de los nuestros y quién no.
Por eso cuesta mirar sin cierto escalofrío una ficha actual en la que alguien considera relevante escribir junto al nombre de un periodista «Apoya al Gobierno». No estamos en una dictadura y conviene no hacer comparaciones simplistas, pero precisamente por eso deberíamos haber aprendido algo. Cambian las palabras, cambian los despachos y cambia —afortunadamente— el régimen político. Lo que conserva un desagradable aire de familia es esa vieja manía del poder de clasificar ideológicamente a las personas.
Antes la casilla decía «afecto» o «desafecto al régimen». Ahora, por lo visto, a alguien le pareció útil anotar quién «apoya al Gobierno». Será que hay costumbres administrativas que envejecen peor que otras.
