El cacique español era un personaje perfectamente reconocible. No hacía falta que llevara escrito el cargo en la frente. Era aquel señor con posibles, amistades en la capital, influencia sobre el alcalde, algún pariente bien colocado y una curiosa facilidad para conseguir que las cosas ocurrieran… o dejaran de ocurrir. Sabía quién necesitaba trabajo, quién tenía un hijo pendiente del servicio militar, quién debía un favor, quién aspiraba a una licencia y quién llevaba una mala cosecha. Y cuando llegaban las elecciones, aquel conocimiento del paisanaje adquiría un valor democrático extraordinario. El voto era secreto, sí, pero en algunos pueblos debía de ser uno de los secretos peor guardados de España.
Nuestro caciquismo alcanzó durante la Restauración niveles de organización que hoy merecerían un máster en dirección de campañas. Arriba estaba el Gobierno, más abajo los gobernadores civiles, después las redes provinciales y, finalmente, el cacique local, que conocía el terreno mucho mejor que cualquier ministro. Entre el encasillado, las presiones, los favores, el pucherazo y, cuando hacía falta, la compra directa de voluntades, las elecciones podían acabar teniendo esa incómoda característica de los partidos amañados: se celebraban para confirmar un resultado que algunos ya conocían de antemano. No exagero demasiado. Cuando en 1931 se modificó el sistema electoral, el propio legislador explicó que pretendía dificultar la «coacción caciquil, la compra de votos y todas las corruptelas conocidas». Ya ven que tampoco inventamos ayer la política creativa.
El procedimiento más elemental, sin embargo, no necesitaba tanta ingeniería. Usted tiene un voto; yo tengo algo que usted necesita. Nos entendemos. Un puesto, unas pesetas, un saco de harina, la intermediación ante la Administración o cualquier otro detalle capaz de refrescar convenientemente la memoria del elector cuando llegara el momento de introducir la papeleta en la urna. Era una relación clientelar bastante menos sofisticada que una campaña electoral moderna, pero quizá más sincera. Al menos nadie hablaba de resiliencia, gobernanza o empoderamiento ciudadano mientras entregaba el sobre.
Y entonces aparece Donald Trump.
El pasado 9 de septiembre, durante la convención republicana celebrada en Dallas, el presidente de Estados Unidos prometió entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto estadounidense si los republicanos conservan en noviembre tanto la Cámara de Representantes como el Senado. No dijo simplemente que una victoria republicana permitiría mejorar la economía y que, gracias a esa prosperidad futura, quizá algún día fuera posible devolver dinero a los contribuyentes. La fórmula fue bastante menos pudorosa: si ganan los republicanos, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Incluso añadió que aquello, por sí solo, debería bastar para ganar las elecciones. Es decir, el cacique ha vuelto, pero ahora lleva gorra roja.
Conviene hacer aquí una precisión antes de que alguien saque el Código Penal estadounidense de la funda. Una promesa electoral dirigida al conjunto de los ciudadanos no constituye necesariamente, desde un punto de vista jurídico, compra de votos. No es lo mismo acercarse a un elector concreto, ponerle cinco billetes encima de la mesa y exigirle una papeleta que anunciar una política pública condicionada a una victoria electoral. Los expertos legales consultados estos días han señalado precisamente esa diferencia. Pero una cosa es el delito y otra el espectáculo político. Y resulta difícil encontrar en una democracia moderna una versión más descarnada del «si ganamos nosotros, usted cobra».
El cacique tradicional trabajaba al por menor; Trump ha descubierto el caciquismo mayorista
Los políticos siempre han prometido cosas antes de unas elecciones. Forma parte del oficio. Carreteras, hospitales, bajadas de impuestos, pensiones mejores, viviendas asequibles, empleo para todos y, si uno se viene arriba durante el mitin, probablemente hasta buen tiempo los domingos. En España existe además esa adaptación política de un viejo dicho, algo gruesa pero extraordinariamente expresiva: prometer hasta meter… el voto en la urna; y una vez metido, olvidar lo prometido. Trump ha decidido ahorrar palabras, intermediarios y metáforas. Ni hospital, ni carretera, ni prosperidad futura. Cinco mil dólares. Contantes, sonantes y después de las elecciones.
Ahí es donde el asunto adquiere esa maravillosa sencillez del cacique de pueblo. Don Anselmo necesitaba saber cuántos votos podía controlar en el distrito. Trump necesita conservar dos cámaras. Don Anselmo prometía solucionar el problema de la mula, el trabajo del muchacho o la deuda pendiente. Trump promete 5.000 dólares. Don Anselmo actuaba en la trastienda de la taberna. Trump lo anuncia ante miles de personas, las cámaras de televisión y cientos de millones de potenciales beneficiarios. La diferencia fundamental entre ambos quizá no sea moral sino tecnológica: el cacique tradicional trabajaba al por menor; Trump ha descubierto el caciquismo mayorista.
Y claro, cuando uno empieza a multiplicar, la broma deja una factura considerable. Estados Unidos tiene alrededor de 240-245 millones de ciudadanos adultos. Cinco mil dólares por cabeza colocan el coste del denominado Trump Dividend en el entorno de 1,2 billones de dólares, y algunas estimaciones lo aproximan a 1,3 billones. Billones de los nuestros: millones de millones. Una cantidad tan descomunal que supera ampliamente lo que recaudarían los aranceles que Trump suele presentar como fuente mágica de financiación y que obligaría, salvo que aparezca un conejo fiscal de dimensiones considerables, a aumentar todavía más el déficit o a encontrar una fuente alternativa de recursos. Además, el presidente no puede sacar semejante cantidad de la caja y ponerse a firmar cheques: el gasto tendría que pasar por el Congreso.
La procedencia del dinero merece también detenerse junto a la jarra de tinto. Trump habla de un «dividendo», una palabra formidable porque transforma psicológicamente al ciudadano en accionista. Ya no parece que el Gobierno vaya a gastar más de un billón de dólares; parece que Estados Unidos S.A. ha tenido un ejercicio excelente y el consejo de administración ha decidido repartir beneficios. La imagen resulta atractiva: América funciona estupendamente, entran carretillas de dinero y el presidente, magnánimo, devuelve al accionista sus ganancias.
El pequeño inconveniente es que un Estado no es Telefónica.
Un Estado no obtiene «beneficios» en el sentido empresarial del término para repartirlos después entre sus propietarios. Recauda impuestos, cobra aranceles, se endeuda y utiliza esos recursos para financiar servicios, inversiones, defensa, prestaciones y una maquinaria administrativa que en Estados Unidos tampoco resulta precisamente barata. Si además gasta bastante más de lo que ingresa —y Estados Unidos arrastra déficits gigantescos y una deuda federal superior a los 40 billones de dólares— llamar «dividendo» a un cheque financiado directa o indirectamente con recursos públicos tiene algo de prestidigitación contable. Es como celebrar que la familia ha decidido repartir entre todos 500 euros de beneficios justo después de pedir otro préstamo al banco.
Tampoco es la primera vez que aparece el conejo de los 5.000 dólares. En 2025 se habló del llamado DOGE Dividend, vinculado al Departamento de Eficiencia Gubernamental impulsado por Elon Musk. La idea consistía en destinar una parte de los supuestos ahorros obtenidos eliminando despilfarro federal a devolver dinero a los contribuyentes. Se llegó a manejar precisamente una cifra próxima a 5.000 dólares por hogar. Trump dijo entonces que la propuesta estaba siendo estudiada. El problema era que para repartir el ahorro primero había que ahorrar de verdad, y las estimaciones de DOGE distaban bastante de aquella montaña de dinero que permitiría financiar alegremente los cheques. El dividendo nunca llegó.
Después vino otra versión de la misma canción. Los aranceles estaban proporcionando tantísimo dinero —según la narrativa presidencial— que podrían financiar un cheque de 2.000 dólares para los estadounidenses. La Casa Blanca llegó a afirmar en noviembre de 2025 que Trump seguía comprometido con aquella devolución. Tampoco se materializó. Y ahora, curiosamente, la cantidad ha subido a 5.000 dólares y ha aparecido una condición que antes no estaba formulada con semejante claridad: primero ganen los republicanos las elecciones y después hablamos del cheque.
Hasta la inflación podría acudir a la fiesta. Inyectar más de un billón de dólares en una economía que no se encuentra precisamente en una situación de depresión plantea preguntas bastante obvias sobre precios, tipos de interés y endeudamiento. Estados Unidos ya aprendió durante la pandemia que enviar cheques a millones de hogares puede resultar necesario en una emergencia excepcional, pero también tiene consecuencias macroeconómicas. Entonces existía una economía paralizada y una crisis sanitaria mundial. Ahora la justificación es bastante más pintoresca: hemos gestionado todo tan estupendamente que vamos a repartir dinero… siempre, naturalmente, que voten ustedes de manera que podamos seguir gestionándolo.
Pero incluso todo esto —déficit, deuda, inflación, aranceles y aritmética presupuestaria— me parece secundario frente al verdadero problema, que es político.
La democracia representativa contiene inevitablemente una promesa. El candidato dice al ciudadano: deme su confianza y aplicaré estas políticas porque considero que son buenas para el país. Naturalmente, esas políticas pueden beneficiar directamente al votante. Una rebaja fiscal beneficia a alguien. Una beca beneficia a alguien. Una pensión mayor beneficia a alguien. La frontera nunca es completamente limpia. Pero existe una diferencia de grado, de lenguaje y, sobre todo, de decoro democrático entre defender un programa económico y subir a un escenario para decir prácticamente: si mi partido gana las dos cámaras, usted recibe cinco mil dólares.
El cacique antiguo habría entendido perfectamente el mecanismo. Probablemente le habría parecido excesivamente caro.
Existe además otra característica muy trumpiana en todo esto: la brutal sinceridad del procedimiento. La mayoría de los políticos envuelve sus promesas electorales en un papel de regalo ideológico. No le están dando dinero a usted para que los vote; están construyendo justicia social, estimulando la economía, protegiendo a las familias, defendiendo a la clase media o liberando al contribuyente del Leviatán estatal. Cada parroquia tiene su liturgia. Trump prescinde incluso de ese pudor. Su enorme talento político ha consistido muchas veces en comprender que buena parte del electorado está cansada del lenguaje cuidadosamente esterilizado de los profesionales de Washington. Él no esteriliza nada. Lo sirve crudo.
Y así llegamos al cacique 2.0, probablemente uno de los personajes políticos más interesantes de nuestro tiempo. Ya no necesita recorrer cortijos ni comprobar censos electorales. Tiene televisión, redes sociales, mítines multitudinarios y una marca personal capaz de convertir hasta una transferencia pública en el Trump Dividend. Tampoco ofrece un favor individual en un despacho: escala la operación hasta convertirla en una promoción nacional. Vote republicano. Conserve Cámara y Senado. Obtenga cinco mil dólares. Consulte condiciones. Oferta válida hasta el 3 de noviembre. Uno imagina el anuncio con letra pequeña pasando por debajo de la pantalla.
Quizá sea ésa una de las transformaciones más inquietantes de la política moderna. Hemos dedicado más de un siglo a construir instituciones que sustituyeran el favor personal por derechos, al cacique por la Administración, al cliente por el ciudadano y la compra de voluntades por el voto libre. Y ahora descubrimos que algunas de aquellas prácticas pueden regresar perfectamente adaptadas a la televisión de alta definición, a las redes sociales y al marketing político. No vuelven con el mismo aspecto, por supuesto. Las viejas cosas rara vez regresan llevando el mismo sombrero.
Nuestro cacique vestía chaqueta oscura, conocía al gobernador civil y quizá esperaba al elector a la salida de la iglesia. El americano viste traje azul, corbata roja, llena estadios y promete dividendos.
Pero en el fondo permanece una pregunta incómodamente sencilla: ¿cuánto vale su voto?
Trump acaba de ponerle precio. Cinco mil dólares. Eso sí, sólo si gana. Porque en política, como bien sabían nuestros antepasados, primero se mete el voto en la urna. Luego ya hablaremos de lo prometido.
Y ése, amigos, es probablemente el tinto de verano más caro de la temporada.
