Hay una vieja costumbre española, tan nuestra como discutir de fútbol y rehacer una rotonda tres veces, que consiste en anunciar el futuro antes de haber terminado de explicar qué ocurrió con el futuro anterior. En mayo de 2024 el Gobierno aprobó una Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 dotada con 1.500 millones de euros adicionales a otros 600 millones previamente movilizados, es decir, aquellos 2.100 millones de los que ya hablamos entonces en Un Mundo Complejo. La estrategia debía desarrollarse durante 2024 y 2025 e incluía prácticamente todos los ingredientes que una buena estrategia tecnológica debe llevar para resultar apetecible: supercomputación, centros de datos sostenibles, modelos públicos de lenguaje, talento, digitalización empresarial, ciberseguridad, Administración inteligente y la inevitable apelación al liderazgo.
Conviene decirlo desde el principio porque la crítica fácil sería también la más injusta: aquella estrategia no desapareció en una carpeta después de la rueda de prensa. Hubo ejecución y hay resultados. ALIA, por ejemplo, no se quedó en un acrónimo de ministerio. Los primeros modelos públicos fueron publicados en enero de 2025 y se anunciaron aplicaciones piloto en la Agencia Tributaria y en atención primaria para la detección precoz de insuficiencia cardiaca. También avanzó la infraestructura de supercomputación, y el BSC dispone hoy de una AI Factory europea financiada con fondos comunitarios y nacionales. En el frente empresarial, Kit Consulting concedió más de 17.400 ayudas en su primer año, incluidas consultorías sobre inteligencia artificial, datos y ciberseguridad, mientras Red.es incorporó incluso IA generativa al propio proceso de justificación de las ayudas, reduciendo según sus datos hasta un 70 % algunos tiempos de comprobación documental.
Es decir, no estamos ante un solar. Hay edificio, hay paredes y en algunas habitaciones incluso hay muebles. El problema es que ahora el Gobierno ha colocado encima un nuevo cartel, IA360, y vuelve a presentarnos el conjunto como una gran ofensiva destinada a colocar a España entre los cinco primeros países del mundo en inteligencia artificial. El documento habla de ocho ámbitos de actuación para 2026 y 2027 y catorce proyectos tractores. La ambición no es el problema. Lo inquietante es esa costumbre de medir el éxito por la fecha en la que empieza una actuación, no por la fecha en la que empieza a producir resultados.
Porque IA360 viene cargado de hitos, y cuando uno los lee con calma descubre un fenómeno administrativo fascinante: muchas veces el hito consiste en empezar a hacer aquello que el titular parece dar ya por hecho. La gigafactoría de inteligencia artificial, por ejemplo, se presenta como una infraestructura de escala europea con una inversión público-privada de 5.000 millones de euros y 100.000 aceleradores de IA operativos en 2028 o 2029. El hito próximo, sin embargo, es bastante más terrenal: arrancar la construcción en febrero de 2027. No tendremos una gigafactoría funcionando dentro de doce meses; tendremos, si todo va bien, unas obras empezadas. Que no es poco, pero tampoco es lo mismo.
Y ahí conviene detenerse porque existe una dependencia que el relato político tiende a meter debajo de la alfombra: España no decide sola esa infraestructura. La convocatoria europea de EuroHPC para seleccionar los consorcios de AI Gigafactories sigue abierta hasta noviembre de 2026. Dicho de otro modo, cuando IA360 fija febrero de 2027 como fecha para iniciar las obras, la selección europea todavía no se ha resuelto hoy. Eso obliga a condensar evaluación, adjudicación, arquitectura societaria, financiación, permisos y preparación material en un calendario endiabladamente corto. Puede ocurrir. Lo que no puede hacerse es fingir que la parte complicada empieza después de cortar la cinta.
Algo parecido sucede con el nuevo Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial, concebido dentro de AESIA y apoyado por INCIBE, CCN, Departamento de Seguridad Nacional, AEPD y BSC. Su cometido no es precisamente menor: evaluar modelos avanzados antes y después de su despliegue, desarrollar metodologías y estándares, preparar protocolos de incidentes, elaborar informes técnicos y cooperar con otros institutos internacionales. El hito previsto es crear un “núcleo técnico inicial” antes de final de 2026. Crear un núcleo técnico en unos meses es perfectamente posible. Lo que resulta bastante más difícil es convertir ese núcleo, en ese mismo plazo, en una capacidad nacional madura para evaluar modelos de frontera. Para eso hacen falta investigadores muy especializados, acceso a los modelos, infraestructura de cómputo, datasets, entornos seguros, procedimientos, acuerdos con desarrolladores, red teaming, confidencialidad y dinero. Bastante dinero. La inteligencia artificial acelera muchas cosas, pero todavía no contrata expertos internacionales por generación espontánea.
La educación ofrece otro ejemplo de esta pequeña magia semántica. IA360 anuncia la integración de la inteligencia artificial en el currículo de secundaria y Formación Profesional, junto con formación específica para el profesorado y un uso orientado a preservar el pensamiento crítico. Todo eso es razonable, incluso necesario, pero el hito para el primer trimestre de 2027 no es que la IA esté integrada en las aulas, sino presentar la iniciativa y empezar a negociarla con las comunidades autónomas. En España, donde diecisiete comunidades autónomas son capaces de convertir cualquier reforma educativa en una guerra de posiciones, presentar y negociar ya es un acontecimiento. Pero conviene no confundir el consejo sectorial con el aula. Entre ambos suele haber unos cuantos decretos, años académicos y toneladas de paciencia.
Más espectacular resulta la Red NEURONA, una red público-privada y territorial pensada para acercar inteligencia artificial a empresas, especialmente pymes. El Plan pretende arrancar con un piloto de 100 empresas en dos comunidades autónomas antes de acabar 2026 y extenderlo hasta diez comunidades y 5.000 empresas durante 2027. Pasar de cien a cinco mil empresas en aproximadamente un año es multiplicar por cincuenta el alcance, algo perfectamente factible si lo que estamos repartiendo son códigos promocionales. Pero si hablamos de transformación empresarial real, la cosa cambia. Hay que diagnosticar procesos, seleccionar casos de uso, preparar y gobernar datos, integrar sistemas, formar trabajadores, resolver problemas de seguridad y, sobre todo, medir si después de todo aquello alguien produce más, mejor o más barato.
Y este detalle no es menor porque España ya ha invertido una cantidad considerable de dinero en digitalización empresarial. Kit Digital, por ejemplo, supera las 938.000 ayudas concedidas y los 3.691 millones de euros otorgados a fecha de agosto de 2026. Kit Digital Además, existe una evaluación pública de impacto de sus primeras convocatorias, por lo que sería incorrecto afirmar que nunca se han medido resultados: esa evaluación existe y Red.es ha publicado documentación específica sobre ellos. Kit Digital Ahora bien, si bajamos al detalle de las categorías ligadas específicamente a inteligencia artificial, el cuadro resulta bastante más modesto: 164 soluciones de gestión de procesos con IA asociada, 73 de gestión de clientes con IA y 200 de inteligencia de negocio y analítica con IA.
Esa comparación es más interesante que cualquier descalificación gruesa. España ha desplegado una política masiva de digitalización y puede enseñar resultados de ella; pero digitalizar una empresa no equivale a convertirla en una empresa intensiva en inteligencia artificial. De hecho, el propio IA360 reconoce implícitamente la magnitud de la tarea cuando plantea elevar del 21,1 % al 55 % el porcentaje de empresas que utilizan IA en 2030. Por eso el nuevo bono empresarial de inteligencia artificial, dotado con 600 millones de euros y dirigido a 25.000 empresas, merece atención. El diseño prevé diagnóstico previo, casos de uso concretos, formación y medición posterior de productividad, lo cual es sensato. Lo que sería aún más sensato es utilizar de manera explícita lo aprendido con Kit Digital y Kit Consulting para evitar que “empresa transformada” acabe significando simplemente “empresa subvencionada”.
Porque ahí está, a mi juicio, uno de los principales defectos de IA360: no distingue con suficiente claridad qué es realmente nuevo, qué viene de la estrategia anterior, qué se amplía, qué se reformula y qué sigue pendiente. ALIA ya existe; las AI Factories ya se están desplegando; AESIA ya está operativa; las ayudas a la digitalización empresarial llevan años en marcha; la Estrategia IA de 2024 ya contemplaba supercomputación, centros de datos sostenibles, talento y utilización de inteligencia artificial en la Administración. Eso no significa que IA360 sea una repetición. Las políticas tecnológicas necesitan continuidad. Pero si una estrategia sustituye o prolonga a otra, lo mínimo exigible sería un cuadro de cierre: esto prometimos, esto ejecutamos, esto costó, esto funcionó, esto no funcionó y esto pasa al plan siguiente.
Esa tabla no tiene épica, y quizá por eso nunca aparece en las fotografías. Pero sería infinitamente más útil que muchas infografías institucionales. En 2024 se anunciaron 1.500 millones de euros adicionales a 600 millones ya movilizados y un despliegue para 2024 y 2025. En 2026 llega IA360 y vuelve a hablarnos de miles de millones, aunque sin presentar una memoria económica consolidada que permita distinguir de un vistazo cuánto dinero es nuevo, cuánto estaba ya comprometido, cuánto procede de fondos europeos y cuánto se espera que aporte el sector privado. Los 5.000 millones de la gigafactoría, por ejemplo, son inversión público-privada y el propio Plan señala que 719 millones corresponden al componente público. A eso se añaden unos 300 millones para compras públicas relacionadas con ciberseguridad, IA ofensiva y transición poscuántica, y otros 600 millones para el bono empresarial. Hay dinero. Lo que falta es el Excel.
La parte de ciberseguridad avanzada y criptografía poscuántica merece una consideración especial porque vuelve a enlazar con otro tema que ya abordamos aquí cuando analizamos la Estrategia española de Tecnologías Cuánticas. Entonces advertíamos del riesgo de confundir presupuesto anunciado con capacidad tecnológica adquirida. En IA360 reaparece la tecnología cuántica integrada en un “escudo” que combina IA ofensiva, inventario criptográfico, migración a criptografía poscuántica, infraestructuras críticas, un piloto con el sector financiero, un consorcio público-privado, un real decreto y una compra pública precomercial de alrededor de 300 millones. La dirección es correcta; de hecho, empezar ahora resulta imprescindible. Pero nadie debería creer que una migración criptográfica nacional se resuelve porque en otoño haya un plan aprobado. Inventariar criptografía en grandes organizaciones ya puede llevar meses; sustituir certificados, HSM, firmware, protocolos, aplicaciones heredadas y dependencias puede llevar años. A veces décadas, si uno conoce cómo envejecen ciertos sistemas públicos.
Luego está la Administración, que siempre ofrece las mejores páginas. IA360 promete una Administración reforzada con agentes de inteligencia artificial capaces de acompañar al ciudadano durante sus trámites, conectar información entre organismos e incluso anticiparse a sus necesidades. La idea es estupenda, sobre todo para quienes seguimos entregando a una Administración documentos que ya posee otra Administración, una actividad que probablemente represente uno de los principales productos interiores brutos ocultos del país. El Plan añade un canal de WhatsApp para el 060 en el primer trimestre de 2027 y un asistente de IA para la Carpeta Ciudadana durante ese mismo año.
Aquí el texto se vuelve demasiado escueto precisamente donde debería ser más incómodo. Un agente que accede a información administrativa, cruza datos entre organismos y ayuda a tramitar no es un chatbot con buenos modales. Hay que determinar qué información puede consultar, qué permisos tiene, qué acciones puede ejecutar, cómo se autentica al ciudadano, cómo se registran sus decisiones, quién responde si se equivoca, qué ocurre con los datos introducidos en la conversación, cómo se previene una prompt injection, cuándo debe detenerse y llamar a un humano y cómo puede el ciudadano recurrir una actuación automatizada. IA360 afirma que habrá supervisión humana, control público y garantía de derechos. Eso es correcto, aunque viene a ser como decir que un puente deberá ser seguro y soportar vehículos. Lo interesante empieza cuando aparece el ingeniero con los cálculos.
Y, como remate, tenemos el Maratón IA de simplificación administrativa, una denominación tan rotunda que cuesta resistirse. El diagnóstico del Gobierno es impecable: las administraciones piden repetidamente documentos que ya tienen, se acumulan cargas obsoletas y existen divergencias entre el Estado, diecisiete comunidades autónomas, dos ciudades autónomas y más de 8.100 entidades locales. El Plan propone utilizar inteligencia artificial para localizar duplicidades, comparar trámites y elaborar inventarios de cargas. Muy bien. La IA puede encontrar el papel inútil. Lo que no puede hacer, al menos todavía, es convencer al departamento que lleva veinte años pidiéndolo de que deje de hacerlo, modificar la norma que lo exige, integrar dos aplicaciones que no se hablan desde 2007 y conseguir que varias administraciones acepten un procedimiento común. Ahí sigue haciendo falta esa tecnología antigua, lenta y desesperante llamada gestión pública.
Todo esto explica por qué la discusión sobre los doce meses debe ser mucho más precisa de lo que permite un titular. IA360 no afirma que todas sus transformaciones estén culminadas en un año; de hecho, el documento sitúa su desarrollo entre 2026 y 2027. Plan IA360 Lo que sí hace es colocar numerosos hitos inmediatos que, contemplados en conjunto, producen una sensación de aceleración extraordinaria. Y quizá la haya. Pero un hito administrativo y un resultado material son cosas diferentes. Dentro de doce meses puede haber decretos publicados, pilotos lanzados, mesas reunidas, obras iniciadas, programas diseñados y protocolos firmados. Todo eso cuenta. Lo que no debe hacerse después es sumar esos actos y presentarlos como si equivalieran a una economía transformada, una Administración agéntica, un sistema educativo adaptado, cinco mil empresas productivamente reconvertidas y una infraestructura crítica ya preparada para el mundo poscuántico.
El objetivo de alcanzar el top 5 mundial ilustra bien esta obsesión por los indicadores vistosos. España parte de una posición razonablemente buena en diversos índices internacionales y tiene activos reales: redes digitales, supercomputación, centros científicos, adopción social de IA y capacidad regulatoria. El propio Plan presume de ello. Pero a estas alturas deberíamos desconfiar un poco de los rankings como brújula de política pública. Me interesa mucho más saber cuántas pymes aumentan realmente productividad, cuántos investigadores de primer nivel se quedan en España, cuántas tecnologías propias llegan al mercado, cuántas horas de trámite administrativo se eliminan, cuántos modelos avanzados puede evaluar AESIA con capacidad propia o cuánto cómputo accesible tiene una empresa española sin depender de terceros. Todo eso es más feo que un “top 5”, pero tiene la ventaja de que significa algo.
Por eso la mejor manera de evaluar IA360 no será volver aquí dentro de un año y contar cuántos titulares del documento aparecen marcados en verde. La pregunta debería ser bastante más desagradable: ¿qué capacidad nueva tiene España en septiembre de 2027 que no tenía en septiembre de 2026, cuánto ha costado y qué resultado mensurable ha producido? Si hay infraestructura funcionando, investigadores contratados, empresas productivamente mejores, servicios administrativos realmente simplificados, docentes formados con resultados evaluados y capacidad técnica de seguridad que antes no existía, el Plan habrá avanzado de verdad. Si lo que encontramos son mesas constituidas, observatorios inaugurados, leyes en tramitación, convenios firmados, pilotos en marcha y una nueva estrategia preparada para 2028, entonces habremos vuelto a confundir el movimiento con el viaje.
IA360 contiene proyectos razonables, algunos necesarios y otros muy ambiciosos. Sería absurdo negarlo. Lo que necesita ahora no es otro vídeo institucional, sino algo bastante más prosaico: presupuesto consolidado, responsables identificables, calendario de dependencias, indicadores de resultado y una rendición de cuentas pública que enlace el plan nuevo con el anterior. Menos PowerPoint y más Excel; menos “vamos a impulsar” y más “esto estaba previsto, esto se ha ejecutado y este es el resultado”. En tecnología, como en casi todo, el futuro termina llegando aunque uno no lo anuncie. Lo difícil es conseguir que, cuando llegue, las infraestructuras estén construidas, las empresas sean mejores, la Administración funcione y alguien pueda explicar en qué se gastó el dinero.
Y eso, por desgracia, todavía no lo hace ChatGPT.
